El gobierno de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), tiene como eje principal de su política de prevención el control de una de las conductas más graves en la conducción: el exceso de velocidad. Para ello lleva a cabo controles en conductores, con la utilización de dispositivos fijos y móviles con el objetivo de evitar y reducir siniestros viales por esta causa. El plan previsto apunta a contar con más cinemómetros, nuevos vehículos y personal informático.
En los primeros seis meses del año se labraron 233.984 actas por exceso de velocidad, lo que implica un crecimiento del 53 % respecto al mismo período en 2023. En 2024, el mayor registro detectado es el de un conductor que circulaba a 203,66 km/h, donde la máxima permitida era de 60. Otros valores altos encontrados también son frecuentes en las rutas de la provincia tales como 197, 181 y 174 km/h.
El 80 % de los vehículos que incurren en esta infracción son vehículos livianos (automóviles, pickups, etc.). Desde el mes de abril se llevan a cabo las mediciones en puestos de Policía de Seguridad Vial (PSV) con la detención de los conductores. En estos puntos se labraron 1.981 actas por exceso de velocidad a personas que fueron notificadas en el momento.
El mapa de radares en la provincia de Santa Fe se completa con 74 equipos en 30 localidades habilitados por la APSV e instalados en rutas con jurisdicción de municipios y comunas. El objetivo de esta política de prevención y control es reducir el número de siniestros y de víctimas, teniendo en cuenta las particularidades de cada región, los tramos de ruta con mayor circulación vehicular, los que registran mayores excesos de velocidad y que requieren una intervención parte del Estado.
Radarización
Los controles se realizan en puntos distribuidos en todo el territorio provincial de acuerdo a los datos brindados por el Observatorio Vial en materia de las tasas de transitabilidad y de siniestralidad vial. Para ello, se utilizan tres tipos de radares: fijos, móviles y móviles con detención. En este último caso, el personal de Policía de Seguridad Vial (PSV) toma las capturas de los vehículos que transitan en exceso de velocidad e informa al personal ubicado en un puesto más adelante. Los conductores son detenidos en este segundo puesto donde se le fiscalizan todos los requisitos de circulación, como documentación, dispositivos de seguridad, etc. y se le labra el acta correspondiente por el exceso de velocidad en el lugar. “El objetivo de estas acciones es lograr un cambio en una conducta gravísima y que puede costarle la vida a muchas personas. Vamos a intensificar los controles en toda la provincia a través de cinemómetros en base a un plan de trabajo ordenado y eficiente que hemos delineado con las empresas proveedoras del servicio”, sostuvo el Secretario de APSV, Carlos Torres.
Fortalecer la política de radarización
En la actualidad la Provincia cuenta con 12 radares fijos instalados en rutas y autopistas y 4 móviles. El plan de trabajo entre la APSV y la unidad transitoria, que nuclea a las empresas prestadoras del servicio de radarización, prevé instalar 6 nuevos equipos fijos y 11 móviles en 2025. Esto representará un total de 33 equipos instalados al finalizar el próximo año.
El complejo escenario encontrado por las nuevas autoridades de APSV al asumir el 10 de diciembre requirió numerosas gestiones para reflotar y regularizar los acuerdos con la UT, que tiene a su cargo el servicio de puesta en funcionamiento y asistencia técnica de cinemómetros, con la provisión de servicios de soporte, mantenimiento y modernización del Sistema de Administración y Juzgamiento de Infracciones (Sijai).
El Gobierno debió sortear varios incumplimientos y el pago de una deuda dejada por la anterior administración de la APSV y tomó la decisión de arribar a nuevos acuerdos que dieron lugar a un plan de acción a 2027 que redundará en un fortalecimiento de la política de control de la velocidad en la provincia. Este plan prevé también la incorporación de 5 vehículos en 2025. Además, se está trabajando en la puesta a punto de los sistemas necesarios para la gestión de las actas, la integración del Sijai y Gestore (sistema de gestión administrativa de deuda), el botón de pago para brindar a los usuarios mayores posibilidades de pagar la infracción, sobre todo en otras provincias, y la incorporación de recursos humanos con perfiles informáticos.
