La Corte Suprema de Santa Fe rechazó ayer el recurso de inconstitucionalidad planteado por los abogados defensores de los empleados y directivos de la privatizada Litoral Gas procesados por la tragedia de calle Salta 2141. Con esta resolución, la máxima instancia judicial de la provincia dejó totalmente despejado el camino para el juicio oral por la catástrofe del 6 de agosto de 2013, que dejó un saldo de 22 víctimas fatales, decenas de heridos y cuantiosos daños materiales en viviendas y comercios vecinos, con damnificados que perdieron parte o todo lo que poseían. Ahora un tribunal determinará cuál y en qué grado es la cadena de responsabilidades que desembocó en la fatal explosión, por la que están acusados cuatro inspectores y la gerenta técnica de la distribuidora de gas natural, dos gasistas particulares y el ayudante de uno de ellos, y tres miembros de la administración de las torres que se alzaban en el lugar.
La resolución adoptada en la acordada de la Corte dejó firme la resolución de la Cámara de Apelaciones que, a través del fallo del magistrado Guillermo Llaudet Mazza, había confirmado las actuaciones en primera instancia de la jueza Irma Bilotta, a cargo de la investigación de las responsabilidades penales por la explosión.
Pero a la vez Llaudet les había abierto el camino a los letrados para que acudieran al máximo tribunal con su reclamo, un recurso de “inconstitucionalidad” que ponía en cuestión la forma en que la jueza Bilotta había realizado las indagatorias sobre las que decidió los procesamientos de los cuatro inspectores –el jefe del área, Claudio Tonucci, y sus subalternos Gerardo Bolaños, Luis Curaba y Guillermo Oller– y de la gerenta técnica de Litoral Gas, Viviana Leegstra, por estrago culposo agravado seguido de 22 de muertes.
Los abogados buscaban, concretamente, que las indagatorias quedaran anuladas, lo cual hubiera retrotraído la investigación, no a foja cero, pero casi. El reclamo se basa, según había trascendido, en que las responsabilidades atribuidas por la jueza Bilotta no coincidían con las incumbencias que tenían en Litoral Gas.
La Corte no lo entendió así, y ahora, con todos los pasos avalados, queda libre el camino para que la magistrada eleve a juicio la causa con sus once procesados.
Precisamente la reacción de “celeridad” del máximo tribunal –que tenía a consideración el caso desde el pasado 23 de diciembre– fue lo que reclamaron familiares de las víctimas pocos días atrás, al cumplirse 18 meses de la tragedia. Familiares de las víctimas, sobrevivientes y damnificados están divididos en opinión en cuanto al destino del predio donde se alzaban las tres torres de viviendas donde ocurrió la explosión. Hoy es un terreno despejado tras la demolición total de los edificios –uno implosionó sobre sí mismo y los otros dos permanecieron en pie con graves daños estructurales– y de tres viviendas linderas que habían quedado prácticamente reducidas a escombros. Sobre ese terreno un grupo reclama la expropiación para instalar allí un sitio de la memoria, la “Plaza de las 22 Estrellas”. Pero otro agrupamiento expresó su negativa a “un cementerio al aire libre” y reclamó que se destine para emplazar allí una escuela o instalaciones de uso público.
Pero más allá del destino, en lo que coinciden todos es en la necesidad de “verdad y justicia”, y en que la investigación por la catástrofe llegue al estrado, para que se diluciden las responsabilidades y se sancione a los culpables.
Al cumplirse el año y medio de la explosión, la Corte Suprema provincial había dejado trascender que era inminente su pronunciamiento, lo que finalmente sucedió ayer.
Al banquillo
Además de los cinco procesados que revistaban en la privatizada Litoral Gas, la jueza Bilotta también procesó al gasista Carlos García, quien manipuló el regulador de gas el día que se produjo la explosión –huyó del lugar dejando la fuga que la provocó y fue el único de los imputados que estuvo detenido–; su ayudante, Pablo Miño, y otro gasista, José Allala, quien trabajó once días antes del hecho y admitió que realizó reparaciones sobre el regulador.
Y también están procesados los miembros de la firma encargada de administrar el consorcio de Salta 2141, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli, quienes recibieron días antes de la explosión varios reclamos de propietarios e inquilinos sobre fallas en la red de gas de los edificios, que peritajes posteriores mostraron como obsoleta en sus conexiones.
