El Ejecutivo de Santa Fe apartó este lunes al secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, de la función supervisora del concurso para designar a funcionarios y autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En rigor, le aceptaron la excusación luego de que se difundieran audios incluidos en el expediente de la causa que investiga presuntos hechos de espionaje ilegal cometidos en el Ministerio de Seguridad cuando la cartera era conducida por Marcelo Sain.
En algunos de los audios –en realidad, fragmentos de conversaciones–, el actual secretario de Justicia aparece como «colaborador» de Sain en cubrir supuestas pruebas en su contra. Esas escuchas fueron difundidas en redes sociales y medios, y motivaron un fuerte cuestionamiento de los fiscales, por lo que Somaglia quedó excluido del proceso para renovar los máximos cargos de acusadores y defensores de la provincia.
Mediante el decreto 1888/2022 que firma el gobernador Omar Perotti, el Ejecutivo acepta la excusación de Somaglia y nombra en su reemplazo a la ministra de Gobierno, Celia Arena.
En uno de los audios se escucha a Somaglia decirle a Sain: «(…) Pude limar muchísimo. Hay muchas cosas que yo laburo que vos no tenés ni idea, y siempre con el mismo objetivo, que es el paraguas y la protección tuya”. En otro, y en referencia a una funcionaria del Organismo de Investigaciones del MPA acusada de «filtraje de información», señala: «Hay cosas que se pueden manejar y otras que no. Yo llego hasta donde puedo».
El decreto tiene dos artículos. Por el primero se admite “la excusación del Sr. Secretario de Justicia del Ministerio de Gobierno Justicia y Derechos Humanos para entender en los concursos convocados para cubrir cargos relativos al Ministerio Público de la Acusación y al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal por las Resoluciones 27/22 y 28/22 de la Presidencia del Consejo la Magistratura”. El segundo alude a su reemplazante, Arena, quien con la asistencia del Fiscal de Estado, Rubén Weder, asumirá el control del Ejecutivo sobre las postulaciones a los cargos de fiscales y defensores públicos.
El plazo para la inscripción de postulantes ya está cerrado. Lo que sigue es analizar las inscripciones para comprobar si cumplen o no con los requisitos establecidos en el concurso. Eso es lo que pasó de Somaglia a Arena. Tras esa evaluación, se publicarán los nombres de los postulantes que quedan en carrera y habrá otro filtro frente a jurados ya conformados.
Lo que está en juego es el nuevo fiscal general que debe reemplazar al actual, Jorge Baclini, y los cinco fiscales regionales del MPA. También, el puesto de auditor de gestión. El servicio de defensa renovará el defensor general, hoy Jaquelina Balangione, y cuatro defensores regionales.
Se trata de funciones clave, porque de los funcionarios elegidos dependen los criterios de persecución penal en la provincia, es decir qué se prioriza en torno a la investigación de los delitos que le competen a la Justicia santafesina, donde se concentran esfuerzos, presupuesto y recursos.
Si la dinámica de selección ya venía enturbiada por críticas de la oposición, la divulgación de los audios terminó por complicar el proceso en el que muchos sectores tienen intereses que defender. La Asociación de Fiscales de Santa Fe publicó un fuerte comunicado que terminó de sellar la suerte de Somaglia en esta instancia. «A la fecha, tanto el llamado a concurso para cubrir los cargos de fiscales regionales y fiscal general; como el concurso en trámite para cubrir los cargos de fiscales y fiscales adjuntos de distintas circunscripciones de la provincia, han vislumbrado labilidad en el cumplimiento de estos estándares», indican en relación con el procedimiento, señala el texto.
El documento abunda en reclamos de transparencia y detalla mecanismos para, a su criterio, garantizar la no discrecionalidad del proceso. Además, se anuncia la creación de una Subcomisión de Seguimiento de Concursos de Fiscales, Funcionarios y Autoridades Superiores del MPA.
Entre otros puntos resaltados, como la necesidad de celeridad en el proceso y el respeto a la paridad de género, exponen que «las calificaciones de los antecedentes y de las pruebas de oposición deberían realizarse y documentarse en forma separada y específica, con un detalle particularizado de los puntajes asignados, evitando confundir la calificación técnica con la discrecionalidad política en las instancias de selección».
Y exigen que «al momento de publicar el orden de mérito resultante de quienes han aprobado las respectivas pruebas de oposición y antecedentes (para fiscales), se acompañe la explicación y/o fundamentación de dicho ordenamiento, y se haga saber también los criterios que llevaron al tribunal evaluador a resolver, detallando el valor asignado a los antecedentes de los postulantes, su preparación técnica, experiencia laboral y modo en que fueron valoradas las condiciones personales de los aspirantes en las respectivas entrevistas».
