El diputado peronista Luis Rubeo le pidió al Ejecutivo provincial que haga lo necesario para que las empresas santafesinas no cierren por los fuertes incrementos en la tarifa de la energía eléctrica. A través de un proyecto de comunicación, el legislador provincial propuso que el Poder Ejecutivo “arbitre las medidas necesarias para que ninguna empresa radicada en Santa Fe se vea obligada a cerrar sus puertas por la imposibilidad de afrontar el pago de la factura de energía eléctrica”.
Los sucesivos aumentos de la electricidad –el primero dispuesto por el gobierno provincial, el segundo consecuencia de la quita de subsidios por parte de la Nación– impactó en el sector productivo y en particular en las empresas e industrias electrointensivas. Después de tres meses de gestiones, la provincia logró beneficios para unas 60 o 70 industrias, las que más consumen electricidad, pero el resto de las firmas afectadas deberán pagar sus facturas con los aumentos establecidos.
“Repudiamos que haya pymes que tengan que bajar las persianas por el tarifazo de la energía”, se lamentó Rubeo. “Esto no puede suceder y por eso le pedimos al Poder Ejecutivo que haga algo, tiene que arbitrar los medios para que no vuelva a ocurrir”.
El diputado justicialista sostuvo: “Todos los argentinos estamos sufriendo las consecuencias de las medidas del gobierno nacional, absolutamente irracional, desconsiderada y alejada de toda sensibilidad social, como es el salvaje tarifazo a los servicios públicos esenciales. Y en el caso de nuestra provincia, esto se agrava por el hecho de que la EPE, durante el mes de noviembre, previo al aumento nacional, ajustó su tarifa en un 27 por ciento, generando facturaciones imposibles de pagar, en especial para industrias y comercios”.
Después del aumento dispuesto por la EPE, que empezó a correr en el primer bimestre de 2016, la quita de subsidios de parte de la Nación hacia la distribuidora Cammesa provocó un segundo aumento, que en el caso de las industrias electrointensivas fue de entre el 100 y el 300 por ciento. Por gestiones del gobierno provincial, 60 de las 300 industrias más comprometidas podrán obtener descuentos de hasta el 20 por ciento pero sólo durante ocho meses.
“Expresión de deseo”
Ante la falta de una respuesta integral, el diputado provincial Rubeo señaló: “No queremos repetir la situación de Laminación Litoral, en la que su personal, sus titulares y la multisectorial se movilizaron para evitar que le retiren el medidor. Fue en ese contexto en el que el presidente de la EPE realizó declaraciones asegurando que se ofrecerán acuerdos de pago a todos aquellos (personas físicas o jurídicas) que no puedan afrontar esa erogación y afirmó enfáticamente que a nadie se le puede quitar el medidor por falta de pago”.
Por ese motivo, Rubeo presentó un proyecto por el cual le solicita al Poder Ejecutivo provincial que “arbitre las medidas necesarias para que estos hechos lamentables no se vuelvan a repetir”, al tiempo que exigió que “las declaraciones del titular de la EPE no queden en expresiones de deseos, sino que se cristalicen en medidas concretas”.
