Después de 5 años y 9 meses arrancó el juicio por la explosión del edificio de Salta 2141. La mayor tragedia que recuerda la ciudad dejó 22 muertos, 60 heridos e innumerables daños materiales. Este miércoles comenzó el debate y llegaron al banquillo 11 acusados: cinco empleados de Litoral Gas, tres personas de la administración del consorcio, dos gasistas y un ayudante. La Fiscalía pidió 5 años de prisión efectiva por el delito de estrago culposo, a excepción de uno de los gasistas y un inspector de Litoral Gas para quienes solicitaron el sobreseimiento antes de iniciar el debate. No opinaron lo mismo los abogados de la querella. Según ellos, los 11 tuvieron responsabilidad y pidió la misma pena. Las defensas de los imputados pidieron desvincular del caso a sus clientes.
Frente al estrado de los jueces un escritorio sostenía los 36 cuerpos del expediente por la explosión. Eran un claro ejemplo del trámite que empezó en el viejo sistema de Justicia hoy a juicio oral y público después de más de un lustro. Además de los imputados y funcionarios públicos, la sala recibió a familiares de Débora Gianángelo, una de las 22 víctimas fatales, pero por la única que hay abogados querellantes.
El principio
En el alegato de apertura la fiscal Graciela Arguelles dijo que todo comenzó el 24 de julio de 2013 con un llamado de una vecina a Litoral Gas porque se le apagaba el calefón y no tenía presión. Al día siguiente llegó el reclamista de la empresa de gas, Gerardo Bolanio, que interrumpió el servicio con la ayuda de su compañero Guillermo Oller. También constató pérdidas en la válvula de gas, pero nunca fue a la casa de la vecina que hizo la denuncia.
El inspector llenó un formulario dónde afirmó que puso un cepo a la válvula (parte de la documentación secuestrada en un allanamiento a Litoral Gas). Para la fiscal, eso fue imposible de hacer.
Arguelles recordó que la habilitación del gas en el edificio fue hecha en 1979 por la empresa Gas del Estado y al regulador que estaba en la propiedad no se le podía poner un cepo. La fiscal sumó que en 1982 se modificaron las normas de provisión de gas, dónde se exigían para los edificios la colocación de dos reguladores, una válvula precintada y un gabinete en la línea de edificación municipal. “Eso no fue considerado por la empresa Litoral Gas, que tomó la concesión en 1990. No se hizo un relevamiento de los edificios de la ciudad notificando que era un servicio de inferior calidad y seguridad toda vez que la presencia de dos reguladores garantiza un servicio de mayor calidad», explicó Arguelles.
Salta 2141: comienza el juicio a los 11 acusados por las 22 muertes
“Esa tarde se mandó un mail a la Municipalidad para poder romper la vereda y cambiar un tramo de la cañería, lo que se autorizó, pero la labor no se hizo”, dijo la fiscal, y recordó que era época invernal cuando la representante de la administración del consorcio Mariela Calvillo contrató al gasista José Luis Allala. Él, siempre según dijo Arguelles, «cambió dos niple y un codo» el día 26 de julio y luego llamó a Litoral Gas para que reconectaran el servicio. Sin embargo, agregó Arguelles, Allala no se quedó a informar los cambios en la conexión a los inspectores.
Justamente, más tarde -sumó la fiscal- llegaron los inspectores Guillermo Oller y Luis Curaba. Constataron que no había más pérdidas, colocaron una llave externa y haciendo fuerza reconectaron el gas. Desde la querella agregaron que los inspectores tenían el acta de Bolanio –que decía que solo había un cepo– y aún así reconectaron. En la mirada de Arguelles ambos inspectores actuaron «antirreglamentariamente» porque no hicieron una inspección integral ni llamaron al gasista.
Para la fiscal, fue el punto de partida de una serie de acciones y omisiones que crearon una situación de peligro con el resultado conocido. Según ella, la rehabilitación fue lo que generó luego otra «conducta antireglamentaria» de los administradores del consorcio –Calvillo, Norma Bauer y Carlos Repupilli — y del gasista Carlos García y su ayudante Pablo Miño.
