Luciana Mangó
El embarazo de la niña de 12 años oriunda de Garibaldi, quien fue captada por la organización Grávida para evitar que abortara, dejó en evidencia las dificultades que mujeres y gestantes tienen para acceder a la práctica durante el segundo trimestre en el norte y centro de Santa Fe. Según el Monitoreo Social Santafesino de Acceso a los Cuidados en Salud Sexual, 7 de cada 10 efectores públicos no garantizan la Interrupción Legal del Embarazo (Ile). En tanto, 8 de cada 10 mujeres y gestantes no saben dónde abortar. A dos años de la sanción de la ley 27.610, integrantes de la Campaña por el Derecho al Aborto piden mayor difusión sobre el acceso al derecho y a la información sobre salud sexual en toda la región.
“Pedimos que se difunda el contenido de la ley a través de campañas públicas masivas por distintas plataformas y distintos lenguajes para que la población sepa cómo acceder, dónde reclamar y cuáles son los derechos y plazos. Queremos que se apropie como un derecho y una práctica más de salud porque sabemos que la sola aprobación de la ley no termina con la estigmatización del aborto construida durante décadas”, expresó Lucrecia Aranda, integrante de la Campaña.
Sin garantías
La niña de 12 años nació en Garibaldi, una localidad del departamento Castellanos, ubicada a 122 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Cuenta con una población de 400 habitantes según el Censo 2010. A mediados de diciembre, la niña viajó junto con su madre hasta la capital provincial para hacer una consulta médica en la que detectaron que estaba embarazada. Había sido víctima de abuso por parte de su padre y pidió interrumpir el embarazo que llegaba el segundo trimestre de gestación. Su madre estuvo de acuerdo y pactaron una cita para este lunes 2 de enero en el Hospital Iturraspe, aquel que en 2007 le negó la posibilidad de abortar a Ana María Acevedo, una joven de 19 años que padecía cáncer y murió al igual que su bebé días después de parir.
“Desde Ana María Acevedo se había declarado objetor de conciencia y las mujeres que cursaban el segundo trimestre tenían que viajar a Rosario para hacerse un aborto. Hoy el equipo está trabajando muy bien y es algo muy importante para la provincia”, destacó Ángeles Guerrero, militante de la Campaña de Santa Fe.
Sin embargo, la niña y su madre nunca llegaron. El fin de semana anterior a la consulta médica fueron captadas por la organización religiosa Grávida para impedir que la niña concretara su deseo de no ser madre. La Secretaría de Niñez y otros organismos estatales intervinieron para tutelar a la niña, quien finalmente fue recibida por las y los profesionales de un efector público de salud acompañada por un equipo interdisciplinario.
La situación de esta niña reveló el accionar de los grupos religiosos y provida en la provincia y en el resto del país -Grávida tiene 69 sedes en Argentina- y evidenció además las dificultades que mujeres y gestantes tienen para acceder a un aborto legal en el segundo trimestre de embarazo.
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Según el último Monitoreo Social Santafesino de Acceso a los Cuidados en Salud Sexual, más del 70 por ciento de los efectores de salud públicos del centro norte de Santa Fe no garantiza la ILE en el segundo trimestre. De los 164 centros de salud y hospitales relevados, el 75% de los encuestados en los Departamentos General Obligado, San Javier y Vera, que tiene como cabecera a Reconquista, respondió que no realiza la práctica; en los Departamentos Castellanos, 9 de Julio y San Cristóbal, con cabecera en Rafaela, un 45% dijo que no realiza la intervención y el 54.5% no sabe/no contesta. En los Departamentos La Capital, Garay, San Jerónimo, Las Colonias y San Justo, con cabecera en Santa Fe, el 73.4% no garantiza la práctica, bajando al 50% en el Gran Santa Fe.
La localidad de Vera, a 256 km de Santa Fe, tiene el único de los hospitales relevados de la región que garantiza el derecho. En el resto de las regiones encuestadas no hay garantías de la práctica.
“En Santa Fe falta trabajar en la apropiación de los derechos en relación a la sexualidad. Sigue siendo un tabú y sigue habiendo problemas con la Educación Sexual Integral (ESI) en la provincia. Mientras no se derribe esa discriminación y prejuicios, una chica de una localidad pequeña no podrá atenderse en su pueblo y necesitará una excusa para ir al pueblo de al lado. Sigue haciendo falta voluntad política, capacitación y activismo de la Campaña para monitorear la ley, seguir alerta ante criminalizaciones y hacer interlocución con distintos niveles del Estado cuando algo no funciona”, señaló Aranda, desde la Campaña.
Desconocimiento
Otro de los datos del Monitoreo es que sólo una de cada diez mujeres que residen en el centro-norte provincial está en condiciones de acceder a una IVE/ILE ya que conoce dónde solicitarla.
El 81% de las mujeres encuestadas no tiene información sobre el acceso a la entrega de medicación para interrupciones voluntarias del embarazo. Y un 81,3% desconoce la existencia de la línea de atención gratuita en salud sexual del Ministerio de Salud de la Nación (0800-222-3444).
El 74% de las encuestadas no sabe si hay algún centro de salud u hospital cercano que realice abortos, y el 14% afirma directamente que no los hay. El 12% sí conoce otro efector donde se realiza la práctica.
“Saben que es legal pero no saben dónde pedirla. Por eso, exigimos una mayor difusión de la ley en centros de salud y de la línea 0800 salud sexual”, dijo Guerrero, quien integra MultiPalabras, una alianza de la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe y la Asociación Civil Palabras, a cargo del informe.
En relación a los métodos anticonceptivos, el 85,3% de las encuestadas afirmó utilizarlos. Entre los más usados se registraron anticonceptivos orales (pastillas) 35,2 %, inyectables mensuales 12,5%, ligadura de trompas 11%, chips 9,7%, dispositivos intrauterinos (DIU) 3,4%, preservativos 4,8% y -en porcentajes menores- se usan métodos combinados.
“Estos porcentajes dan cuenta de que la responsabilidad en el cuidado de la salud sexual recae fundamentalmente en las mujeres y, por otra parte, preocupa el escaso uso de preservativos ya que daría cuenta del precario cuidado respecto a enfermedades de transmisión sexual”, señalaron en el informe.
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Las encuestas del monitoreo fueron anónimas y abarcaron un universo de 712 usuarias y 164 efectores (centros de salud y hospitales) del sistema público de salud de los 11 departamentos del centro y norte de la provincia de Santa Fe. Las realizaron más de 70 militantes feministas de unas 18 organizaciones civiles, entre octubre de 2021 y enero de 2022, con autorización del Ministerio de Salud de la provincia.
Les preguntaron por su vínculo con el efector de salud donde fueron encuestadas, el uso de métodos anticonceptivos, el acceso al misoprostol, y la información que poseen sobre las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE/ILE) y sobre la Línea 0800 Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación (0800 222 3 444).
Las edades de las encuestadas oscilaron entre los 14 y 45 años. El 23,7 % de las encuestadas no tiene hijos o hijas. El 76,3% que sí, tiene entre 1 y 3 niños o niñas. En relación al trabajo remunerado, el 58,7% no lo posee y un 41,3 % sí tiene empleo formal. Del porcentaje que no tiene trabajo remunerado, el 45% no terminó el nivel secundario.
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