El Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta aplicó la primera sanción a un chofer del servicio de autos particulares Uber, con una multa de 77.000 pesos y el secuestro del vehículo.
La dura sanción llegó después de que el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 15 de la Ciudad, Víctor Trionfetti, hizo lugar a un amparo presentado por el Sindicato de Peones de Taxis, que conduce Omar Viviani.
La empresa internacional Uber aseguró que continuará operando «con normalidad» pese a que la Justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad que «de modo inmediato» suspenda sus actividades hasta que haya sentencia firme.
En medio de la fuerte polémica y la judicialización del tema, la administración porteña sacó a las calles un intenso operativo para detectar a los conductores de Uber, multarlos y acarrear sus vehículos.
La primera sanción se aplicó el martes, por un valor de 77 mil pesos, un monto que equivale aproximadamente al 35 por ciento del valor del auto implicado, que también fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia.
Tras el procedimiento realizado en avenida Directorio al 500, en el barrio porteño de Caballito, la firma de transporte dijo que se hará cargo de la multa y ratificó que seguirá ofreciendo el servicio.
La Agencia Gubernamental de Control dispuso la clausura del servicio y envió notificaciones a todos los domicilios vinculados a esta empresa, pero allí también las autoridades se encontraron con una sorpresa.
El secretario de Transporte de la Ciudad, Juan José Méndez, dijo en declaraciones a radio Vorterix la gestión de Rodríguez Larreta quiso comunicar a la compañía la clausura, pero no pudo: «No tienen oficinas».
«El fallo judicial nos pide que hagamos todo lo que está a nuestro alcance para que la compañía cese su actividad», comentó Méndez al justificar la decisión oficial de impedir que la firma opere.
«Lo estamos comunicando en la Policía, en la fiscalía. Esta clausura rige sobre el servicio y eventualmente cuando encontremos las oficinas, también sobre las oficinas», explicó el funcionario porteño.
El gobierno tiene desde el miércoles 13 sólo 5 días para localizar a las autoridades de la compañía extranjera y comunicar al juzgado cuales son las medidas que adoptaron para cumplir el fallo.
