Vacunas, clonación, genética, embriones, transgénicos, células madres; son palabras tomadas aleatoriamente de una larga lista que remite a investigaciones y trabajos de profesionales con alta formación, pero que a la vez apuntan a temas sensibles a toda la sociedad y por ello generadores de profundos debates sobre ética y salud. Y Santa Fe coloca un mojón en este escenario: la Legislatura sancionó la ley que crea el primer Colegio de Biotecnólogos de Latinoamérica, fruto de la voluntad de sendos grupos de egresados y estudiantes de la ciudad capital y de Rosario.
La norma se trata, en rigor, de un primer paso. A partir de la promulgación –y el Ejecutivo ya dio señales positivas en ese sentido– resta el complicado proceso de constituir el Colegio, que estará dividido en dos circunscripciones como sus homólogos de la provincia, y a partir de allí conseguir instalarse como interlocutor de peso tanto en el espacio de las condiciones laborales de sus integrantes como en el de las discusiones éticas ineludibles a sus actividades. Esto último porque, tal como define el primer artículo de la norma, se trata nada menos que de saberes y técnicas que utilizan “organismos vivos, o partes de ellos, para la obtención de un bien o servicio útil para el hombre”.
La Asociación de Biotecnólogos de Rosario (Asobior) fue una de las impulsoras –junto a su par santafesina– de la norma. No hay antecedentes, por lo que fue necesario un largo período de consultas y discusiones para darle forma. Tampoco es casualidad que esta ley pionera surgiera en Santa Fe, porque en la provincia nació, en 1997, la primera carrera de Licenciatura en Biotecnología del país, dentro de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario.
“Hace unos cuatro años que nos veníamos juntando los estudiantes y egresados interesados en la problemática de la inserción laboral de los biotecnólogos y en la regulación de la profesión. Legalmente no existía nada; el egresado salía de la Facultad muy formado académicamente, pero con dificultades en la práctica por no tener un amparo legal a la hora de insertarse en un trabajo”. El que habla es Facundo Tonucci. Él, junto con sus compañeros de la Asociación Mercedes Gil, Ignacio Simó, Pablo Domizi y Matías Gulisano, conversó con El Ciudadano de este primer paso hacia la regulación de su profesión.
“Con un grupo de compañeros de Santa Fe (de la Universidad Nacional del Litoral) presentamos en el Senado el proyecto de ley que este año obtuvo la sanción definitiva en la Cámara de Diputados”, dicen los jóvenes licenciados respecto de la aprobación por unanimidad ocurrida el pasado 27 de septiembre. Y destacan el impulso dado a la iniciativa por el senador del PJ Danilo Capitani, del departamento San Jerónimo, y las diputadas María Eugenia Bielsa (bloque Encuentro Santafesino) e Inés Bertero, del socialismo.
Los biotecnólogos formados en Rosario enumeran una serie de dificultades con las que se enfrentan una vez que completaron sus estudios. Una es falta de reconocimiento de su competencia, por lo que a menudo son contratados como técnicos, lo que implica desmerecer la alta formación que reciben. Y también –detalle no menor– percibir sueldos menores.
También soportan el no reconocimiento explícito de la especialidad, lo que los lleva a depender de otros profesionales para acreditar investigaciones o desarrollos propios, tanto como para conseguir financiamiento de proyectos. Y, por si fuera poco, una ausencia casi total de cobertura legal frente a conflictos en donde se desempeñan.
Frente a ello está ahora la ley. Contiene 55 artículos que en su mayoría refieren a la conformación del Colegio, pero los tres primeros son medulares: precisan “qué es la biotecnología, qué hace un biotecnólogo y dónde lo hace”. Los dos siguientes, también trascendentes, enmarcan la disciplina, refieren a los derechos y obligaciones de los profesionales.
Así, el primer artículo especifica: “La Biotecnología utiliza organismos vivos, o partes de ellos, para la obtención de un bien o servicio útil para el hombre; transforma la naturaleza, debiendo lograr un fino equilibrio entre la ética y las necesidades socioeconómicas en un marco de máxima bioseguridad en función de su potencial peligrosidad; y en este contexto, utiliza distintas técnicas que permiten el mejoramiento de procesos”.
El segundo enumera un gran número de actividades que incumben a los biotecnólogos, y el tercero los ámbitos de actuación profesional. Aquí, uno de los más significativos para la provincia, dado su perfil productivo, es el agropecuario, eje de profundos debates en torno de los cultivos transgénicos, por caso. Los integrantes de la Asociación destacan otro de los que figuran: el ambiental. Remarcan en esto, por ejemplo, la biorremediación de aguas, sobre todo porque un alto porcentaje del territorio santafesino no cuenta con agua potable de cursos superficiales y depende de los subterráneos, muchos de ellos con alto contenido de arsénico. También, el diseño de bioinsecticidas, una solución ecológicamente menos agresiva que los agroquímicos. Otro aspecto es la incumbencia en el tratamiento de efluentes, un “problema” creciente de las grandes urbes. El mismo artículo completa los espacios de actuación con la industria farmacéutica, la salud y la producción de alimentos.
Mercedes Gil destaca, con la lista anterior como contexto, la trascendencia de la profesión para el presente y el futuro del país y la voluntad, entre quienes promovieron la ley, de insertarse en las discusiones sobre los rumbos de la investigación biotecnológica y su aplicación práctica. Una inquietud clave en ámbitos en los cuales los grupos y capitales trasnacionales suelen imponer tecnologías y modelos.
“La defensa del público, como todo Colegio, del mal uso de la profesión, y por otro la jerarquización del trabajo del biotecnólogo desde el salario, la jubilación, el perfeccionamiento académico”, sintetizan los integrantes de Asobior los objetivos que persiguen. El gen ya fue implantado con la aprobación de la ley.
