Lo intentaron en su momento Carlos Reutemann y Jorge Obeid, pero desistieron sin dar mucha pelea. También Hermes Binner y Antonio Bonfatti, con idénticos resultados. Miguel Lifschitz dio un paso más y envió un proyecto a las cámaras, que fue rechazado por la oposición. Ahora, en el segundo año de la gestión de Omar Perotti, la reforma de la Constitución provincial vuelve a instalarse en la agenda política a partir del proyecto enviado a la Legislatura por el diputado oficialista Luis Rubeo.
Según Rubeo, la llave para destrabar el debate está en los tiempos propuestos en su iniciativa: si se aprueba la ley, la elección de los convencionales se hará en conjunto con la renovación de las autoridades provinciales en 2023 y la reforma propiamente dicha se llevará a cabo en 2024. De esa manera, el proyecto del diputado del PJ despeja la variable que siempre frenó cualquier intento de reforma: la reelección consecutiva del gobernador de turno, impedida por la Constitución de 1962 y prevista en la nueva iniciativa legislativa.
Rubeo ya había presentado un proyecto para actualizar la Carta Magna en 2018. Ese año la iniciativa oficial enviada por el entonces gobernador Lifschitz se estudió en las comisiones de la Cámara de Diputados, pero, ante las dilaciones de ese debate, la Casa Gris decidió acelerar los tiempos y pidió una sesión especial para votar el proyecto en el recinto. Esa sesión se realizó el 29 de agosto de 2018 y, por mayoría, los distintos bloques opositores rechazaron el tratamiento sobre tablas de la ley, lo que significó el punto final del intento reformista de Lifschitz.
A dos años y medio de aquella votación histórica –por primera vez el tema llegaba al recinto legislativo–, el diputado Rubeo ingresó la semana pasada una nueva iniciativa que a través de la cual propone elegir convencionales en conjunto con las elecciones generales de 2023 para despejar del debate la especulación en torno a la reelección del gobierno de turno.
“La cuestión de fondo es reformar la Constitución”, señaló Rubeo en diálogo con El Ciudadano. “Hasta ahora todos los sectores políticos se manifiestan reformistas, pero siempre por una razón o por otra eso no se termina logrando. O bien porque el gobernador de turno empuja la reforma y todos sabemos lo que eso esconde, la idea de su reelección, o bien porque otros sectores dicen que no es el momento o la oportunidad porque hay otras urgencias, o bien por una cuestión económica cuando se dice que es caro o inútil llamar a una elección constituyente. Entonces, lo que nosotros planteamos es que se elijan los convencionales constituyentes en 2023, junto con la elección de autoridades de la provincia porque nadie sabe quién va a ser el gobernador de turno y no hay ninguna posibilidad de que algún sector saque provecho de esta cuestión”.
—¿Piensa que este es el momento de la reforma o pueden volver a aparecer las mismas excusas?
—Lo que pasa es que no se trata de plantear ninguna urgencia por encima de otra, porque la elección (general de 2023) ya va a estar convocada y se va a utilizar el sistema de boleta única que está demostrado que funciona, solo habría que agregar una boleta más para elegir convencionales constituyentes. Entonces, no se provocaría ningún gasto extra. Y si efectivamente la política quiere saldar la deuda con la sociedad santafesina, tiene la posibilidad de hacerlo con este proyecto de ley.
—¿Cuáles son los aspectos de la actual Constitución que usted considera que quedaron desactualizados?
—Yo defiendo la Constitución de 1962 porque tiene estatutos que recién fueron incorporados en la Constitución Nacional en la reforma de 1994. Pero hay algunos aspectos que están contenidos en la Constitución Nacional que no están en la de Santa Fe: la autonomía de los municipios, el rol constitucional de la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Magistratura, la limitación de edad para los funcionarios del Poder Judicial. Nosotros enumeramos una serie de posibilidades (ver aparte) para que los diputados constituyentes puedan avanzar. Lo único que hacemos es fijar tres límites, tres cosas que nos parece que no se tienen que tocar: la bicameralidad, la posibilidad de que las cámaras legislativas no deleguen ninguna potestad en el Poder Ejecutivo para que no pierdan autonomía y no darle la herramienta al Poder Ejecutivo para que pueda operar con decretos de necesidad y urgencia porque de esa manera se reemplaza el marco de la ley y a nosotros nos parece que eso no es correcto. Después dejamos el proyecto abierto para que se modifique todo lo que se tenga que modificar.
