En mayo del año pasado 19 mujeres trans y travestis de Santa Fe fueron reconocidas como víctimas de la última dictadura militar a través de la reparación histórica contemplada en la ley provincial 13.298. Lo lograron después de presentar un recurso en la Justicia para ser consideradas presas políticas por su identidad de género.
El grupo fue el primero del país en acceder a este derecho que equivale a dos jubilaciones mínimas y les da la afiliación a la obra social Iapos. Actualmente, ya son 33 las beneficiarias. Desde la subsecretaría de Diversidad Sexual de Santa Fe buscan ampliar la pensión más allá de la dictadura. Es que las detenciones y apremios no terminaron con el gobierno de facto.
Hasta 2010 los códigos contravencionales permitían a la Policía llevarlas a la comisaría bajo figuras como travestismo, exhibicionismo o merodeo. De aprobarse, Santa Fe será la primer provincia reparar la violencia policial de la que fueron víctimas y sacará de la pobreza a alrededor de 220 personas, un cuarto del colectivo trans. Un proyecto en la Legislatura del diputado Carlos Del Frade busca dar el mismo beneficio a todas las trabajadoras sexuales.
En diálogo con El Ciudadano, el subsecretario de Diversidad Sexual de Santa Fe, Esteban Paulón, explicó que desde que comenzó la reparación histórica a víctimas trans de la dictadura estudian la forma de ampliar el beneficio. La idea es abarcar el comienzo de la democracia hasta 2010, cuando la provincia de Santa Fe derogó los códigos contravencionales, una lucha que comenzó Sandra Cabrera, la secretaria general de Ammar (el sindicato de trabajadoras sexuales) asesinada en 2004. A través del cruce de datos con la Anses, desde la subsecretaría estimaron que la ampliación beneficiará a 220 personas con un gasto estimado en entre 25 y 30 millones de pesos para 2019.
En Santa Fe el colectivo está formado por alrededor de 900 personas que hicieron el trámite de cambio de DNI. Desde la subsecretaría de Diversidad Sexual estiman que sumando a quienes no lo hicieron el número asciende a 1.100.
“Pensamos en una pensión equivalente a una jubilación mínima que incluirá a todas las integrantes del colectivo mayores de 40 años. Hay un grupo de 42 personas que ya cobran pensión por HIV y recibirían la diferencia. En total, es un gasto bajo para el Estado y es una medida de impacto porque saca de la pobreza al 25 por ciento del colectivo trans”, explicó Paulón.
La forma de acceder a la pensión será como la reparación histórica de víctimas de la dictadura, a través de los archivos policiales en donde constan las detenciones hasta 2010 bajo las figuras de merodeo, travestismo y exhibicionismo, todas consideradas faltas hasta esa fecha. Según Paulón, en 2019 presentará el proyecto a la Legislatura provincial, ya no como funcionario público sino como activista LGTBI.
El colectivo travesti trans es el más vulnerable de todos los que integran la sigla LGTBI. La exclusión y la violencia de las que son víctimas desde la adolescencia hacen que tengan una expectativa de vida de 35 años. Hasta 2010 en Santa Fe hacerse visibles era un pase directo a la comisaría. Lo mismo pasaba con quienes ejercían el trabajo sexual en la calle.
Además, según un informe elaborado en 2015 por la Federación Argentina de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans, el 90 por ciento de las personas trans no tiene empleo formal en la Argentina.
Reconocidas
La reparación histórica para víctimas trans de la dictadura empezó en mayo de 2018 con 11 rosarinas y 8 santafesinas. Después se sumaron otras 14 de Rosario y hoy son 33 las reparadas. El trámite que iniciaron para ser reconocidas las llevó a recordar todas las vejaciones que habían pasado durante los años de la última dictadura militar.
El ejercicio de memoria quedó cristalizado en la obra de teatro Finalmente Reparadas, en la que ellas actúan bajo la dirección de Omar Serra. La obra se estrenó el año pasado y recorrió el país. Las actrices partieron de sus experiencias personales para contar cómo eran tratadas por militares y policías tanto en la dictadura como en la vuelta de la democracia.
En la Legislatura
En diciembre el diputado provincial por el Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, y la Secretaria General de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), Georgina Orellano, presentaron un proyecto de ley para crear un Régimen Reparatorio para Víctimas de Violencia Institucional por motivos de trabajo sexual o identidad de género.
El proyecto prevé una reparación histórica para trabajadoras sexuales mujeres, varones y trans que hayan sido privadas de su libertad por causas relacionadas al ejercicio del trabajo sexual, prostitución o identidad de género en la calle. Consistirá en una pensión mensual no contributiva, con carácter vitalicio, equivalente a la suma de dos veces el haber mínimo de pensión vigente en Santa Fe.
La reparación fue pensada para trabajadoras sexuales que hayan ejercido hasta junio de 2010, cuando se derogaron los artículos 83, 87 y 93 del Código de Faltas. La Subsecretaría de Género de la provincia sería el área encargada de armar el registro. Hasta el momento el proyecto no fue tratado por la Legislatura.
Sin derecho
A nivel nacional se han elaborado distintas propuestas para reconocer a las personas trans víctimas de la violencia policial. En noviembre de 2017 organizaciones de diversidad sexual presentaron un proyecto en el Senado de la Nación para crear una pensión para víctimas trans de las fuerzas de seguridad durante y después de la dictadura. La iniciativa fue conocida como “Reconocer es reparar” y fue la segunda de este tipo que entró al Congreso.
La anterior quedó frenada en la comisión de Seguridad Interior. En ese entonces estimaron que que unas 300 personas trans de todo el país recibirían la pensión. Para Paulón, dar una pensión a las personas trans no le significa un gasto grande al Estado. “No fue una prioridad de la gestión de Cambiemos porque nunca permitió el tratamiento en comisiones ni lo promovió desde el Poder Ejecutivo. Cuando pasen las elecciones habrá que ver cuál es la voluntad política que hay. Soy optimista y creo que va a haber margen de debate”, concluyó.