La empresa
Los tres reclamistas fueron cinco veces en una semana al edificio. Estaban bajo las órdenes de la gerente del área técnica de Litoral Gas, Viviana Leegstra, y el jefe de mantenimiento de redes Claudio Tonucci, la autoridad inmediata.
Eran quienes debían establecer las reglas técnicas, dar la capacitación y controlar lo que hacían sus subordinados. “Solo se sabe que el 2 de agosto Tonucci mandó al empleado Curaba para volver a verificar si había pérdidas, quien constató que no las había y aconsejaron el archivo del reclamo de la vecina, que en realidad era por falta de presión, lo que nunca fue tratado por Litoral Gas», explicó Arguelles.
Los problemas
Siempre según Arguelles, con la reconexión muchos vecinos del edificio comenzaron a tener problemas de presión de gas y se hizo una reunión de consorcio con los propietarios, dónde estuvieron por la administración Bauer y Repupilli. Ante las quejas contrataron un gasista para cambiar el regulador.
Previo al cambio, habían puesto carteles alertando de iban a cortar el gas y que luego se debían corroborar todos los departamentos. Más tarde ese cartel fue cambiado por uno que decía que la revisión de las unidades era voluntaria.
También hubo correos electrónicos informando el cambio de regulador y la sujeción a los procedimientos de Litoral Gas. Pero en la reunión del 2 de agosto se presentó al gasista García, quien aconsejó poner un solo regulador, y se apartó a Allala por los costos.
“García dijo que no revisaría los departamentos y que Litoral Gas lo había autorizado a cortar el suministro, algo que solo puede hacer personal de la empresa. Resumió el cambio del regulador como una boludez que le llevaría algunas horas de trabajo», explicó la fiscal.
El día
“Los dichos del gasista estuvieron avalados por la administración, fueron por algo más rápido y económico y no adaptar el edifico porque estarían meses sin gas”, siguió Arguelles. “Así llegaron al 6 de agosto, cuando García y Miño fueron a cambiar el regulador. Intentaron cerrar la válvula de servicio que estaba en el palier y no lo lograron. Entonces cerraron la llave candado de cada departamento que hay en el subsuelo. Pidieron ir a una unidad para ver si no había gas, y así lo hicieron. García volvió y manipuló el regulador con Miño. Pero se desprendió, generando un escape masivo. Comenzaron a trabajar sin cortar la luz ni cerrar la puerta de ingreso. Tampoco avisaron a los vecinos. A las 9.38 se produjo el derrumbe de la torre del medio y el incendio de la frontal”, recapituló Arguelles.
Litoral Gas tardó dos horas y cuarenta minutos en cortar el gas, lo que impidió el rápido ingreso de rescatistas al lugar. El representante de la querella Ángelo Rossini dijo que una de las 22 víctimas fatales, Débora Gianángelo, no murió en la explosión sino por inhalación de monóxido de carbono. Y preguntó a los jueces qué hubiera pasado si los equipos de rescate hubieran ingresado a tiempo.
La fiscal y el abogado de la querella pidieron para los acusados 5 años de prisión por estrado culposo, a excepción de Allala y Bolanios. Para ambos en abril la Fiscalía había presentado un escrito a la Justicia pidiendo el sobreseimiento.
Arguelles dijo que la actuación de Bolanios, si bien tuvo deficiencias, no estuvo vinculada al resultado fatal. A la misma conclusión llegó con el gasista Allala. Para la fiscal, si bien tuvo una conducta antireglamentaria, fue sancionado administrativamente y no merece una sanción penal. “No realizó un aporte al resultado fatal”, explicó. El abogado de la querella no compartió la postura y pidió la misma pena que a los 9 imputados restantes.
La otra campana
Luego de algunos planteos previos fue el turno de las defensas. Inició el abogado Víctor Corvalán por los administradores del consorcio. Luego declaró Mariela Calvillo, que se encuentra con un andador, tras una operación de cadera. La mujer se desvinculó; dijo que no iban a encontrar pruebas en su contra y que estaba a disposición del tribunal.
Le siguieron las defensas de Allala –a cargo de Walter Calenta– y de Oller, Curaba, Tonucci y Leegstra – a cargo de Walter Stramazzo–. Ambos dijeron que sus defendidos no tienen nada que ver con el hecho.
