La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, salió en defensa de su antecesor en el gobierno y mentor político, Luiz Inácio Lula da Silva, al señalar que es «objeto de una gran injusticia», tras una serie de denuncias en su contra por un supuesto blanqueo de dinero y ocultación de patrimonio.
Rousseff se reunió con Lula durante dos horas al final de la tarde del viernes en San Pablo y según relató hoy la prensa local uno de los temas del encuentro fueron las acusaciones que tomaron fuerza esta semana contra el ex mandatario y líder del Partido de los Trabajadores (PT).
No obstante, Rousseff evitó dar detalles de la reunión. «Converso sistemáticamente con el presidente Lula. Creo que él está siendo objeto de un gran injusticia», aseveró Rousseff después de participar en un barrio de Río de Janeiro de una campaña de prevención contra el mosquito «Aedes aegypti», transmisor de enfermedades como el dengue, la fiebre chikunguña y el zika.
«Respeto mucho la historia del ex presidente Lula y estoy segura de que este será un proceso que será superado porque creo que el país, América Latina y el mundo necesitan de un líder con las características del expresidente Lula», aseveró la mandataria, según cita la agencia EFE.
La Justicia brasileña autorizó esta semana el inicio de otra investigación sobre supuestas propiedades del expresidente, centrada ahora en una finca que frecuenta pero de la que niega ser dueño.
El caso ha sido difundido ampliamente por la prensa, que en los últimos días ha levantado serias sospechas sobre el verdadero propietario de una finca campestre de 173.000 metros cuadrados situada en Atibaia, en el interior del estado de San Pablo.
Según diferentes versiones publicadas, apoyadas en informaciones del propio Gobierno, el sitio ha sido visitado por Lula y su familia «111 veces» en los últimos años y en los registros oficiales aparecen como propietarios dos amigos del ex mandatario.
La prensa sostiene que empresas implicadas en los casos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras han realizado costosas reformas en la propiedad, que incluso habría sido amueblada por el propio Lula.
El ex presidente ha admitido que visita la finca con frecuencia, pero ha negado una y otra vez que sea su dueño y sostiene que existe una «trama» que intenta «ensuciar» su nombre y tratar de vincularlo a la corrupción petrolera.
Este es el segundo caso que involucra a Da Silva que investiga la justicia, que también intenta determinar si parte del dinero desviado de la petrolera se blanqueó mediante operaciones ilegales en el sector inmobiliario.
El eje de esa investigación es un edificio situado en la ciudad balneario de Guarujá y propiedad de la constructora OAS, en el cual se sospecha que Lula posee un apartamento de tres plantas, pese a que éste también lo ha negado en varias ocasiones.
OAS está implicada en la corrupción petrolera y también responsable por algunas de las reformas realizadas en la finca que ahora se investiga.
La Policía Federal intenta probar si la empresa OAS distribuyó apartamentos en el edificio de Guarujá como parte de las coimas que pagaba a los políticos que amparaban los desvíos de Petrobras.
En ese caso, Lula aparece como «investigado» por los supuestos delitos de «ocultación de patrimonio» y «lavado de dinero» y deberá comparecer el próximo miércoles para declarar ante el Ministerio Público (fiscalía) en San Pablo.
