Tres hombres fueron condenados por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe a penas de entre 6 y 8 años de prisión tras haber sido hallados culpables de transporte de estupefaciente agravado, con fines de comercialización.
El hecho ocurrió en junio de 2010 cuando en una pista clandestina ubicada unos 15 kilómetros al oeste de la ruta 13, entre las localidades de Capivara y Constanza (departamento San Cristóbal), descendió una avioneta Pipper cargada con marihuana. La aeronave era esperada por personal policial que secuestró la carga, tres vehículos en los que pretendían cargar la droga y darse a la fuga y detuvo a cuatro personas, tres santafesinos y un paraguayo. Pero durante el proceso judicial, un juez subrogante les otorgó la libertad bajo fianza. Tras una apelación, se ordenó el arresto del cuarteto, pero el involucrado nacido en Paraguay nunca más pudo ser ubicado.
El tribunal federal, presidido por Luciano Lauría e integrado por los vocales María Ivón Vella y José María Escobar Cello, condenó a Raimundo López Barro a ocho años de prisión, como “cerebro de la organización”. Otro de los condenados fue José María Angini, quien recibió un pena de siete años de cárcel; mientras que el tercer sentenciado fue el peón rural Alberto Celestino Hoyos, quien fue acusado de prestar, desde su lugar de trabajo, “apoyo logístico indispensable” para la descarga de la droga. Por ese delito fue condenado a seis años de prisión.
La causa tuvo en su momento resonancia nacional, indicaron voceros del Centro de Información Judicial, por la cantidad de estupefaciente secuestrado ( 313 panes compactados de marihuana, que arrojaron un peso de 278 kilos), la logística empleada (avión, handies, celulares, nueve bidones con combustible, autos y camioneta) y por las vicisitudes de la misma ya que un juez subrogante, circunstancialmente a cargo del Juzgado Federal de Reconquista por la ausencia de su titular, Aldo Mario Alurralde –quien por ese entonces integraba el Tribunal de la causa Margarita Belén llevada a cabo en Chaco–, a una semana de haberlos procesado con prisión preventiva les concedió la libertad con una fianza de $10.000 a todos los imputados.
Casi un mes después, el juez Alurralde dispuso nuevamente la detención de los imputados. Los santafesinos fueron arrestados, mientras que el cuarto involucrado, Miguel Ángel Figueredo Taboada, nacido en Paraguay, nunca pudo ser hallado. Actualmente, sobre el acusado pesa un pedido de captura internacional.
