El ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, apuntó este viernes contra “los escalones policial, judicial y político” que permitieron “al crimen organizado expandirse y diversificarse”, al declarar como testigo en el juicio oral al jefe narco Estaban Alvarado y a otros seis miembros de la banda en el Centro de Justicia Penal, de Sarmiento al 2800.
Sain fue convocado a declarar como testigo de los fiscales del juicio, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, por su participación en la investigación como director del Organismo de Investigaciones (OI – Policía Judicial),que depende del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
“El crimen organizado tiene altísima rentabilidad, pero los costos de producción y funcionamiento de esas organizaciones son escasos”, declaró el ex ministro y ex jefe del OI, para agregar que “donde sí gastan mucho dinero es en comprar protección”.
Sain hizo un repaso de cómo a partir del desarrollo de la investigación fueron descubriendo a miembros de la fuerza de seguridad santafesina que “estaban subordinados” a la organización narcocriminal que Alvarado conducía desde la cárcel, mientras cumplía entre 2012 y 2018 una condena por robo de autos.
Según el ex funcionario, estructuras criminales complejas como la que se le achaca a Alvarado, “insumen una enorme cantidad de recursos para garantizar que el Estado no los persiga”.
El ex ministro dijo también que “acá en Rosario se dio algo particular con la Policía, que se vio en el juicio a Los Monos, y es que se quebró la capacidad de regulación ilegal del Estado en el componente policial”.
Para Sain, “las organizaciones comenzaron a controlar a sectores de la Policía”, cuyos miembros “estaban subordinados a los líderes de la banda criminal”.
“Esto habla de la crisis del Estado en Santa Fe y de la persecución penal, particularmente en la ciudad de Rosario”, abundó.
Durante su declaración, el actual asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación brindó detalles de la investigación que llevó a cabo desde el OI, que permitió detener a Alvarado en un camping de la provincia de Córdoba el 2 de febrero de 2019, mientras estaba prófugo como presunto instigador de un asesinato.
Sain sostuvo que, al asumir el 19 de diciembre de 2018, la investigación contra Alvarado “tenía una relevancia pública enorme”. Un mes antes había sido asesinado el prestamista Lucio Maldonado, crimen que impulsó el seguimiento a la banda. “Al día siguiente de asumir hubo un allanamiento en una casa de Alvarado en una isla frente a Rosario a partir de la declaración de un testigo reservado”, evocó Sain, quien se enteró del tema por “la prensa” y al advertir que se trataba de un tema sensible pidió una reunión con los equipos de trabajo.
En ese encuentro el policía Pablo Báncora, quien trabajaba muy cerca de los fiscales que investigaban a Alvarado y luego fue condenado por brindarle protección al narco empresario, “narra el procedimiento del 20 de diciembre en la isla y cuenta los detalles: que aparece en una lancha la entonces diputada nacional Alejandra Rodenas. Pero eso no estaba consignado en el acta de procedimientos y se lo reproché. Así empezó nuestra intervención en esto”.
“Al procedimiento histórico de la isla fue un abogado con la doctora Rodenas, subordinada al titular de su organización política que es Traferri” continuó diciendo Sain. “Rodenas aparece en la isla con el abogado histórico de Alvarado y eso nos tiene que llamar la atención. La que se puso en la escena fue la entonces diputada nacional”.
Luego, el ex ministro añadió que “muchos de los policías que en juicios abreviados reconocieron tener relación con Alvarado terminaron con destino en San Lorenzo. Lo que nos lleva a tratar de interpretar si no había un lazo de protección judicial cuando Rodenas se desempeñaba aquí (en el Poder Judicial) o en la política. Porque después aparecieron varios audios en los que Alvarado decía «hay que hablar con la doctora a ver si nos da una mano». Esto nos ponía en un foco de análisis muy particular”.
En esa línea, Sain sostuvo además que el por entonces fiscal regional Patricio Serjal, luego destituido y acusado de proteger el juego clandestino, quiso postergar para después de las elecciones la audiencia imputativa contra Alvarado para que no trascendiera el nombre de la vicegobernadora: “Lo hace a título político de su área de influencia que era Traferri. En ese momento no estaba la causa (de Leonardo) Peiti, pero terminó preso por ese conjunto de vinculaciones. O sea que tan equivocados no estábamos. Hasta que en Santa Fe no se corten estas complicidades va a haber dolor y sangre”.
Alvarado es juzgado desde finales de febrero junto a otros seis miembros de su organización criminal por dos secuestros seguidos de homicidios, balaceras a edificios judiciales y a la vivienda de una empleada del MPA y por presunto lavado de activos.
Una parte de la banda, entre ella la vinculada a los ocho policías que la integraban, fue condenada en juicios abreviados que suscribieron los acusados.
También su ex esposa, Rosa Capuano, firmó un procedimiento abreviado por el que fue condenada por lavado y se comprometió a pagar una multa por 50 millones de pesos.
Para los fiscales, Alvarado “construyó un emporio de empresas” que le permitió “crecer económicamente” y convertirse en «un referente del hampa local” mientras cumplía una condena a seis años por robo de autos, en las cárceles de Campana primero y de Urdampilleta después.
“Desde su lugar de detención construyó un emporio de empresas, delineó una organización en donde se aprovechó de recursos materiales y humanos, y puso en funcionamiento una red de negocios que le permitieron crecer económicamente el ritmo que sostenía con ello su estructura criminal para continuar con esos negocios”, señalaron los fiscales en el requerimiento del juicio.
Dos testigos que declararon al inicio del juicio afirmaron que Alvarado había confeccionado una lista con “40 personas” que quería asesinar, y lo señalaron como el instigador de varios crímenes relacionados a la disputa que mantiene desde hace años con la otra gran organización narco con asiento en la zona sur, Los Monos.
«Se acabó la lucha del gobernador»
Marcelo Sain habló con diferentes medios de comunicación antes de ingresar a declarar en el juicio de Alvarado y sostuvo que “se acabó la lucha que el gobernador emprendió desde el primer día de su gestión, cuando el 11 de diciembre de 2019 dijo que había que cortar los vínculos entre delito y política”.
El ex ministro continuó y señaló que “no hemos podido llevar al estrado al senador (Armando) Traferri. Entonces, resisten como gato panza arriba. El establishment cruza todos los partidos. Hay componentes socialistas, radicales, ahora con Cambiemos, junto al peronismo histórico, han gobernado esta provincia y son responsables de la expansión del narcotráfico”.
Sain auguro una situación compleja en Santa Fe. “Lo bueno es que tomó evidencia cosas que se presumían, pero que no se decía nada. Porque todo el mundo sabe acá como son las cosas, pero el sistema institucional recién ahora se entera, porque hay una cultura del ocultamiento”, remarcó que “se intentó ponerle luz a esto. No hacía nada que no hubiera conversado y decidido antes con el gobernador. Pero le terminaron doblando la mano, porque hoy Perotti está con la mano doblada”.
“Cuando me metí con las estructuras de protección policial, judicial, política y con el lavado de dinero me echaron”, cerró Sain no sólo sobre su salida de la cartera de Seguridad provincial sino también por su destitución del OI llevada a cabo el 4 de noviembre pasado en una sesión conjunta en la legislatura.
