El Observatorio del Frente Social y Popular de Santa Fe dio a conocer un relevamiento en torno del tratamiento legislativo de los conflictos obreros en la provincia desde la llegada a la presidencia de Mauricio Macri. En el informe se da cuenta de los despidos, suspensiones y falta de pago de haberes en distintas ramas de la industria y el comercio de Santa Fe que generaron proyectos legislativos en la Cámara baja provincial durante este período.
Este informe, del que dan cuenta los diputados Carlos del Frade y Mercedes Meier del Frente Social y Popular, sostiene que si algo caracterizó a la actual etapa de la Legislatura provincial fue la presencia de conflictos de trabajadores entre los temas que la agenda fue imponiendo desde que Mauricio Macri llegó a la presidencia del país.
Desde el 10 de diciembre de 2015 se presentaron 52 proyectos vinculados con despidos, suspensiones y falta de pago de haberes en industrias y comercios de la provincia de Santa Fe.
En diferentes proyectos que fueron desde pedidos de informes, expresiones de preocupación, hasta pedidos de intervención por parte del gobierno provincial, la actividad legislativa de diputados dio cuenta de 1.724 despidos ocurridos hasta la fecha, 1.200 suspensiones y el reclamo de 1.303 trabajadores, ante el retraso o la falta de pago de haberes en término.
Uno de los primeros conflictos que se hizo presente en la actividad legislativa es el de Paraná Metal, que lleva ya varios años sin poder llegar a una solución que incluya a los trabajadores. A 18 días de la asunción de Macri, el 28 de diciembre de 2015 ingresaron dos proyectos en alusión a los 150 empleados de la empresa. Uno que solicitaba que los trabajadores damnificados por el cierre de la empresa gozaran desde el mes de diciembre de 2015 y hasta el fin del conflicto de la exención del Impuesto Inmobiliario; y otro en mismo sentido pero apuntado al pago de servicios. Entre los conflictos que más actividad requirieron se encuentra el despido de 350 trabajadores por parte de los hipermercados Coto, Carrefour, Jumbo y Libertad, en el marco de la presión contra la sanción de la ley de descanso dominical.
Cierres
La gravedad de las situaciones que se afrontaron en este período está signada por el cierre de empresas, el mayor causal de despidos. Tal es el caso de los 420 trabajadores que quedaron sin fuentes laborales tras el cierre de la empresa AR-Zinc, en la localidad de Fray Luis Beltrán.
Otros casos similares fueron los de la fábrica de llantas Mefro Wheels en Rosario, comprada por un grupo alemán y con el despido de 170 trabajadores, o de la aceitera Ricedal de Chabás que dejó en la calle a 28 trabajadores.
Al igual que en el caso de la fábrica de llantas, el sector del calzado, golpeado por la apertura indiscriminada de las exportaciones, despidió por cierre trabajadores como los 30 de las empresas Pirri, Jandy y La Huella, tres empresas dedicadas a la producción de calzado, o los 15 que dejó en la calle Primeros Pasos, empresa también del área del calzado oriunda de Zavalla.
El Estado despide
En el ámbito laboral del Estado hubo pedidos por 50 trabajadores vinculados al Sedronar, que fueron despedidos o a los que directamente no les renovaron contratos precarios en forma de becas o subsidios.
También el Inadi de Santa Fe y el Centro de Asistencia Judicial de Villa Moreno en Rosario sufrieron el despido de 3 trabajadores cada uno durante el año pasado.
También las cooperativas tuvieron su capítulo negro como es el caso de la Cooperativa de Aguas de Fray Luis Beltrán, que dejó en la calle a 17 trabajadores que llevaron su reclamo a la Legislatura.
Los medios de comunicación no se mantuvieron al margen de la situación, y esto también se vio reflejado en la actividad legislativa. A 12 despidos denunciados en diciembre de 2016 en Radio Nacional Santa Fe, se suman los 82 trabajadores del diario El Ciudadano de Rosario, muchos de los que luego consiguieron conformar la Cooperativa La Cigarra para mantener sus fuentes laborales.
