Política

Crímenes de la dictadura

Santa Fe: condenaron a cuatro ex policías por el asesinato del militante Orlando Navarro en 1976

Por primera vez se probó que la comisaría 3ª de la ciudad de Santa Fe funcionó como un centro clandestino de detención en la última dictadura. En el marco de esta causa se investigó la muerte de Navarro, que la Policía presentó como un suicidio, y el secuestro y torturas a otras cinco personas


Militantes frente a la comisaría 3ª, donde fue torturado el abogado del Partido Comunista Revolucionario.

Mariángeles Guerrero / Especial para El Ciudadano

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó este viernes a cuatro ex policías por el asesinato del abogado y militante político Orlando Navarro, y por la detención ilegal de otras cinco personas en 1976. En el juicio se probó además que la comisaría 3ª de la ciudad de Santa Fe fue parte del circuito represivo de la última dictadura. El abogado querellante por la organización Liberpueblo, Nicolás Taubert Sanz, valoró: “Se logró probar que las seis víctimas estuvieron secuestradas y que fueron torturadas en la comisaría 3ª. También, que Navarro fue asesinado en esa comisaría y que no murió producto de un suicidio, como dijo la Policía de la provincia de Santa Fe”.

Por estos hechos hubo cuatro imputados, todos integrantes de la dependencia policial en 1976. Se trata de Carmelo Rolón (oficial principal y subcomisario), José González (oficial ayudante), Félix Ríos (agente y cabo) y Rodolfo De la Iglesia (oficial principal).

Tras valorar los testimonios y las pruebas, el tribunal resolvió no hacer lugar a los pedidos de nulidad realizados por la defensa. Acto seguido condenó a Rolón a 15 años de prisión por la privación ilegal de la libertad y la aplicación de tormentos a los militantes. En el caso de Navarro, a la privación ilegítima de la libertad y a la aplicación de tormentos se le sumó el agravante de que la violencia utilizada resultó en la muerte. González fue condenado a 12 años de prisión por su participación en ese crimen.

Además, condenaron a Ríos a tres años de prisión como autor del delito de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos, también en perjuicio de Navarro. Para De la Iglesia se dispuso la misma condena por la privación ilegal de la libertad de Leda Fernández.

Las audiencias de la causa –conocida como Causa Rolón– se iniciaron a principios de abril. A lo largo de las mismas, y gracias a documental hallada durante trabajos de refacción en la comisaría en 2016, se pudo aclarar lo ocurrido con Navarro.

El militante, apoderado del Partido Comunista Revolucionario en Santa Fe, había sido detenido el 12 de septiembre de 1976. Cinco días después apareció ahorcado en la comisaría 3ª. Al recibir su cuerpo, la familia advirtió marcas de torturas. Su entorno cercano denunció entonces que en verdad había muerto como consecuencia de los tormentos y de los maltratos que había sufrido en la dependencia policial.

En la causa se investigó, además, la privación ilegal de la libertad –también en la seccional tercera– de los militantes Carlos Borgna, Carlos González, María Susana Muñoz, Daniel Marangón y Leda Fernández. Todos ellos, al igual que Navarro, permanecieron secuestrados en esa comisaría. Más tarde fueron trasladados a distintos penales y recuperaron la libertad entre 1977 y 1981.

El tribunal estuvo integrado por José María Escobar Cello, Luciano Homero Lauría y Beatriz Dilario (presidenta). El fiscal interviniente fue Martín Suárez Faisal.

 

Los libros ocultos, la pieza clave

En febrero de 2016, mientras se realizaban tareas de remodelación de la comisaría, albañiles descubrieron papeles y documentación que habían sido escondidos detrás del cielorraso de un baño. Entre la documentación había libros de actas, libros de guardia y libros de detenidos correspondientes a las décadas del 50, 60, 70 y 80.

Estos documentos fueron una prueba clave en el marco de la causa Rolón. “De los libros se desprende, por ejemplo, que Ríos participó del secuestro de Navarro y que fue quien llevó a Navarro a la comisaría. También queda en claro, por la documentación, la participación de De la Iglesia en el secuestro de Fernández”, detalla Taubert Sanz.

El abogado querellante añade: “También surge que fue Rolón quien llevó el cuerpo de Navarro al hospital Cullen. Además, que Rolón y González fraguaron una nota seis días después del hecho, en donde mandaban los datos de Navarro para registrar su muerte diciendo que se había suicidado en el hotel La Pequeña Bolsa (donde vivía el militante). Con lo cual había dos fichas, una que decía que había muerto en la comisaría y ellos mismos diciendo después que había muerto en otro lado”.

