Siete inmuebles allanados la semana pasada, en el marco de la causa por los crímenes de trabajadores del servicio público y el playero de una estación de servicios, serán derribados. Así lo pidió la fiscalía en una audiencia que tuvo lugar este martes, en el marco de la ley de microtráfico,. La autorización fue otorgada por la jueza Paula Álvarez.
La medida fue pedida por los fiscales Patricio Saldutti, Franco Carbone, Adrian Spelta y Marisol Fabbro. Los inmuebles se encuentran ubicados en: Lamadrid al 1600, dos propiedades en Anchorena al 1500, dos casas en Alem al 4000 y otras dos en Ayacucho al 4000.
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La jueza Alvarez, que presidió la audiencia autorizó la medida en la que se podrá usar «la fuerza pública mínima indispensable«. En caso de que haya bienes muebles quedarán secuestrados bajo la órbita de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) sin perjuicio del eventual reclamo de terceros, contó una fuente fiscal.
En diálogo con LT8 el fiscal Carbone refirió que existe un contexto altamente lesivos y que la lógica de la venta de estupefacientes al menudeo afecta la tranquilidad pública en los barrios, afecta los domicilios en particular que nada tienen que ver con el mundo delictivo y tienen que soportar la actividad del narco en sus narices, dijo el funcionario.
La manzana de Alem, Centeno, Ayacucho y Dr. Rivas históricamente se ha vendido drogas y ahora tenemos una herramienta legal, a partir de la adhesión a la ley de microtráfico podemos intervenir solicitando el cese del estado antijurídico donde pedimos el derribo de estas instalaciones.
El fiscal contó que el martes pasado tuvieron una audiencia por los crímenes de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, el colectivero Marcos Daloia, el playero de la estación de servicios, la balacera a la Comisaría 15 y la balacera al colectivo línea 122 donde cinco personas fueron imputadas como autores materiales e intelectuales.
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«Tuvimos la audiencia el martes pasado por la autoría intelectual y material de los homicidios, el miércoles solicitamos la intervención del equipo de microtráfico de la Fiscalía General y el jueves hicimos medidas de allanamiento y constatación». Tenemos un fuerte acompañamiento del Estado provincial. La secretaria de protección civil y gestión de riesgo estuvo presente, también la Secretaría de Niñez y el ministro de seguridad Pablo Cococcioni, dijo el funcionario.
Refirió que los procedimientos les permitieron constatar cómo se vive en esos lugares en particular y que efectivamente no son viviendas. Están destinados a la venta de estupefacientes al menudeo y aguantaderos. Pedimos el derribo y así lo dispuso la jueza Paula Álvarez, explicó.
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En cuanto a la instigación de los crímenes de trabajadores del transporte público y de la estación de servicios dijo que Alejandro «Chucky Monedita» Núñez fue imputado como instigador y que en relación a la posibilidad de que haya otra pata intelectual en cabeza de Claudio «Morocho» Mansilla o Esteban Lindor Alvarado dijo que se está trabajando en esta hipótesis y es parte de la plataforma fáctica que se imputó la semana pasada. “Son un grupo de personas ligadas a Alvarado y Mansilla”, aseguró el fiscal en la radio.
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