Desde la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa) de Santa Fe, reconocieron que más de la mitad de las instituciones de salud privada presenta atrasos en contribuciones a las obras sociales de sus trabajadores. En algunos casos las demoras son de hasta cinco meses y se trata de una situación que se profundizó a partir de 2016.
Por su parte Adecra, entidad que nuclea a instituciones médicas privadas a nivel nacional, advierte que existe una coyuntura económica “insostenible” que afecta el normal funcionamiento en la cadena de pagos del sistema. Aseguran que las entidades prestan un servicio que cobran con hasta 120 días de demora, teniendo que cumplir antes con pago de sueldos y costos de insumos. Según explican, en ese lapso, el efecto inflacionario licua los ingresos.
La salud privada se ve sensiblemente afectada por la situación económica y por las dificultades financieras. La cadena de pagos sufre un deterioro producto de atrasos que mantienen las instituciones con sus trabajadores, como manifiestan desde Atsa, mientras que a su vez, la demora se traslada a lo que obras sociales deben transferir a prestadoras de servicio, como explica Adecra.
Más de la mitad con atrasos
Lo que manifestaron desde Atsa, sindicato que representa a trabajadoras y trabajadores de todas las ramas de la salud privada en la provincia, evidencia una de las patas flojas de la cadena en el sector. Según Luis Menelli, vocero del gremio, “en Santa Fe, más del 50% de empresas privadas de salud, está con esta situación problemática en las contribuciones, no pagan las contribuciones al día”, de manera tal que no llegan a (Ospsa), la obra social de Atsa.
Más de la mitad de las firmas “están con atrasos en los aportes a sus trabajadores”, de acuerdo con que explicó Menelli. Agregó también que “las empresas en esa situación están haciendo convenios en cuotas”, una realidad que evidencia la existencia de esos atrasos.
“Se agravó con este gobierno”
“La cadena de pagos la rompen las empresas, porque son quienes se atrasan en hacer los aportes a los sindicatos, en algunos casos pasan hasta cinco meses”, aseguró. En consecuencia, reconoció que el esquema provoca “una situación muy difícil” que deja “a un paso” del cierre al Sanatorio Santo Tomé, por mencionar un caso.
El vocero de Atsa agregó que los retrasos en pagos a afiliados se profundizaron durante los últimos tres años. Enfatizó que “la cesación de pagos se agravó con este gobierno”, y que de 2016 en adelante el efecto inflacionario agravó la situación.
La realidad del sector expone la problemática de las instituciones privadas para cumplir con las contribuciones. Pero a su vez deja al descubierto la vulnerabilidad que padecen los trabajadores, que son quienes no reciben los aportes. Esa desidia se profundiza aún más al repasar datos sobre tomas de créditos a través del sindicato (ver aparte).
Dificultades financieras
En tanto desde la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra) y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (Cedim), expusieron sus dificultades ante la “grave situación en la cadena de pagos de los prestadores de salud privada”. Manifestaron que esa realidad, sumado al costo de insumos dolarizados genera dificultades financieras para su sustentabilidad económica e incluso para afrontar el pago de sueldos.
Uno de los grandes inconvenientes que padece el sector según explicaron, es que prestan un servicio que terminan cobrando con 90 y hasta 120 días de retraso. “Existe un importante descalce entre el momento en que los financiadores institucionales (obras sociales y prepagas) reciben los recursos, sus afiliados reciben la atención médica y los prestadores reciben el pago por dichas prestaciones médicas”, analizaron desde Adecra.
Resulta común que “aquella prestación brindada por el sector se abone 90 o hasta 120 días después”, reconocieron. Descontar esos cheques implica intereses de hasta el 70%, valores que desde las instituciones no pueden absorber. Esa cadena genera “un perjuicio enorme para los prestadores porque tienen gastos que no pueden diferir”.
Costos, dólar e inflación
Desde Adecra aseguraron que “el inconveniente no es sólo financiero”. Según reconocieron, “desde hace cinco años, con mayor gravedad desde 2017, tampoco cierra la ecuación económica, ya que los costos de brindar salud privada se han incrementado por encima de lo que se incrementaron los aranceles”.
Entre sus egresos mencionaron compromisos salariales y costos de insumos dolarizados. En medio de un contexto inflacionario que de un mes a otro generó una pérdida difícil de recuperar. Solo durante 2018 estimaron aumentos de hasta el 100% en insumos, y la obligación de cumplir con revisiones salariales acordes a la evolución inflacionaria.
En ese contexto, explicaron: “La inestabilidad económica genera riesgo sanitario desde el momento en que genera la posibilidad de que masivamente quiebren prestadores médicos privados”. Consideraron además que “los prestadores que no quiebran, terminan convirtiéndose ellos en los financiadores de la salud argentina”.
La entidad que nuclea a privados, agregó que además de la complejidad económica y financiera existen obras sociales que “en su mayoría han incumplido los plazos normales”. La tolerancia habitual se extiende hasta 90 días, pero según indicaron, sobre todo este último año “han empezados a pagar entre los 90 y 180 días”.
Por último, desde Adecra – Cedim, visibilizaron no solo atrasos, sino también incumplimientos y cheques rebotados. “Por esto la morosidad se ha incrementado notoriamente y algunas instituciones se han visto obligadas a suspender servicios y judicializar deudas”, concluyeron.
Aumento de préstamos para afiliados
En paralelo a los atrasos que advierten por parte de las instituciones privadas, desde Atsa, manifestaron su preocupación por la creciente demanda de préstamos por parte de los afiliados.
Luis Menelli reconoció que las solicitudes de créditos personales, beneficio que ofrece el sindicato, se incrementó a gran escala estos últimos tres años. “El último período de 2015 veíamos una entrega de 1 o 2 créditos mensuales, hoy hay hasta 15 pedidos semanales”, explicó el vocero del Sindicato.
El régimen de Prestaciones Provisionales (RPP) es un beneficio que ofrece el sindicato, a través del cual se otorgan préstamos “a una tasa ínfima”. Desde el sector de finanzas explicaron que se trata de un acuerdo entre el sindicato y las instituciones de salud, donde “la empresa descuenta del recibo de sueldo del trabajador y luego deposita al sindicato”.
