Un hombre de 31 años que salió a navegar en lancha en las aguas del arroyo Calchines –departamento Garay– en plena cuarentena fue imputado por el fiscal santafesino Ignacio Orio por incumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto en todo el país para prevenir la expansión o introducción de la pandemia covid-19. En la audiencia de este miércoles, que se realizó por videoconferencia, el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) acordó con el abogado defensor una suspensión de juicio a prueba –probation– en el marco de la cual el navegante, que recuperó la libertad, donará 15 mil pesos al hospital José María Cullen en la capital provincial.
Sin autorización
El fiscal Orio relató en la audiencia imputativa que alrededor de las 19 del viernes pasado, el imputado y otros tres hombres aún no identificados se trasladaron desde la ciudad de Santa Fe hacia la localidad de Santa Rosa de Calchines (distante 40 kilómetros), retiraron la lancha de la guardería Las Malvinas. Los hombres salieron a navegar y regresaron minutos después de las 7 del día siguiente.
“El imputado le dijo al empleado de la guardería que se llevaba la lancha –que es de su propiedad– para probar el motor. Al día siguiente regresó, dejó la embarcación amarrada en la costa del arroyo Calchines –un brazo del río San Javier– y le manifestó al trabajador que un mecánico iría a revisarla”, agregó Orio.
El fiscal sostuvo que “el hombre actuó sin justificativo legal alguno, sin la autorización pertinente para circular y en manifiesta violación del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de desplazamiento por rutas, vías y espacios públicos”.
Orio contó que el sábado al mediodía, personal policial de la comisaría 3ª de Santa Rosa de Calchines realizaba un patrullaje por la zona cuando observaron la lancha estaba amarrada. «Los agentes actuaron con diligencia, se acercaron a la embarcación, vieron que en ella había un bidón con combustible e indicios de que había sido utilizada recientemente”.
En tal sentido, el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) agregó que “el jefe de la comisaría nos informó de la situación y ordenamos diversas diligencias, entre ellas, el secuestro de la embarcación”.
Probation
“Acordamos con el abogado defensor del imputado resolver el conflicto penal a través de una suspensión de juicio a prueba (conocida como probation) Se trata de una de las denominadas salidas alternativas que nos ofrece el Código Procesal Penal de nuestra provincia”, explicó Orio y aclaró que “deberemos presentar la propuesta a un juez y realizar la audiencia correspondiente, para que la magistratura se expida al respecto”.
El fiscal también sostuvo que “podemos recurrir a este instituto ya que la pena del delito investigado así lo permite. Además, el imputado no registra antecedentes penales y las circunstancias propias de lo ocurrido nos dan la posibilidad de dejar en suspenso el cumplimiento de una posible condena”.
En cuanto a los términos de la suspensión de juicio a prueba, el fiscal detalló que “la iniciativa que presentaremos judicialmente prevé que el imputado done 15 mil pesos a la Sociedad de Beneficencia del hospital José María Cullen, dinero que ya transfirió vía homebanking”, puntualizó el fiscal.
“Asimismo, se instalará en su teléfono celular el dispositivo que puso en marcha el MPA para la geolocalización de personas; no podrá concurrir a la localidad de Santa Rosa de Calchines durante un año y tampoco podrá tener contacto –también por un año– con el empleado de la guardería de lanchas”.
