El gobierno provincial hizo un intento de último momento para destrabar el desacuerdo salarial. Llevó una nueva oferta a la mesa paritaria, pero antes de presentarla exigió que se levantase el paro de lunes y martes.
“No hay posibilidad, no podemos dar marcha atrás con una decisión tomada en asamblea”, dijeron a coro los dirigentes amparándose en los estatutos. “¿Pero cuando votan las mociones en asamblea, no hay una que dice que si se cumplen las demandas quedan sin efecto las medidas de fuerza?”, planteó un funcionario. “En otras oportunidades sí, pero esta vez no”, le respondieron. La reunión se terminó en ese mismo instante.
Los pasos que dieron gremialistas y gobierno estaban dentro de lo esperable. Los dirigentes no se iban a cortar solos y levantar un paro votado por miles de maestros y una movilización seguramente importante. Y el gobierno no iba a “quemar” su nueva oferta: si igual le iban a parar, cuando volvieran a sentarse ya tendría que pensar en números más altos aún. Las negociaciones se retomarán el miércoles.
Marcha y contramarcha
El desquicio en el inicio del ciclo lectivo 2016 lo hizo el gobierno nacional cuando desautorizó el 40,5% que el ministro Bullrich había acordado con los gremios nacionales.
Es cierto que esa cifra contradecía el catecismo del 25% de inflación que recitan Macri y Prat Gay, pero dar marcha atrás, para una semana más tarde volver sobre sus pasos, no tiene antecedente.
¿Por qué Macri metió doble reversa? Alguien con tino le hizo ver al presidente que si los docentes avisan que van al conflicto lo dicen en serio. Y que si el 40% acordado le parecía mucho debió pensarlo antes, porque a esa altura sólo le quedaban dos opciones: empujar un paro de punta a punta del país, o firmar y absorber los nada delicados epítetos que le dedicaron gobernadores y su ministro de Hacienda.
De todos modos hay que hacer una aclaración que habla bien del gobierno nacional. El 40,5% tiene como objetivo levantar el piso docente nacional un poco más allá de lo que lo erosionó la inflación de 2015.
Si a los 6.060 pesos actuales sólo se le aplicaba el ajuste inflacionario anual, seguía siendo una miseria. Aquí marcó una diferencia con el gobierno anterior (que sólo admitía ajustar inflación) y en algún punto interroga el rol de los gremios docentes en los años recientes.
Los 8.500 pesos para julio conllevan una voluntad, al menos del Ministerio de Educación, de empezar a escalar. Voluntad que no será fácil sostener, como lo demostró el boicot de parte del gobierno al acuerdo construido por Bullrich.
Explicado eso, se aclara que el 40 por ciento de Nación no puede traducirse lineal a las provincias que ya pagan mejores sueldos, como Santa Fe. De hecho, con ese 40,5% el piso sigue bastante debajo del sueldo inicial que ésta y otras provincias acordaron en febrero de 2015.
Poder adquisitivo
El gobernador y la ministra Balagué protestaron porque el 30,5% que Amsafé, Sadop, UDA y Amet rechazaron mantenía a Santa Fe al tope de los mejores sueldos docentes del país. Pero mientras el gobierno ve la foto en términos nominales, que le dice que sus 11.800 pesos iniciales son más que los 11.000 de Caba o 9.800 de Buenos Aires, los gremios lo ven en términos relativos. Están convencidos de que en la economía actual, el valor nominal no se lo lleva el viento sino la inflación. Y que la foto hay que verla en términos de poder adquisitivo.
En las paritarias anteriores también se defendía poder adquisitivo, pero entonces la amenaza era la inflación, y ahora es la inflación sumada a una política de ajuste nacional, con implicancias en los Estados subnacionales, que apunta a reducir la participación salarial en el gasto estatal. Más simple: a desandar la mejora relativa que los sueldos estatales conquistaron los últimos 15 años.
Gris tirando a oscuro
A la mayoría de los gobernadores les tiembla la mano a la hora de firmar los acuerdos salariales. Todos transitan un primer semestre de contracción de la economía, con consumo a la baja, aumentos tarifarios que corroen ingresos familiares e industriales y precios sin paz. Prenden velas para que se cumplan los augurios de repunte en el segundo semestre.
En el caso de Santa Fe hay situaciones preocupantes. La del sector tambero es la más crítica, y los tiempos que está tardando en acomodarse el gobierno nacional complican llegar a soluciones. Además existen diferencias de diagnóstico: hay funcionarios de Buenos Aires convencidos de que la crisis se debe al sobrestock del sector industrial. Los tamberos creen que hay otro problema, tan serio como el cierre de mercados de exportación, y que es del orden doméstico: el desequilibrio en la cadena de valor de la leche.
El gobierno provincial comparte esta visión. El ministro de la Producción Luis Contigiani, militante desde su primera juventud de Federación Agraria, es el encargado de que Buenos Aires comprenda esa realidad y se anime a dar un paso clave: forzar una mesa en la que productores, industria y comercializadores muestren sus números. Que la industria justifique por qué paga 2,50 la leche cruda al productor y que la cadena de comercialización explique por qué el saché cuesta más de 20 pesos. Es eso o el vergonzoso espectáculo de tambos que caen como moscas.
También los sectores metalúrgicos y metalmecánico entraron en alerta. Por un lado, siembra temor la apertura de la importación, y por el otro el tarifazo energético los golpeó.
Hay empresas que por esta razón se volvieron inviables de un día para el otro.
En ese contexto, el encuentro en el que la semana pasada confluyeron el líder de la Unión Obrera Metalúrgica Antonio Caló, referentes industriales, y el gobernador Lifschitz es una señal inequívoca de que capital, trabajo y poder político ven problemas a corto plazo si no se toman medidas que compensen tarifazos y liberalización de mercados.
Agite en el mundo del trabajo
Los cierres de una curtiembre en Las Toscas, un frigorífico en Totoras y la ex Sulfacid sobresalieron en la agenda de trabajo de la administración Lifschitz. Todas venían con crisis de arrastre, pero ¿no es demasiada casualidad que cayeran ahora?
Sólo los anuncios de una tibia reapertura de frigoríficos y el entusiasmo que el gobernador encontró en los directivos y dirigentes gremiales en el Puerto de Rosario contrastan con el sombrío panorama que se cierne sobre otros sectores de la actividad económica.
Si se escucha a los dirigentes del Supa (estibadores) y a los directivos de la concesionaria, el puerto de Rosario pareciera vivir los años dorados de su segunda vida. Lifschitz conoce el paño y a los actores desde los tiempos que representó a la ciudad en el directorio del Ente Administrador del Puerto.
Con su visita de 15 días atrás comprometió respaldo para sumar clientes, multiplicar cargas e incrementar mano de obra. Fue un gesto explícito, que se complementó con otro no dicho.
Durante la recorrida no hubo referencia al proyecto del Puerto de la Música, el atractivo auditorio del brasileño Oscar Niemeyer que Hermes Binner proyectó en el extremo norte del predio, en Pellegrini y avenida Belgrano. Al menos por los próximos cuatro años, el proyecto parece sepultado.
