Región

Trabajó durante 25 años

San Lorenzo: empleado de agencia de turismo fue acusado por un fraude de más de 4 millones de pesos

Lo imputaron en Tribunales por defraudación a una reconocida agencia de seguros, viajes y turismo


Un empleado de una reconocida agencia de turismo, viajes y seguros de San Lorenzo fue imputado ayer en libertad en los Tribunales, por el delito de defraudación por más de cuatro millones de pesos, según voceros judiciales.

Según la acusación del fiscal Mariano Ríos Artacho, se advirtió que varios cheques a nombre de la empresa habían sido desviados a la cuenta personal del imputado y también a allegados del empleado en cuestión. La investigación determinó que habría pagado gastos particulares con fondos de la agencia.

A la hora de la resolución, el juez Ariel Cattáneo dispuso la libertad del empleado con determinadas restricciones: fijar domicilio en Ricardone, presentarse en la Oficina de Gestión Judicial para firmar quincenalmente, y prohibición de acercarse por un radio de 100 metros a la agencia de viajes en donde trabajó durante 25 años.

Por otra parte, el juez Cattáneo determinó la prohibición de no innovar sobre cuotas sociales suscriptas por dicho empleado en otra empresa y sea inscripta en el registro público de comercio. Además se le dispuso la inhibición general de bienes, debiéndose oficiar para su inscripción en los registros del automotor y de la propiedad, precisaron fuentes tribunalicias.

En la acusación, el fiscal Ríos Artacho había solicitado una medida cautelar no privativa de la libertad para el empleado, incluyendo prohibición de salir del país y de acercamiento a la empresa de seguros, viajes y turismo en la que trabajaba, por un radio de 500 metros a la redonda.

Ríos Artacho también solicitó medidas de coerción real consistentes en una medida de no innovar sobre las cuotas sociales de una empresa de la que el imputado es parte y sea inscripto ello en el registro público de comercio, habilitándose al MPA o al imputado para realizarlo. Por último peticionó la inhibición general de bienes que deberá inscribirse en los registros del automotor y de la propiedad.

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