Cuatro sacerdotes del Opus Dei serán indagados, a pedido de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, acusados de trata de personas y de reducción a la servidumbre.
La medida fue solicitada por el fiscal Eduardo Taiano, por los presuntos delitos que se les imputan a los religiosos en perjuicio de 44 mujeres -la mayoría de ellas niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad al momento de su ingreso a la institución, entre 1972 y 2015.
Los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, también firmaron el pedido de indagatoria que fue presentado ante el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, Daniel Rafecas.
Los imputados son cuatro sacerdotes, tres de los cuales ocuparon el cargo de «Vicarios Regionales» y otro el de «Secretario Regional a cargo de la Sección Mujeres», dentro de la estructura jerárquica de la organización católica.
Según la investigación, el proceso comenzaba con la selección de niñas y adolescentes de bajos recursos, usualmente provenientes de zonas rurales alejadas de los centros de actividades de la organización, quienes eran dirigidas allí bajo la promesa de recibir formación y mejorar sus perspectivas laborales.
Una vez ingresadas como se las sometía a un régimen de «formación espiritual, profesional y laboral», y si mostraban vocación para ser «numerarias auxiliares»- categoría compuesta exclusivamente por mujeres- eran destinadas de por vida a realizar tareas domésticas en los centros del Opus Dei, tanto en el país como en el extranjero, especialmente para personas adineradas y principalmente hombres.
Una vez allí, debían realizar extensas jornadas laborales sin ningún tipo de retribución, sin poder salir del lugar donde se consumaba la explotación, sometidas a distintos tipos de violencia.
En algunos casos, incluso recibían una remuneración que debían devolver a aquellos a cargo de los lugares donde residían.
Luego de haber sido captadas, las víctimas vivían en un estado de aislamiento total, sin acceso a medios de información como radio, televisión o diarios, y sin posibilidad de ver el exterior.
La denuncia
La causa se inició cuando el 12 de septiembre de 2022 una persona denunció ante la PROTEX un posible caso de trata y/o explotación de personas dentro de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei, consignó el sitio Fiscales.
Según el denunciante, entre 1974 y 2015, varias niñas y adolescentes fueron reclutadas y luego ingresadas a diferentes centros y residencias relacionadas con la organización, donde se les asignaba el rol de “numerarias auxiliares”.
A estas mujeres, en su mayoría provenientes de hogares pobres y en muchos casos migrantes, se les encomendaba una vida dedicada a realizar tareas domésticas para otros fieles. El denunciante mencionó artículos periodísticos en las que esas mujeres indicaban que fueron explotadas al ser obligadas a trabajar en tareas domésticas de manera gratuita durante años.