“La caída del comercio, y muchas veces el oportunismo y la ambición de muchos empresarios sin escrúpulos también se cobraron varios puestos de trabajo y esto se vio reflejado en la Legislatura”, sostienen los legisladores.
Trabajadores que llegaban y se encontraban con los comercios vacíos y la cerradura cambiada fue una postal que se repitió en los 8 despidos de Casa Blejer, histórica librería rosarina y en Triangulo Color, casa de fotografía de esa ciudad que dejó sin trabajo a 30 familias.
Consumo
La caída del consumo interno fue otro de los puntales de varios de los despidos ocurridos en Santa Fe en el último período.
La industria de la carne, con caídas de las exportaciones y del mercado interno, se llevó puestos 32 puestos de trabajo en el Swift de Villa Gobernador Gálvez, 110 en Frideco de Totoras, y por lo menos 60 suspensiones denunciadas esta semana y sospechadas de despidos encubiertos, en la planta de Sugarosa que Matievich adquirió en 2015 en Villa Gobernador Gálvez. En rubro cercano 150 trabajadores de las Toscas perdieron su trabajo en Sadesa, la única curtiembre vegetal que poseía el grupo con presencia en todo el país, que luego fue reabierta como Don Arturo de la curtiembre Arlei.
Sin tambos
Desde el año pasado, pero con una agudización de su crisis por las inundaciones en tambos y la caída internacional del precio de la leche, el sector lácteo estuvo presente (y promete seguirlo estando) en las preocupaciones expresadas en la actividad parlamentaria.
Con las 500 suspensiones de Sancor encabezando las preocupaciones, y la amenaza de cierre de 4 plantas con más de 4.000 trabajadores, la lista incluyó a Luigi SRL de la localidad de Eustolia, que en marzo del año pasado despidió a 16 trabajadores tras su cierre. Este año el sector no da visos de mejoramiento y en febrero los 17 obreros de la planta fabricadora de quesos Chateaubriand de la localidad de Carmen tomaron el establecimiento denunciando el vaciamiento e intento de cierre por parte de la patronal.
En algunos casos los conflictos que llegaron a la Cámara lo hicieron antes de que se transformen en despidos, lo que puede ser una señal de alerta previa. Es el caso de la gran cantidad de suspensiones que se dieron principalmente en grandes empresas. Esta modalidad, sin embargo, es denunciada por los trabajadores y sus organizaciones como una forma encubierta de despidos, para evitar conflictos. Según explican fuentes gremiales, durante las suspensiones las empresas operan para que se acepten retiros voluntarios o simplemente renuncias por el desgaste.
Es el caso de General Motors (General Alvear) que la semana pasada anunció 350 suspensiones por 9 meses o la fábrica Bahco de Santo Tomé que en noviembre de 2016 suspendió a 200 trabajadores. Acindar Navarro, la empresa que la multinacional ArcelorMittal tiene en Rosario, hizo lo mismo con 150 trabajadores, lo que motivó incluso que la comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y Previsionales de la Cámara de Diputados fuese incluso en pleno a una reunión entre la empresa y los trabajadores.
Por último, también se registraron reclamos legislativos vinculados a la falta de pago de salarios en tiempo y forma, algunos tras varios meses de atraso.
En el territorio
El 31 de noviembre del año pasado, ante la grave situación que atravesaban los trabajadores textiles de la ciudad de Reconquista, la comisión también se hizo presente, como en febrero de este año cuando Miguel Ángel Solís (PS-FPCS), presidente de dicha comisión permanente, Oscar Pieroni (PS-FPCS) y Carlos Del Frade (FSP) participaron de la nueva audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe en la sede de la delegación Rosario, en relación a los 17 puestos laborales de la empresa Lácteos Chateaubriand SA, de la localidad de Carmen, departamento General López, quienes fueron despedidos “sin causas fundamentadas”.
Sancor también fue visitada por la comisión para interiorizarse de la situación. Por su parte, la comuna les pidió a los legisladores la realización de un pedido de informes por la crisis de la empresa.
Ante esta realidad el legislador del Frente Social y Popular Carlos Del Frade expresó en varias oportunidades la necesidad de catalogar de “delito social” el accionar de muchos empresarios.
