Conocida la denuncia penal contra el arzobispo de Rosario, Eduardo Martín y su par de la ciudad de Santa Fe Sergio Fenoy, por “usurpar funciones del Estado”, sobre la decisión de promover envío de informes privados sobre abusos sexuales cometidos por los propios miembros de la Iglesia Católica y así desplazar a la Justicia; desde el Arzobispado salieron al cruce de las críticas a través de un comunicado y afirmaron que «de ninguna manera» buscaron sustituir «el ámbito de competencia de la autoridad estatal» y que la iniciativa obedece a una disposición del Papa Francisco.
A título personal, Carlos Ensinck presentó la denuncia el pasado domingo en el Ministerio Público de Acusación. El letrado, presidente del Colegio de Abogados, entiende que dichas disposiciones de la jerarquía eclesiástica violan el Estado de Derecho y además resulta «sumamente cuestionable» que sea la propia institución la que pretenda concentrar estas denuncias. “Los antecedentes de encubrimiento de este tipo de delitos en la Iglesia son muy significativos y el Estado no puede permitir que se repitan”, aseveró.
Ensinck señaló que venía siguiendo el caso «desde hace mucho tiempo». Y en ese sentido tomó conocimiento de que en Rosario se había creado un sistema de recepción de informes y denuncias de casos de abusos cometidos dentro de la Iglesia Católica, que figura en la página web del Arzobispado de Rosario. Una modalidad similar se replica en la ciudad de Santa Fe, agregó, pero mediante correo electrónico.
«Su implementación responde a lo dispuesto por el Papa Francisco, de establecer un sistema estable y de fácil acceso al público para disponer de un lugar de encuentro y escucha, así como un número telefónico de contacto, y elaborar un informe a fin de remitirlo a la autoridad competente”, expresó el arzobispado local, a través de una carta firmada por el propio monseñor Martín y por el vicario general Emilio Cardarelli.
Desde Santa Fe, el arzobispo Sergio Fenoy aclaró que de ninguna manera la Iglesia Católica pretende reemplazar a la Justicia en las investigaciones, sino que será un espacio de escucha. «Los abusos a personas menores y vulnerables es un tema muy serio y el principio que rige todo este sistema de escucha es que cada vez que conocemos un caso como este tenemos la responsabilidad de ir a la autoridad correspondiente», indicó.
«El año pasado -amplió Fenoy-, el Papa lanzó un documento para todos los obispos, porque esto pasa en todo el mundo, y nos dio un año hasta el 1° de junio de este año para pensar este sistema. Estamos corriendo con esa fecha y por eso lo presentamos ahora», manifestó el arzobispo de Santa Fe.
El comunicado firmado por Martín y Cardarelli aclaró que «de ningún modo» el sistema «sustituye al ámbito de competencia de la autoridad estatal, sino que tiene como finalidad adoptar las decisiones administrativas y disciplinares dentro de su propio ámbito de actuación”.
Ensinck replicó que «la denuncia se refiere a los canales de comunicación que eligieron para recabar información sobre delitos de abuso sexual en la Iglesia, porque no dice ni da garantías de cómo se investigará, ni el derecho de las garantías constitucionales. El único camino de investigación son las fiscalías. El Estado es el único que puede tomar las denuncias penales por abusos sexuales». En diálogo con El Ciudadano apuntó que «si bien el camino de la Iglesia es correcto, la instrumentación está equivocada».
Según comunicó el Arzobispado de Rosario, la institución «se atiene y asume lo que decida la justicia de nuestro país, que es la única competente para ese fin y a la que se debe acudir».