—Otro punto que usted plantea es que se modifique el reparto de las bancas en la Cámara de Diputados y que se haga directamente a través del sistema D’Hondt. ¿Cuál es el objetivo?
—Establecer una proporcionalidad y una mayor justicia distributiva. Porque si no usted gana por un solo voto de diferencia y tiene 28 bancas aseguradas y el resto de la oposición, aunque pierda por un solo voto, tiene que repartir las otras 22 en forma proporcional. Aquella idea que tuvieron los convencionales del 62, de asegurarle una mayoría especial al gobernador en una de las cámaras, queda totalmente vulnerado por el sistema de boleta única. Con la boleta única se viene demostrando que puede haber un partido en el gobierno y otro partido controlando las cámaras legislativas. Yo mismo fue presidente de una cámara (2011-2015) durante un gobierno de otro signo político (Antonio Bonfatti). Lo que planteamos nosotros es que se repartan las bancas en forma proporcional y se renueven por mitades cada dos años como se hace en el Congreso Nacional.
—Algunos especialistas han señalado que la Constitución de 1962 le otorga mucho poder al gobernador y que la prohibición de la reelección es una forma de equilibrar eso. ¿Usted qué opina?
—Yo soy partidario de que tiene que tiene la posibilidad, aunque sea, de una reelección. En Santa Fe la reelección de hecho ya existe, pero no se puede hacer de manera consecutiva: tiene que haber al menos un período de alternancia. De todos modos, los que tendrían que resolver esa cuestión de fondo son los legisladores constituyentes; ellos son los que definirán si el gobernador puede o no puede ser reelecto.
—¿Qué opina de las reelecciones indefinidas que ya están vigentes para el resto de los cargos electivos?
—En el caso concreto de los poderes ejecutivos se podría establecer algún tipo de limitante. En el caso de los legislativos, por el contrario, creo que uno a medida que tiene mayor cantidad de mandatos va acumulando experiencia y hay una formación profesional, por eso no estoy en contra de esas reelecciones. En definitiva, después es la gente la que termina decidiendo si un legislador puede volver a ocupar un cargo o no.
—¿Ya consultó el proyecto con los integrantes de los otros bloques?
—Solo informalmente. Con algunos he tenido éxito y otros me dijeron que lo tienen que estudiar.
Los puntos a reformar
Si bien el alcance y las características de la reforma quedarán definidos por los constituyentes que resulten electos, los temas a debatir –y los límites correspondientes– tienen que estar incluidos en la ley a través de la cual se declara la necesidad de actualizar la Carta Magna.
En el proyecto presentado por Rubeo se destacan los siguientes puntos:
* Autonomía municipal: establecer las reglas de la autonomía que corresponde a municipios y comunas, con una duración de los mandatos de sus autoridades de cuatro años en todos los casos. También se establecen facultades tributarias, normativas y políticas que aseguren su autarquía.
* Distribución de las bancas de diputados provinciales, en su totalidad, mediante el sistema proporcional (sistema D’Hondt).
* Renovación bianual y por mitades de ambas cámaras de la Legislatura provincial.
* Ampliación del período de sesiones ordinarias de la Legislatura desde el 1° de marzo hasta el 30 de noviembre.
* Regulación constitucional del Consejo de la Magistratura para la selección y enjuiciamiento de magistrados y funcionarios del Poder Judicial.
* Cese automático de los magistrados judiciales al cumplir los 75 años de edad.
* Establecer la laicidad del Estado provincial, con respeto a la igualdad y libertad de cultos.
* Reelección del gobernador y vice.
* Regulación constitucional del Defensor del Pueblo.
* Regulación constitucional del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa Penal.
* Nuevas declaraciones, principios, derechos y garantías, en consonancia con la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
* Mecanismos de participación ciudadana y democracia semidirecta.
Por el contrario, el proyecto del diputado Rubeo establece tres temas que no estarán habilitados durante el debate de la reforma:
* La alteración de la composición bicameral de la Legislatura.
* La delegación legislativa a favor del Poder Ejecutivo (superpoderes).
* La incorporación de decretos de necesidad y urgencia.
