En continuidad con las advertencias realizadas por el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental (ORLSM) en Santa Fe sobre posibles retrocesos en derechos, nuevas voces se suman al debate por la reforma que impulsa el gobierno nacional. Especialistas y organismos consultivos coinciden en que el problema central no radica en la ley vigente, sino en su falta de implementación.
El Ciudadano dialogó con Sabrina Pimpinella, psicóloga e integrante del Consejo Consultivo de la Ley de Salud Mental a nivel nacional, quien analizó los principales puntos del proyecto que el oficialismo prevé impulsar en el Congreso desde el lunes.
–¿Cuáles son los elementos que más preocupan del trascendido de modificación de la ley de salud mental?
– Lo más preocupante es que el proyecto de ley construye un diagnóstico desacertado y desplaza el problema real. Plantea que el problema es la ley actual, cuando en realidad lo que falla es su plena implementación. Se pone el foco en la ley, para no interrogar su incumplimiento. Por ley se debe destinar el 10% del presupuesto en salud. En esta propuesta se elimina del compromiso de financiamiento.
Además, hay un marcado debilitamiento del enfoque comunitario e interdisciplinario, con un retorno a una centralidad médico-psiquiátrica como autoridad “para evitar errores”. Esto es desconocer décadas de construcción en el área de la salud mental como campo complejo y un retroceso en cómo se comprenden los padecimiento mental, al reemplazarlo por trastorno. Se le suma, el cambio de la categoría de “riesgo cierto e inminente” por “riesgo grave de daño”, como eje ordenador, que históricamente ha sido utilizada para justificar prácticas de control más que de cuidado.
Entre otras cuestiones a analizar, no se consultó a organismos como el Consejo Consultivo,Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (COFESAMA), ni se respetaron instancias federales. Estamos frente a un paradigma tutelar, de segregación y cronificación de los padecimientos mentales, agravado por la falta de recursos, el despido de trabajadores y cierre de dispositivos.
–¿Cuáles fueron las barreras más importantes para la plena implementación de la ley en estos 15 años?
– La barrera principal fue y es la falta de asignación efectiva del presupuesto destinado a políticas públicas que resguarden la vida, la salud y garanticen derechos. La salud mental continúa siendo leída como un gasto y no como acción de desarrollo y cuidado. La segunda barrera con la que nos enfrentamos es el estigma que sigue atravesando el diseño de las políticas públicas, los padecimientos mentales, que permanece asociada a lógicas de encierro, control y medicalización en lugar de ser abordada desde una perspectiva de derechos.
–¿Qué buscó la ley de salud mental cuidar en su momento que no estaba siendo cuidado y que podría volver a estar en riesgo?
– El espíritu de la ley vino a proteger derechos históricamente vulnerados en el campo de la salud mental. Principalmente, limitar las internaciones prolongadas e injustificadas, muchas veces sin control ni revisión. Evitar prácticas manicomiales, segregativas y cronificantes. Garantizar que la atención sea interdisciplinaria, comunitaria y centrada en la persona, no en el diagnóstico. Reconocer a las personas con padecimiento mental como sujetos de derecho, no como objetos de tutela.
–¿Qué experiencias en estos 15 años ejemplifican los beneficios de la ley en Argentina?
– La promulgación de la ley permitió el desarrollo de dispositivos comunitarios, casas de medio camino, equipos territoriales, es decir, dispositivos alternativos a la internación, con base en la comunidad. Se llevaron adelante procesos de externación de personas que vivían en instituciones monovalentes durante muchos años.
El modo de abordar los problemas de salud mental es reconociendo el enfoque interdisciplinario, integrando psicología, trabajo social, acompañantes terapéuticos, entre otros y con una mayor visibilización de los derechos de usuarios y familiares incorporando su participación en políticas públicas. Además, Argentina se inscribe en una trayectoria internacional (como Trieste o Brasil) que demuestra que los modelos comunitarios no solo son más respetuosos de los derechos, sino también más eficaces en términos de salud.
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