Y subraya que, en torno a la muerte de Navarro, hubo varias irregularidades. Por ejemplo, no se le practicó una autopsia y las fotos existentes muestran parcialmente el cuerpo de la víctima. “El grado de encubrimiento que se pudo demostrar en los libros es muy grande”, señala.

La comisaría 3ª está ubicada la zona este de la ciudad, a escasos cien metros del transitado bulevar Gálvez, y a unas pocas cuadras del Puente Colgante. Si bien se había mencionado en testimonios brindados en el marco de los juicios de lesa humanidad, hasta 2016 no había pruebas concretas. “No estaban los libros de la comisaría, habían sido escondidos en una maniobra ex profeso para ocultar lo que había sucedido allí”, enfatiza Luis Larpin, del Foro Contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe.

“Allí había información de las personas secuestradas, de personal del Área Militar 212 que iba a torturar y que retiraba personas para ser torturadas en otros lugares”, agrega Taumet Sanz. Resalta: “De los libros surge también que hay muchas más víctimas que las seis de este caso, con lo cual la investigación respecto a los hechos de la comisaría tercera debe continuar para juzgar a los responsables de esos otros casos”.

En el marco de esta causa se realizó por primera vez una inspección ocular en la dependencia. “Se pudo verificar el espacio de la celda donde estuvo detenido Borgna, que fue la misma celda donde apareció muerto Navarro. El espacio fue muy modificado, pero se pudieron acreditar algunas cuestiones espaciales”, sostiene el abogado.

Larpin relata: “Este espacio fue liberado para la represión ilegal. Aquí hubo presos políticos que ingresaban ocultos, también ingresaban fuerzas que no eran de la comisaría, lo que llamamos ‘la patota’, que eran grupos de tareas, militares, policías y servicios de inteligencia”.

Y manifiesta: “Esta comisaría está ubicada en un barrio muy poblado. Aquí pasaban esas cosas y la sociedad no se daba por enterada. Fue muy terrible todo lo que pasó y no tenemos que permitir que vuelva a ocurrir. Queremos visibilizar ante la ciudad de Santa Fe que esta comisaría fue un centro clandestino de detención y tortura, junto con la comisaría 4ª y la 1ª”.

Marcela Giacomino es, al igual que Navarro, militante del Partido Comunista Revolucionario. Fue testigo de concepto en la causa, además de mantener vivo el recuerdo de su compañero de militancia. Respecto al encubrimiento de lo que ocurría en la Tercera durante la dictadura, concluye: “Hubo un pacto de silencio”. Y expresa un anhelo: “Esperamos que los jóvenes puedan tomar el material encontrado, porque seguramente habrá casos de mucha gente que pasó por ahí y que también sufrió. Tienen que tomar la posta los jóvenes para sostener la memoria y para este dar debate en sus institutos y universidades”.

 

¿Quién fue Orlando Navarro?

“Navarrito era un luchador, era un joven de familia humilde de Sunchales que pudo estudiar porque la universidad era pública”, define Giacomino. Lo recuerda como orador en las asambleas de la Universidad Nacional del Litoral y destaca la valentía del joven en tiempos de persecución política. En 1976, Navarro publicó una carta en el diario El Litoral en la que denunciaba a la dictadura. “Cuando vi ese artículo sentí un escalofrío, porque nosotros veníamos de La Plata, donde ya habían asesinado compañeros por la lucha antigolpista”, recuerda la entrevistada.

Hacia fines de los 60, “Navarrito”, como le decían sus compañeros, militó contra la dictadura de Onganía. Mientras tanto, estudiaba abogacía en la capital provincial. Sostenía sus estudios con una beca en el comedor universitario. Cuando se recibió, reafirmó su compromiso social y se abocó al derecho laboral. Fue uno de los promotores del primer sindicato de obreros rurales en San Javier, en la costa provincial. Para 1976, con 25 años, era apoderado del Partido Comunista Revolucionario.

Giacomino explica que, en esos años, no había sindicalización los obreros rurales, que trabajaban en condiciones muy precarias y que muchas veces pasaban meses sin cobrar. Ese fue el contexto contra el que luchó Navarro. “Después de 1976, se intervino la seccional y solamente quedó en pie la obra social”, dice Giacomino.

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