Se cortó la leche. La provincia convocó para este viernes a una reunión de emergencia al gobierno nacional, legisladores santafesinos, intendentes y concejales y al sindicato lechero Atilra para “no dejar caer” a Sancor, en respuesta a la virtual caída del plan de salvataje que había comprometido el gobierno nacional. El cónclave será este viernes a las 11.30 en la Sede de Gobernación de Rosario y estará encabezado por el propio gobernador Miguel Lifschitz y parte de su gabinete. La convocatoria se da en un marco de incertidumbre con la puesta en duda del anunciado préstamo del Fondo para el Desarrollo Económico Argentino (Fondear) de 450 millones de pesos para recomponer la operatividad de la cooperativa, que adeuda salarios a trabajadores, pago de leche a tamberos y otras materias primas a proveedores.
Sancor tiene 16 plantas de las cuales la mayor parte (ocho) está en territorio cordobés, y tres en provincia de Buenos Aires. De las cinco en Santa Fe, una, la de Centeno, está cerrada y en Gálvez, que produce quesos y en la que prestan servicio 280 trabajadores, los empleados lanzaron un paro por tiempo indeterminado y se apostaron en las puertas de la firma. Uno de los delegados, Eduardo Pitón, explicó a El Ciudadano que la medida se resolvió tras una convocatoria en la plaza principal de Gálvez y una reunión con el secretario general de la seccional local de Atilra –que también incluye a Centeno– Nicanor Villafañe. El encuentro se había pedido para el martes, pero se concretó el miércoles, tras un plenario de secretarios generales en Sunchales. Villafañe no acercó ninguna respuesta y presentó su renuncia por problemas de salud.
“Nos sorprendió a todos”, lamentó Pitón, que explicó que el paro –sin cortes de ruta ni bloqueo al ingreso de materia prima a la planta y con mantenimiento de la cadena de frío– es por la falta total de respuestas desde la patronal e incluso desde la federación de Atilra, desde donde no les llega precisión alguna de qué ocurre.
En Gálvez se adeuda a los empleados con salarios más altos parte del sueldo de febrero, a todos, el sueldo de marzo y no tienen certeza alguna de los sueldos de abril.
El intendente local, Martín Fissore, cuyo padre “trabajó 40 años” en Sancor, acompañó la medida de fuerza ante una situación que como en el caso de Centeno hiere gravemente a la economía local. “Uno ve las caras de tristeza, entendemos que han tenido que tomar esta decisión extrema porque ya no da para más”, dijo el propio jefe comunal ayer, antes de ser convocado a la reunión en Rosario. Y refirió que a nivel local están discutiendo la postergación de pago de impuestos y servicios para los trabajadores.
Aunque la medida de fuerza se decidió a nivel local, ayer crecían las versiones de que otras plantas podían detener también la producción: fuentes del sector situaban otro conflicto en la localidad de Brinkmann, Córdoba, donde Sancor produce leche en polvo y quesos.
Y no se descartaba que el conflicto se extendiera a San Guillermo y Ceres, que junto a la central Sunchales son las otras tres usinas de Sancor en territorio santafesino.
Sin salvavidas
Paradójicamente, la situación de incertidumbre no sólo es de los trabadores, sino de la propia firma. Ayer, el titular de la cooperativa, Gustavo Ferrero, pidió “reflexión” a la industria lechera, al gremio Atilra y a la Nación para salir de la crisis. El ejecutivo recordó que el préstamo por $450 millones había quedado supeditado a un acuerdo sectorial entre los industriales y el gremio. “Se está afectando gravemente la actividad productiva y comercial”, advirtió.
Ferrero explicó que junto a Atilra se había logrado acordar con el gobierno nacional un plan, en el que Atilra había acordado la resignación de un 15 por ciento del salario de todos los trabajadores que sería devuelto a partir de 2018. También se pidió al gremio la renuncia temporaria a una asignación extraordinaria que la industria láctea paga desde 2009 y que la deuda de Sancor por obra social y aporte sindical fuera refinanciada a largo plazo, con un período de gracia y con quita de intereses.
Atilra aceptó, pero el salvataje acordado hace 15 días no llegó. “Este préstamo está supeditado a un acuerdo sectorial entre los industriales y el gremio”, explicó Ferrero. “Sancor no puede resolver este punto por sí solo, por lo que rogamos a las partes involucradas que reflexionen y puedan llegar a una pronta solución. Aspiramos a que esta situación se resuelva rápidamente, ya que se está afectando gravemente la actividad productiva y comercial”, marcó el presidente de la cooperativa.
Las palabras de Ferrero apuntaron directamente al centro de una pulseada: el trascendido es que toda la industria láctea busca calcar las facilidades de Sancor, para remontar una situación de crisis generalizada. Y la especie indica que para ello cuentan con un guiño del gobierno nacional, o al menos de un ala de éste.
Este jueves, Atilra esbozó una negativa frontal ante esa línea de avance. “Sancor es un rehén y hay gente que quiere que los trabajadores paguemos el rescate para que la salven”, fustigó el abogado Alberto Coronel, asesor letrado del sindicato.
El abogado refirió que el acuerdo que comprendía a tamberos, proveedores y al gremio “se suscribió hace más de tres semanas y teóricamente al día siguiente de la suscripción se iban a liberar los fondos para Sancor, pero no se hizo”.
Y marcó que, en cambio, se le planteó al gremio una negociación más extensa: “Se nos pidió modificar las condiciones de negociaciones de salarios, que se abra el convenio colectivo de trabajo para la negociación y que se revean los importes del aporte patronal permanente, condiciones de renegociación que involucran a todas las industrias, no solamente a Sancor”, se quejó. “Podemos considerar todo, siempre y cuando la inflación no se desmadre. Pero esto no debe ser en el marco del condicionamiento de la deuda a Sancor”, reclamó.
Por su parte, el adjunto de Atilra a nivel nacional, Ricardo Pecotche, fue tajante: “Si Sancor cae, será absoluta responsabilidad del gobierno nacional por no haber cumplido con el acuerdo firmado”.
Barajar y dar de nuevo
En medio del rebrote del conflicto, el gobierno de Lifschitz convocó a la cumbre de este viernes. En ese marco, el ministro de la Producción, Luis Contigiani, salió a advertir, sin apuntar a quiénes, que hay sectores “que pueden beneficiarse con el cierre” de Sancor. Y dijo que la intención de la Casa Gris es “encontrar una salida política al más alto nivel” para la continuidad de la firma, “de la que dependen 22 mil puestos de trabajo”.
“Nuestra posición estará del lado de los más de 4 mil trabajadores directos que están viviendo una gran angustia y de casi 22 mil puestos indirectos, atravesando a muchísimas localidades de Santa Fe”, señaló el ministro en una entrevista de Radio 2.
El funcionario propuso “cambiar lo que funcionó mal adentro y afuera” de la firma y advirtió: “Antes de pensar en “una nueva lechería en Argentina primero tenemos que arreglar Sancor”.
“Lo que está en juego es muy grande. Debemos garantizar la continuidad de la cooperativa, de lo contrario va a tener consecuencias sociales muy duras. Lo que está en juego es muy grande”, concluyó Contigiani.
