En la provincia de Santa Fe se practicaron entre 14 y 19 abortos no punibles en los últimos seis años. Así lo informó a El Ciudadano el ministro de Salud Miguel Ángel Cappiello, quien además aclaró que “no es una práctica de todos los días. Habitualmente son por violaciones que se producen como consecuencia de relaciones incestuosas de padres, padrastros, primos o hermanos y ante esas circunstancias hemos actuado”.
Si bien no hay cifras exactas sobre la cantidad de intervenciones efectuadas, Cappiello dijo que el número oscila entre “14 y 19” en toda la provincia. El motivo de la falta de información al respecto es más que evidente: “Los números no se tienen porque esta práctica no es a través de la vía judicial sino por un consentimiento de la persona a partir de requisitos claros e indicaciones precisas”, explicó por su parte el secretario de Salud municipal, Leandro Caruana, quien además contó que las intervenciones de este tipo que se practicaron en los efectores públicos de Rosario se hicieron sin ningún tipo de complicaciones.
La cifra es baja si se tiene en cuenta que los números estimativos de la cantidad de abortos clandestinos que se practican en la Argentina es de 500 por día.
El Código Penal habilita a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo producto de una violación, como también aquellas que de continuarlo ponen en riesgo su vida. A pesar de esas expresas excepciones, organizaciones religiosas y jueces solían demandar y obstaculizar ese derecho. Hasta que la Corte Suprema nacional ratificó las excepciones donde el aborto es practicable sin ser sancionado, cerrando el debate en el plano legal y jurídico.
De acuerdo a lo expuesto por Cappiello, las normas se “vienen aplicando tal cual lo estipula la ley”.
Lo que manda la ley
“El ministro fija posiciones y no quiere decir eso que yo esté a favor del aborto. Son posiciones de cumplir la ley vigente, lo que dice el Código Penal, y lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, expresó Cappiello, al tiempo que admitió haber recibido vía Twitter el martes pasado algunas agresiones por parte de quienes están en desacuerdo con la normativa.
A casi un año de la resolución provincial 612/2012 que establece la adhesión del sistema público sanitario a todo lo dictaminado en la Guía Técnica de Atención Integral a los Abortos No Punibles y en vísperas de la décima marcha “El niño por nacer” que se realizará el próximo sábado en la ciudad, el tema vuelve a estar en primer lugar para adeptos y opositores. Respecto a los aspectos formales y protocolos a seguir el ministro explicó que ya está listo el registro de objetores de conciencia y que va a ser publicado en breve. “En el documento hay una resolución mía que dice que ante el hecho de que los haya en un servicio hospitalario, alguien lo va a tener que hacer y ese alguien puede ser el jefe u otro profesional”, destacó, aunque no especificó la cantidad de profesionales que no están dispuestos a realizar las intervenciones.
Para las mujeres de sectores más vulnerables
A un año de la implementación de la Guía Técnica de Atención Integral a los Abortos No Punibles, la concejala Norma López, quien participó en debates y también en la elaboración de algunos puntos específicos del protocolo del manual médico para los hospitales locales, dijo estar complacida por la manera en que se aplican las leyes vigentes.
“La guía es un instrumento que le da garantías a todas las mujeres de la provincia y de Rosario en especial. Además les da una tranquilidad al ejercicio de la práctica médica con el tema de los abortos no punibles y también con aquellas situaciones de aborto que llegan a los hospitales”, expresó.
Derechos
López hizo hincapié en que la implementación se trata, sobre todo, de “garantizar los derechos de las mujeres de los sectores más vulnerables” que no pueden acceder a las intervenciones en casos extremos por falta de posibilidades económica. “Ojalá que el pedido de un abogado rosarino para que se declare anticonstitucional la ordenanza que determina los métodos anticonceptivos, entre ellos la píldora del día después, sea rechazado por todas las instancias judiciales en la provincia porque en caso de que prospere va a significar que las mujeres que queden expuestas sean las de los sectores más bajos, insisto, los de la clase trabajadora y media de nuestra ciudad”, sentenció la edila.
