Carlos Álvarez
Especial para El Ciudadano
A mediados de 1920 se conformó una Convención Constituyente a los efectos de crear una nueva Constitución para la Provincia de Santa Fe. La misma era por demás progresista y de vanguardia, instituyendo elementos de democracia directa como el referendum, al tiempo que otorgaba una mayor autonomía a los municipios: talón de Aquiles del delicado e inestable equilibrio de fuerzas entre Rosario y la capital provincial desde finales del siglo XIX.
La llegada de José Gálvez a la gobernación de Santa Fe en 1886 imprimió un giro en la lógica administrativa y burocrática provincial, marcada por una fuerte impronta centralista. Poco antes de finalizar su mandato y ser reemplazado por Juan Manuel Cafferata, promovió una reforma constitucional afín a su lógica por medio de la cual las municipalidades perderían prerrogativas como la elección de sus intendentes, el voto de los extranjeros, el control de la Justicia local y la educación, pasando éstas a estar bajo la órbita provincial y siendo el intendente designado por el gobernador.
El interés de Gálvez era poder tener un control más férreo sobre la ciudad al tiempo que ésta quedaba limitada a una dimensión administrativa desprovista de vida política. Finalmente, en 1900 se sancionó una nueva Constitución que no modificó sustancialmente las previas, siendo que la rigió hasta 1927.
Aquella situación constituyó un atropello para Rosario, pujante ciudad portuaria que en menos de cincuenta años había pasado de ser una villa litoraleña a ser una ciudad clave en el mercado agroexportador.
De esta forma, la ciudad pasó a estar gobernada por un Consejo Deliberante (CD) elegido por los vecinos habilitados (aquellos que pagaban impuestos) y por un intendente designado por el gobernador.
Esto constituía una ecuación de suma cero, donde las peleas entre el CD y el intendente eran frecuentes, puesto que el cuerpo legislativo municipal debía lidiar con un emisario directo al servicio de los intereses del gobernador, sin ningún tipo de legitimidad en el marco de la ciudad.
En febrero de 1909, Rosario se vio sacudida por una huelga de contribuyentes que obligó a la renuncia al intendente, al jefe político y al conjunto del Consejo Deliberante, dejando a Rosario virtualmente acéfala.
Independientemente de los factores que desencadenaron aquel evento, éste se enmarcaba dentro un entramado conflictivo aun mayor, inaugurando una nueva etapa de la vida política rosarina y provincial que por al menos dos décadas constituyó un virtual empate entre los intereses provinciales y municipales.
La solución a aquel evento fue la reforma del código electoral, lo cual permitió que la recientemente creada Liga del Sur, liderada por Lisandro de la Torre, pudiera no sólo ingresar al CD, sino dominarlo por más de dos décadas.
El ingreso de los liguistas suponía una ruptura de los engranajes de control provincial sobre la ciudad, aunque la figura del intendente siguiera siendo la misma.
Las dos siguientes décadas estuvieron tensadas entre el control provincial de la ciudad a través del intendente y la lucha por la autonomía del CD, en manos del Partido Demócrata Progresista (PDP), que fue la evolución partidaria de la Liga del Sur.
A partir de la aplicación de la Ley Sáenz Peña en 1912 en las elecciones provinciales de Santa Fe, ganó la provincia la UCR con Menchaca como gobernador. De esta forma, la situación municipal simplemente había cambiado de jugadores, pero no de tablero, viéndose ahora tensada entre el PDP en el CD y un intendente radical designado por la provincia. En lo concreto, la situación de control provincial sobre la ciudad permanecía sin mayores modificaciones.
Tras dos décadas de permanente interpelación, vetos y conflictos entre el intendente de Rosario (radical) y el CD municipal (demoprogresista), en 1920 se conformó una nueva constitución para el año siguiente, la cual además de ser vanguardista en muchos aspectos sociales y de jurisprudencia otorgaba una autonomía nunca conocida para las municipalidades, siendo claramente el norte perseguido por Rosario y el PDP por años.
La reforma contemplaba que los municipios de primera, es decir aquellos con más de 25 mil habitantes, podrían conformar sus propias cartas orgánicas, decidiendo sus propias leyes, dejando de estar reguladas por una Ley Orgánica provincial.
No obstante, en agosto de 1921 el gobernador Enrique Mosca la vetó, frustrando las posibilidades de una autonomía municipal en la cual Rosario pudiera elegir al conjunto de sus autoridades. Esta decisión de Mosca se alineaba con las decisiones nacionales de Yrigoyen.
El CD de Rosario desestimó el veto del gobernador y declaró lícita y vigente la nueva Constitución, por cuanto se apresuraron en convocar a elecciones locales para conformar una convención que redactara la nueva Carta Orgánica de Rosario que la nueva constitución provincial permitía.
Los comicios nunca sucedieron porque fueron reprimidos por el jefe político, otra figura provincial designada por el gobernador, quien evitó que tuvieran lugar.
Finalmente, hubo que esperar hasta 1927 para que la provincia redactara una nueva Ley Orgánica que introdujera modificaciones a la del 1900, pero que en el fondo seguía obturando las posibilidades de una gestión autónoma de los municipios.
La situación de crisis económica que llegaba en 1929, así como por el golpe militar de Uriburu, echaron por la borda las posibilidades de un cambio estructural. El golpe dejó cesante al CD, el cual pudo ser normalizado en 1932, cuando el PDP, con la abstención radical, ganó la gobernación provincial y el municipio, logrando unificar criterios por primera vez. Sin embargo, el verano duraría poco.
En 1933 se buscó la creación de una Carta Orgánica para Rosario, siendo elegido un año después intendente, por voto vecinal, Hugo Roselli, quien finalmente fue destituido por la intervención federal a la provincia ordenada por el gobierno de Justo en 1935.
De esta forma, entre la llegada a la provincia de Gálvez en 1886 y la intervención federal de Justo en 1935, Rosario ensayó intentos por liberarse de la tutela provincial, encontrando en la moderna Constitución de 1921 su salvoconducto, pero que, a pesar de las ilusiones y los intentos de aplicarla a toda costa, no logró la ansiada autonomía. Prueba de la inestabilidad que aquello generó y genera es que Rosario en sus 168 años como ciudad haya tenido 121 intendentes.
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