Seductor, valiente y osado. Así caracteriza la literatura universal a uno de sus personajes más fascinantes: Don Juan, un libertino que no respeta leyes divinas ni humanas. Con ese nombre fue bautizado en Paraguay un buque carguero que en los últimos años transportó combustible a la Argentina por la Hidrovía del río Paraná. Su mote de Don Juan bien podría interpretarse por el material inflamable con el que navegaba por aguas internacionales si no fuera porque además trasladaba toneladas de drogas ilegales. Cayó en desgracia en septiembre con casi 300 kilos de marihuana sin saber que sus andanzas no eran tan clandestinas como lo amerita su fama. Gendarmería Nacional lo vigilaba con discreción luego de que el mismo gobierno paraguayo advirtiera sobre las maniobras narcofluviales. La semana pasada, el juez federal que instruyó la causa procesó a nueve personas y se declaró incompetente por lo que remitió el expediente a Santa Fe, provincia destinataria de los envíos y en la que se incautó la droga.
El operativo Delivery Fluvial se hizo el 11 de septiembre pasado en la localidad santafesina de Santa Rosa de Calchines. Los federales secuestraron un cargamento de 292 kilos de marihuana y detuvieron a 18 personas, entre argentinos y paraguayos. La mitad fueron procesados la semana pasada por el juez Néstor Pablo Barral, a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Morón (Buenos Aires) luego de una investigación que llevó durante más de un año el fiscal federal de Hurlingham, Santiago Marquevich.
Según los voceros, la pesquisa buscaba probar el uso de la Hidrovía del río Paraná para traficar marihuana desde Paraguay a la Argentina, y luego descargarla en la zona costera de Santa Fe. Fuentes judiciales informaron que para ello se realizaron tareas de inteligencia, entre ellas, observar las andanzas del buque. Así, el 20 de junio vieron que el Don Juan descargó un cargamento de drogas que fue seguido por agua y tierra. Según la pesquisa judicial, en esa oportunidad los Gendarmes observaron que el buque paraguayo amarró en la boya 649 del río Paraná, a la altura de Puerto Curtiembre, en la localidad de Entre Ríos. Allí se acercó una barcaza que recibió una serie de bolsos que arrojaron desde lo alto del buque. Luego, la lancha se perdió entre los brazos y canales del río que conducen hacia la localidad santafesina de Santa Rosa de Calchines, a 40 kilómetros de la capital provincial. Con esos datos, los federales sólo se dedicaron a esperar.
Dos meses después, el 11 de septiembre, el buque tanque de 122 metros de eslora y 15 de manga reapareció en el kilómetro 706 del río Paraná, al norte de la localidad entrerriana de Piedras Blancas. Cerca de las dos de la madrugada se acercó una lancha y los marineros del Don Juan comenzaron a arrojar bultos al agua que eran recogidos por los tripulantes de la pequeña embarcación. Los federales realizaron un seguimiento fluvial controlado de la lancha que los llevó a Santa Fe y cuando los dos tripulantes quisieron descargar los bultos fueron detenidos.
De manera paralela fueron detenidos cinco sospechosos en una vivienda de Santa Rosa de Calchines que era vigilada. Los federales también demoraron a la tripulación del Don Juan y realizaron allanamientos en la capital provincial y la ciudad de Recreo, donde fue detenido el sindicado líder de la organización, Emilio Honorio Oscar Curi Huespe, de nacionalidad paraguaya. El hombre fue procesado junto a otras ocho personas por tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización.
Además del sindicado líder de la causa, quien residía a pocos metros de la casa central de la Universidad Nacional del Litoral, irán a juicio Mauricio Enrique Bogado Leiva y Hugo Rodrigo Rolon Valdéz, un albañil y un marinero oriundos de Paraguay. Y los santafesinos: Héctor Ernesto Alaniz, chapista; Rubén Adrián Álvarez, cobrador; Héctor Omar Fernández, pescador; Juan Andrés Acosta, carnicero; Marcela Guadalupe Leguizamón, vendedora ambulante; y Marcela Alejandra Sánchez.
Tras dictar los procesamientos, el juez de Morón Néstor Barral se declaró incompetente y envió el expediente al juzgado Federal de Santa Fe.
Voceros del caso dijeron que la causa se originó a mediados de 2018 a raíz de un informe que envió la Dirección General de Inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas de la República del Paraguay al Ministerio de la Nación argentino dando cuenta de la existencia de la organización internacional. Según trascendió, el informe revelaba que la banda narco realizaba vuelos ilegales para traficar a grandes escalas material estupefaciente con destino a una localidad santafesina y a otra ubicada al oeste de la provincia de Buenos Aires. La logística de las operaciones, según el informe, era orquestada desde un club de campo de la localidad bonaerense de Ituzaingó.
