La senadora nacional por la provincia de Santa Fe María de los Angeles Sacnun presentó este jueves un proyecto de ley que declara “la emergencia pública en materia ocupacional” por 180 días en el Estado Nacional, prohíbe los despidos o suspensiones y determina retrotraer la planta de trabajadores al 1° de mayo de 2018.
“Este proyecto de ley lo presentamos dado el estado de alerta por despidos en la que se encuentran los distintos sectores de la Administración pública nacional centralizada y descentralizada en el último mes”, afirmó Sacnun.
El proyecto surge luego de la reunión plenaria de comisiones de Industria y Comercio e Infraestructura, Vivienda y Transporte, que se llevó a cabo el martes pasado en el Senado, donde se analizó la situación del Astillero Río Santiago, la industria naval y Fabricaciones Militares, y se advirtió sobre la situación de emergencia que se vive en el Estado Nacional. Además de Sacnun, acompañan y firman el proyecto Fernando “Pino” Solanas, Marcelo Fuentes, Magdalena Odarda, Silvina García Larraburu, María Inés Pilatti Vergara y Nancy González.
“Astilleros Río Santiago, Tandanor, Ministerios cerrados, pasando por AgroIndustria, la Secretaría de Agricultura Familiar, Fabricaciones Militares, Inti, Inta, Conicet, Incaa, Senasa, Educación, son ejemplos de reparticiones estatales donde sus recursos humanos fueron injustamente dejados sin trabajo por disposición del FMI y la única necesidad de reducir el déficit fiscal”, agregó la legisladora santafesina.
El proyecto presentado este jueves declara, en su artículo primero, “la emergencia pública en materia ocupacional por el término de ciento ochenta (180) días en todo el territorio nacional para todos los trabajadores del Estado Nacional, Sector Público Nacional, entes descentralizados, empresas del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y cualquier otra forma asociativa donde el Estado Nacional posea capacidad de decisión mayoritaria”. Asimismo se establece la prohibición por el periodo que dure la emergencia de “despidos o suspensiones sin justa causa para todos los trabajadores del Estado Nacional”, la cual se aplica “sin importar la modalidad contractual”, y retrotrae la planta de trabajadores del Estado Nacional al día 1° de mayo de 2018, entre otros puntos.
“Desde el Congreso nacional debemos proteger el empleo y evitar el desguace del Estado Nacional que realiza el Poder ejecutivo a través de medidas inconstitucionales, injustas y ostensiblemente arbitrarias. Esta política de disminución a su mínima expresión del rol del Estado tiene la particularidad de dejar a un total de 10.000 familias sin trabajo”, concluyó Sacnun.
