Familiares de víctimas de la tragedia de Salta 2141 afirmaron ayer que apelarán el fallo que determinó los procesamientos de las once personas imputadas a inicios de febrero de estrago culposo agravado por muerte. En este sentido, consideran que la lista de imputados debería incluir a personas de mayor jerarquía de la empresa Litoral Gas.
En tanto, fuentes judiciales informaron a El Ciudadano que la jueza podría no hacer lugar a la vía recursiva ya que la inclusión de más personas a la lista de imputados queda sujeta a total discrecionalidad de la misma (ver aparte).
Los representantes legales de los damnificados mostraron su descontento con la determinación de la jueza de Instrucción de la 10ª Nominación, Irma Bilotta, quien confirmó las imputaciones de once personas en el marco de la causa judicial abierta tras la explosión, ocurrida el pasado 6 de agosto. Exactamente seis meses después la magistrada imputó al gasista Carlos Osvaldo García y a Pablo Miño, su ayudante, como dos de los actores directos del hecho, así como a los tres administradores del consorcio del edificio siniestrado (Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli).
La nómina se completa con el gasista José Allala, quien trabajó en el lugar apenas unos días antes (25 de julio) y cinco empleados de la firma Litoral Gas. Ellos son: los inspectores Gerardo Bolaños, Luis Curaba y Guillermo Oller; el titular de sección redes domiciliarias, Claudio Tonucci, y Viviana Leegstra, quien se desempeñaba como gerenta del área técnica de la empresa.
De este modo, la abogada Alicia Bollatti, que representa a la familia de Federico Balseiro (una de las 22 víctimas de la tragedia del 6 de agosto del año pasado), adelantó en diálogo con este diario que el procesamiento de todos los imputados dejó conforme a medias a sus clientes, ya que consideran que “hay que ir más allá” y apuntar a la cúspide de la empresa.
“Además de lo lamentable y terrible que pasó, corremos el riesgo de que todo vuelva a repetirse. Siete meses después de la tragedia no se ha hecho absolutamente nada. Hay que priorizar el valor vida y no lo económico”, analizó.
Falta gente
El fundamento de la apelación, según explicó la letrada, radica en el pedido de involucrar a más personas en la causa, entre ellas el gerente general de la concesionaria del servicio de gas, Conrado Bianchi, y el directorio de la distribuidora de gas natural, “por no haber cumplido con las normas de seguridad vigentes, no tener una normativa sobre tareas de riesgo seguro y no haber explicado qué parte del plan de seguridad o emergencia falló”.
En esa misma línea, Bollatti agregó: “Las válvulas de corte que correspondían manipular a los gasistas para cortar el servicio de media presión no funcionaban correctamente. No se aportaron datos al expediente judicial para saber qué fue lo que falló para que esto no vuelva a ocurrir”.
