México concedió ayer a Estados Unidos la extradición del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán para que sea juzgado por graves delitos que se le imputan en Texas y California, luego de asegurar que recibió garantías de que al jefe del cartel de Sinaloa no se le aplicará la pena de muerte. De todas maneras, Guzmán, protagonista de memorables fugas de prisiones mexicanas y por años enemigo número uno de la DEA (la agencia estadounidense que combate el narcotráfico), anunció a través de sus abogados que planea interponer todos los recursos posibles para dilatar la extradición, por lo que el trámite puede demorarse en la maraña de las disputas procesales.
“La Secretaría de Relaciones Exteriores notifica que se concede la extradición internacional al gobierno de los Estados Unidos de América de Joaquín Guzmán Loera”, dijo un comunicado oficial de la Cancillería mexicana.
Guzmán fue notificado de esta decisión en la cárcel de Juárez, en la frontera con Estados Unidos, adonde fue trasladado el pasado 7 de mayo desde el penal del Altiplano, en el centro de México.
El capo es requerido por distintos tribunales estadounidenses. Una corte de California lo busca por asociación delictiva y distribución de cocaína, mientras que en Texas es reclamado por asociación delictiva, delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de dinero, homicidio y posesión de armas de fuego.
En Texas existe la pena capital por asesinato, uno de los delitos que se le achaca. Pero la Cancillería mexicana aseguró que “el gobierno estadounidense proporcionó las garantías suficientes de que no se aplicará la pena de muerte al señor Guzmán Loera, en caso de ser extraditado y juzgado”.
En el pasado, México se mostró contrario a conceder la extradición antes de que Guzmán pagara en el país las cuentas pendientes con la justicia.
En enero de 2015, esa convicción llevó al fiscal general de México, Jesús Murillo Karam, a decir que El Chapo tiene que cumplir primero sus penas en México y ser extraditado a Estados Unidos recién “unos 300 o 400 años después”. Pero cinco meses después Guzmán saltó a la tapa de todos los diarios del mundo con una espectacular fuga del penal del Altiplano, a través de un túnel de 1.500 metros. Esa fuga puso en ridículo a las fuerzas de seguridad mexicana, una afrenta que terminó en enero de este año, cuando el capo del narcotráfico fue recapturado en las sierras de Sinaloa y devuelto a la cárcel del Altiplano.
La defensa del narcotraficante tiene 30 días a partir de ayer para interponer un amparo, un proceso que los expertos estiman puede extenderse varios meses.
La posición de las autoridades mexicanas frente a las demandas de extradición de Estados Unidos cambiaron después de esta fuga y las especulaciones en torno a un envío inminente a la potencia norteamericana se multiplicaron cuando el narcotraficante fue trasladado a la cárcel de Juárez.
Esa nueva política llevó al presidente de México, Enrique Peña Nieto, a asegurar que trabajaría para extraditar al Chapo “lo más pronto posible”.
Guzmán, por cuya captura la DEA llegó a ofrecer en 2004 una recompensa de 5 millones de dólares, se fugó por primera vez de una prisión en 2001 y logró mantenerse prófugo durante 13 años.
