Después casi un mes en prisión, la Justicia santafesina resolvió que Rocío, la chica que llegó al hospital con una hemorragia postparto y fue acusada de matar a su bebé, pudiera continuar el proceso en la casa de un familiar. Así lo resolvió el juez Eduardo Andrés Pocoví, quien aceptó el acuerdo entre la defensa y la Fiscalía. Consideró la importancia de “no re victimizar a quienes son vulnerables” y en base a los informes presentados por la Municipalidad de la capital provincial y la Subsecretaría de Niñez Adolescencia y Familia provincial tuvo en cuenta el estado de “stress postraumático” de la joven. Rocío recibirá asistencia psicología y psiquiátrica y en los próximos días una junta médica evaluará su estado al momento del parto.
“Logramos que al menos esté en su casa junto con su familia. Creemos que tiene que ser sobreseída o absuelta luego del juicio porque la beba murió en un parto traumático. No hay hecho punible. Ella sufrió un parto en soledad que terminó con la vida de esa bebé y donde corrió riesgo también su vida”, explicó a El Ciudadano, Carolina Walker, abogada de la joven.
Silenciada
Rocío V. cursó los 9 meses de embarazo en soledad. Venía de un contexto de violencia y estaba asustada. Sola y en silencio parió en una casaquinta en Desvío Arijón, a 30 kilómetros de la capital provincial. Una hemorragia la descompensó. Cuando reabrió los ojos, gritó para pedir ayuda. El 8 de febrero llegó a la guardia del hospital José María Cullen, de la ciudad de Santa Fe, acompañada por la mamá y el papá con una hemorragia posparto y una beba muerta en una caja. Los padres recién se enteraban que ella estaba embarazada.
Los médicos revisaron el cuerpo de la recién nacida y decidieron denunciar a la joven, de 27 años. Cuando le dieron el alta, la Fiscalía ordenó detenerla. La acusaron de matar a su hija a golpes. Dijeron que había nacido viva porque había aire en los pulmones, aunque según la defensa son necesarios más estudios para determinar cómo murió la bebé. El juez Jorge Pegassano decidió que pase 45 días en la cárcel por homicidio agravado por el vínculo, un delito con la pena más alta del Código Penal: prisión perpetua.
“Ella es criminalizada desde el primer momento. La trataban como delincuente sin decírselo. Dieron por sentado que ella había asesinado a la beba. Trascendió en los medios de comunicación antes de hacer todos los estudios. La autopsia preliminar no pudo determinar si nació viva o no y cuáles fueron las causas de la muerte. Pese a eso, la imputaron por homicidio calificado por el vínculo”, dijo Walker.
Rocío pasó los primeros 30 días después de parir en una prisión. Estaba angustiada y con episodios de stress. La defensa pública que tenía ese momento pidió su libertad y luego la prisión domiciliaria. Los fiscales Roxana Marcolín y Marcelo Nessier se opusieron a que Rocío vuelva a la casa de los padres porque ellos son testigos de la causa y podría entorpecerla. El juez acordó con la Fiscalía y negó el pedido.
Tiempo después, la chica fue trasladada a un “buzón”, una celda de castigo para aislarla de otras detenidas que -según contó- la agredían.
Cuando los abogados Walker y Risso tomaron el caso hablaron con la Fiscalía y volvieron a pedir que Rocío espere el proceso fuera de prisión. Presentaron un informe del Programa Igualdad en la Diversidad, de la Municipalidad de Santa Fe, junto con otro de la Subsecretaría de Niñez Adolescencia y Familia.
Daban cuenta del estado de stress postraumático de la chica y de la necesidad de hacer un tratamiento médico en un lugar adecuado. Los defensores ofrecieron que Rocío quede a cargo de un familiar para que pueda además cuidar a su hijo de 4 años.
El juez Eduardo Andres Pocoví aceptó el acuerdo y Rocío podrá recibir atención psicológica y psiquiátrica. En los próximos días una junta médica de salud mental establecerá su situación al momento del parto.
Criminalización
Desde la mesa Ni Una Menos Santa Fe y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito acompañaron a la familia de Rocío en el proceso judicial. Desde las agrupaciones consideran que los médicos violaron el secreto profesional y que se trata de un caso de persecución y criminalización.
Lo compararon con el de Belén, la joven tucumana que tuvo un aborto espontáneo y pasó dos años y cuatro meses presa hasta que la Corte Suprema la absolvió por falta de pruebas.
“Estamos ante médicos y fiscales antiderechos que persiguen a las mujeres. Los medios de comunicación se hicieron eco de los que dijeron los médicos y fiscales y no tuvieron problema de exponerla. La declaran culpable y no presumen inocencia hasta que se demuestre lo contrario”, advirtió Claudia Hoyos, una de las referentes de las organizaciones de la ciudad.
