Veintidós réplicas de tapas de ataúdes apoyadas sobre una de las paredes del Palacio de los Tribunales provinciales fue sin dudas una imagen fuerte e impactante. Así hicieron conocer ayer a la opinión pública y a la Justicia los familiares y amigos de las víctimas de calle Salta 2141 que continúan en la lucha para que se encuentre a los verdaderos responsables de la peor tragedia que vivió la ciudad tras la explosión del 6 de agosto de 2013. Esta acción se dio en el marco de una rueda de declaraciones testimoniales que comenzó el lunes pasado y que continuará hasta principios de la semana que viene en el Juzgado de Instrucción Nº 10. Según adelantaron a este diario los manifestantes, la idea es llevar la misma protesta en poco tiempo más a la sede del Enargás en Capital Federal y al Congreso de la Nación, donde –hasta el momento– no encontraron respuestas a los pedidos de reuniones con legisladores para que accionen sobre el tema.
Eleonora López –hermana de Carlos, quien falleció en la explosión– contó que los primeros que prestaron declaración en la rueda de testimoniales fueron algunos gasistas matriculados, algunos que no fueron citados anteriormente, y que habían hecho trabajos en el edificio. “También dieron su testimonio nuevamente el portero, un hombre que hacía las reparaciones para el consorcio y estuvo la propietaria de nueve departamentos en las torres quien además formaba parte del consejo de administración”, señaló.
“Los testimonios van a continuar hasta el próximo lunes, día en que va a declarar (el director de Protección Civil de la provincia, Marcos) Escajadillo quien lideró parte del operativo de rescate y hay familiares que no estuvieron de acuerdo con lo actuado tanto durante como después del hecho”, añadió.
La mujer contó que fueron los familiares de las víctimas quienes lograron que se sumen nuevos testimonios y se vuelva a convocar a otros frente a la gran cantidad de contradicciones en muchas de las declaraciones. “La investigación estaba yendo al archivo antes del comienzo del juicio y no están todos los responsables procesados.
Tuvimos que hacer presión para que la Fiscalía pidiera estas medidas. La responsabilidad no puede quedar en las personas que fueron apuntadas, nosotros seguimos señalando a Litoral Gas porque fueron ellos los que dieron la habilitación para reconectar el gas”, remarcó.
“Las próximas acciones que vamos a hacer será ir a Buenos Aires, con las tapas de los cajones, a la sede del Enargás y también vamos a ir al Congreso porque no conseguimos que los diputados nos dieran una sola audiencia, una sola reunión y lo más probable es que el próximo 6 de noviembre estemos ahí”, continuó.
Por su parte, Marcela Nissoria, viuda de Hugo Montefusco, otra de las víctimas, contó que “en su declaración los gasistas contaron que Litoral Gas nunca les dio un curso de capacitación”. “Hacemos esto porque lo mejor es que la Justicia tenga la mayor cantidad de elementos posibles para tomar decisiones. La gente que fue responsable sigue operando como si nada hubiese ocurrido y eso nos causa mucho dolor porque los vemos caminar por la calle. Estamos hablando de una empresa como Litoral Gas que ni siquiera fue intervenida. Acá hay un silencio de radio y nosotros vamos a pelear todo lo que sea necesario para que eso no ocurra”, indicó.
Los procesados
La jueza Irma Bilotta procesó en febrero pasado a los once imputados por el caso, en base a una cadena de negligencias: el gasista Carlos García, su ayudante Pablo Miño, y los tres administradores del inmueble (Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli). Por Litoral Gas, la jueza procesó al jefe de los inspectores, Claudio Tonucci, la gerenta técnica Viviana Leegstra y los inspectores Gerardo Bolaños, Luis Curaba y Guillermo Oller. A ellos se suma el gasista José Allala.
