El ex ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Marcelo Sain, presentó un recurso de amparo ante la Justicia para que se declare “ilegítima e inconstitucional” la aplicación retroactiva de la ley 14.016 (que establece incompatibilidades para que ex funcionarios del Ejecutivo puedan acceder a cargos en el Poder Judicial) y de esa manera evitar ser suspendido de su actual cargo como director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El miércoles último, la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura había emitido un dictamen en el cual se recomienda a las cámaras la suspensión de Sain por seis meses con una reducción de su salario del 50% por considerar que cometió “faltas graves” durante su paso por el gabinete del gobernador Omar Perotti.
El dictamen será tratado en una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados convocada para el 1º de julio. Sain se anticipó a esa instancia y presentó un amparo ante la Justicia provincial para que eso no ocurra. Lo confirmó este viernes el actual ministro de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna, quien integró el equipo de Sain y luego lo sucedió en el cargo.
Según comentó Lagna, la movida de la Comisión Bicameral –en la cual el senador de la UCR Lisandro Enrico actúa como miembro acusador– es inconstitucional ya que se apoya en una reforma del reglamento del MPA sancionada posteriormente a los hechos investigados.
El 1º de julio se votará la suspensión de Sain como director del Organismo de Investigaciones
“El tema irá para largo. Pienso como abogado que es netamente inconstitucional aplicar retroactivamente una ley, es uno de los principios que nos enseñan en las facultades de Derecho desde el primer día. Y también lo es juzgar como miembro de un poder por hechos supuestamente cometidos en otro poder; eso también es inconstitucional”, señaló Lagna en declaraciones al diario El Litoral.
“Lo digo desde el punto de vista del Derecho. Esto tiene connotaciones políticas y va para largo. Es una disputa legal. El ex ministro ha planteado ya un recurso. A priori digo esto; no vi ningún papel. Ojalá pudiera hacerme de la acusación y dar una opinión más amplia sobre el tema”, agregó el ministro de Seguridad.
Argumentos
Sain pide que la Justicia declare “manifiestamente ilegítima e inconstitucional” la aplicación de manera retroactiva de la ley 14.016 y que ordene a la Comisión de Acuerdos que “se abstenga de tomar cualquier medida disciplinaria o precautoria” basada en esa norma. El ex ministro sostiene que no se lo puede sancionar por acciones supuestamente cometidas en el ejercicio de un cargo que ya no desempeña.
Además, Sain consideró que la ley 14.016 “fue dictada a poco tiempo del comienzo de una persecusión política” en su contra “que comenzó en marzo de 2021 y ahora culmina con la suspensión en el cargo que se dispone”.
La ley que dispone incompatibilidades para que funcionarios del Ejecutivo pasen al Poder Judicial fue aprobada en noviembre del año pasado a partir de un acuerdo político entre los legisladores del Frente Progresista y los senadores del PJ que responden a Armando Traferri, luego fue vetada por el gobernador Perotti pero finalmente, el 27 de mayo de este año, la Legislatura rechazó el veto y la normativa quedó firme.
Distintas miradas
El caso Sain abrió una grieta en el oficialismo provincial. El Bloque Lealtad, conformado por los senadores Marcos Castelló, Marcelo Lewandowski, Ricardo Kaufmann, Cristina Berra, Eduardo Rosconi y representado en la Comisión de Acuerdos por el senador Alcides Calvo, se manifestó en contra del dictamen que propone la suspensión de Sain en su cargo de director del Organismo de Investigaciones y adelantaron que votarán en contra en la sesión del próximo jueves.
“Esta postura se basa en el entendimiento de que es absolutamente contrario a derecho el proceso llevado a cabo primero por el fiscal regional (de Reconquista, Rubén Martínez, designado como auditor ad hoc para este caso) y luego por dicha comisión. En este sentido entendemos que el expediente en cuestión fue iniciado por denuncias sobre hechos que ocurrieron mientras Sain ejercía como ministro de Seguridad. Cada función del Estado tiene su propio régimen disciplinario, en el caso de un ministro, de rango constitucional como es el juicio político”, sostuvieron los senadores alineados con la Casa Gris.
Sain: para Bruera la suspensión es escandalosa; Rubeo pide al ex ministro que vuelva a Buenos Aires
“En cuestión, que esté ejerciendo alguna función específica en el Ministerio Público de la Acusación corresponderá a la Auditoría General interna y a la Comisión de Acuerdos evaluar el desempeño, pero nunca pueden cruzarse los sistemas de raigambre constitucional y legal o utilizarse según la conveniencia política”, agregaron.
“También entendemos que estamos frente a un proceso administrativo pero acusatorio, donde deben aplicarse con especial cuidado las garantías constitucionales del debido proceso y en donde de ninguna manera pueden aplicarse leyes de forma retroactiva”, señalaron los senadores del bloque Lealtad.
En las últimas horas la diputada provincial Matilde Bruera señaló que “se trata de una situación escandalosa, que viola toda institucionalidad, ya que no está dentro de las atribuciones del Ministerio Público de la Acusación investigar a un ministro o los actos de un ex ministro cuando estaba en funciones”.
Para la legisladora, es una clara persecución contra una persona que se atrevió a investigar los vínculos del poder político con el crimen organizado y una indudable subordinación del MPA a los legisladores.
La diputada también apuntó contra el fiscal general Jorge Baclini, jefe de Sain en el MPA y quien elevó a la comisión de Acuerdos el dictamen del auditor ad hoc Rubén Martínez con la recomendación de suspensión, y aseguró: “No me cabe duda de que Baclini sabe que lo que hace está mal. La situación es muy grave desde el punto de vista institucional”,
Quien opina de otra manera que Bruera es su par Luis Rubeo, también peronista: “Tenemos que tener otra mirada. Tendría que hacernos un gran favor: renunciar al cargo, e irse de la provincia de Santa Fe”.
“Cuando se accedió a una gran cantidad de audios que envió, nos descalificó de manera muy grosera, que evidencia poca empatía con nosotros. Lo mejor que podría hacer para evitar conflictos políticos y salir de esta situación que estamos trabados, que nos genera al justicialismo una mala relación con la oposición es renunciar y que se vayan a la provincia de Buenos Aires”, definió, para de inmediato sentenciar: “Él dice que allí se siente cómodo, que ese peronismo lo representa y no el santafesino. Entonces lo mejor que puede hacer es irse, renunciar y olvidarnos de su paso por Santa Fe que para mí fue un gran fracaso como funcionario y desde lo político”.
