A más de 60 días de iniciado el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y ante lo que entienden fue “una imposibilidad de garantizar el derecho básico a la educación para quienes se encuentran en edad escolar”, el Sindicato Argentino de Docentes Particulares de Rosario propone que se declare a la provincia de santa Fe en emergencia educativa. Para ello elaboró un proyecto de Ley en el que además de la sanción de la emergencia propone la creación un comité de expertos en educación, la conformación de una comisión bicameral de seguimiento del sistema educativo y la creación de un registro que pueda receptar las demandas que expresan miles de familias y alumnos santafesinos.
La propuesta elaborada por la entidad gremial se fundamenta en varios puntos y entre ellos se destaca que el Ministerio de Educación de Santa Fe aún no cumplimentó el reparto de los cuadernillos para el alumnado. A ello se suma que, quienes lo recibieron detectaron que “los mismos, cuentan con graves errores de enfoque didáctico y pedagógico que hacen que su utilidad sea cuestionable para sostener la calidad de la vinculación pedagógica”, describe Martín Lucero, secretario general del sindicato. Y marca la diferencia para con las restantes áreas de gobierno, que “para abordar de manera integral y mejor la pandemia, convocaron a expertos sin distinciones partidarias. En cambio en Educación lo que emergió fue una profunda cerrazón”.
Otro de los ítems enumerados por el sindicato y que se encuentran detallados en los fundamentos del proyecto, es que desde el Ministerio de Educación se impulsaron resoluciones que cambian los sistemas de acompañamiento, evaluación y promoción de alumnos de nivel medio. Dentro de otra perspectiva, sostienen desde el gremio que el cambio impulsado es de dudosa legalidad en tanto “una mera resolución ministerial modifica un decreto provincial alterando el orden de prelación de normas que sostiene el sistema jurídico argentino y es unos principios sobre los que se basan los sistemas jurídicos alrededor del mundo para garantizar el cumplimiento de la ley”. A la cuestión legal se agrega que, dichas normativas han recibido un amplio y público rechazo de la docencia, del personal directivo, de las organizaciones sindicales docentes, pedagogos y distintos actores del arco político y social “lo cual demuestra la falta de consenso y legitimidad de las medidas impulsadas”, afirmó Lucero.
Vale recordar que, en palabras de la propia Ministra de Educación, las modificaciones se realizaron amparadas “por las facultades que tiene el Ministerio”, lo cual equivale a decir que se realizaron sin consulta previa y por estricta decisión de la profesora Adriana Cantero. Un argumento más por el cual se habla de la necesidad de la emergencia, es que las enumeradas modificaciones “no están contempladas dentro de la letra o el espíritu de las resoluciones del Consejo Federal de Educación. Las mismas fueron emitidas 15 días antes de la reunión del organismo donde se trató el tema y no encuadran en las directivas emanados del mismo. Por ende, Santa Fe tomó un rumbo distinto al marcado por la nación”.
Dentro de la democracia, la declaración del estado de emergencia es uno de los regímenes de excepción que se pueden dictar en situaciones excepcionales y es justamente en esto, donde desde Sadop Rosario entienden está la clave porque a las “erróneas” decisiones ministeriales, a la imposibilidad de garantizar el acceso a la educación y al rechazo de las comunidades educativas se le suma la creciente disconformidad de las familias que se sienten desbordas por las demandas y las acciones que requieren la educación no presencial. Son las familias las que debieron afrontar sin recursos materiales ni didácticos el acompañamiento de los procesos educativos.
“En la génesis de cada una de estas situaciones problemáticas está la falta o la incapacidad de gestión del Ministerio de Educación, el cual estuvo más de 40 días sin emitir directivas que ordenaran la vinculación pedagógica con los alumnos y sus familias acrecentando la orfandad educativa. Y cuando se pronunció lo hizo unilateralmente, sin escuchar a los educadores”, sentenció el dirigente.
Sadop Rosario presentó el proyecto de Ley de Emergencia Educativa a distintos legisladores y legisladoras para avanzar en consensos para su tratamiento y posterior aprobación.
Contenidos del proyecto
El proyecto de Ley de Emergencia Educativa dispone el urgente cumplimiento de las ley de paritarias docentes, la creación de un comité de bicameral de seguimiento del sistema educativo, la creación de un registro que pueda receptar las demandas que expresan miles de familias y alumnos santafesinos, la adopción de medidas específicas para las comunidades educativas que se encuentran en estado de mayor vulnerabilidad, en especial las que requieren de la actuación de comedores escolares y la asignación de un presupuesto de emergencia para estos fines.
Además, propone convocar a comité de expertos y expertas de reconocida trayectoria en el campo educativo para que se revisen las normativas emitidas desde el Ministerio de Educación, se evalúe su impacto y proponga medidas acordes a la situación para la gestión del sistema educativo en el contexto de emergencia sanitaria.
