La Justicia dispuso hoy un plazo de siete días para que se presenten interesados en comprar las acciones de la empresa Oil Combustibles, mediante un proceso de salvataje, en un intento por evitar la quiebra de la refinería San Lorenzo. La determinación sobre la petrolera de Cristóbal López fue tomada por el juez comercial Javier Cosentino, quien señaló que la compañía «se encuentra en condiciones de acceder al salvataje».
Decidió poner en marcha «la apertura de un registro en el expediente por siete días», con el fin de que los interesados en poseer las acciones de la firma «se inscriban en los términos establecidos».
El proceso es conocido como «salvataje» o «cramdown» y su implementación se concretó a pesar de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) solicitara la quiebra de la refinería sanlorencina.
Esa herramienta tiene el fin de «permitir la reorganización de la empresa sin liquidación, manteniéndola en actividad en el mercado».
La determinación fue tomada por el magistrado luego de que días atrás el Grupo Indalo pidiera contar con esa herramienta mediante la cual Oil Combustibles pudiera ser ofrecida a posibles compradores y evitar así la quiebra y la pérdida de los 450 puestos laborales.
La Justicia argumentó la decisión de utilizar esa figura comercial al sostener que es «conveniente» porque «se protegen las fuentes de trabajo, se continúa con la oferta de bienes y servicios atinentes al giro propio empresarial con todos los beneficios directos e indirectos que acarrea ello para la sociedad en general y para el Estado».
Hasta que el proceso finalice, estará vigente la intervención de la compañía, según dispuso el juez Cosentino a cargo del concurso preventivo de la compañía.
Por su parte, los interventores Francisco Cárrega, Carlos Bianchi y Liuba Lencova Besheva ya habían expuesto su postura al argumentar que un proceso de salvataje iba a dilatar un «final inexorable».
Gendarmería y Prefectura en refinería y planta fluvial
Previo a la resolución del juez Cosentino, fuerzas de seguridad nacional recorrieron las instalaciones de la refinería situada en avenida Juan Domingo Perón al 1600 (por Ruta 11) y en la planta fluvial de General Mosconi al 3100, ambas en San Lorenzo.
“Haremos hincapié para que se cumpla con los lineamientos de seguridad. Estamos viendo que hay prefectos y gendarmes armados en donde ni siquiera puede usarse un celular. Que desconocen los toques de sirenas ante una emergencia. Y que antes que aportar una solución podrían incrementar el problema. Suponemos que es una medida para resguardar los activos de la empresa. Siempre tomando las precauciones del caso porque sino podría ser peor el remedio que la enfermedad”, advirtió Héctor Brizuela, secretario de asuntos legales del Supeh.
Consultado acerca de si la refinería necesita reforzar la seguridad en el contexto de paralización productiva que atraviesa, Brizuela sostuvo que “la parada de planta constituye un severo impacto ambiental. Y el silencio en los motores de producción, además de que varios trabajadores tomaron licencias que se les adeudaba y que hay poco personal en la planta, puede favorecer a la intromisión de personas no autorizadas, que se pueden meter en áreas de suma peligrosidad ignorando los riesgos. Pueden poner en peligro la seguridad propia, de los trabajadores, de las instalaciones de la planta y de los vecinos”, completó el sindicalista.
