Santa Fe es la provincia con más litigiosidad laboral de la Argentina, y no necesariamente porque en su territorio se dé el mayor número de accidentes o enfermedades en el trabajo. Esto no lo dicen ahora los empresarios, interesados directos, o las ART, sino la propia Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación, cuyo titular, Juan González Gaviola, estuvo ayer en Rosario para abordar este incómodo “podio”.
El funcionario se reunió en Rosario con integrantes de la Corte Suprema de Justicia santafesina, que le cursó la invitación, y luego con jueces del fuero en el Colegio de Magistrados. Gaviola cuantificó que en la provincia se registra un promedio de 200 juicios laborales por cada 10 mil trabajadores, mucho más del doble que el promedio nacional, que es de 80. Y se refirió a la falta de homogeneidad en los criterios de los cuerpos médicos periciales a lo largo del país, motivo por el cual en algunos distritos los montos de los reclamos solicitados y el mismo acceso a los mismos es extremadamente alto. Entre ellos, está precisamente Santa Fe.
El funcionario explicó que otras provincias que “sobresalían” por el mismo motivo eran Mendoza y Córdoba. En ambas, dijo, se dio un trabajo conjunto de la Superintendencia con los jueces y los cuerpos periciales, y el resultado fue una caída significativa de las demandas. Lo que, de hecho, señaló, fue producto de “cortar” ciertas permeabilidades en las presentaciones de las demandas. “En algunos casos se iniciaban con la simple presentación de un certificado firmado por un médico”, ejemplificó para poner en evidencia la falta de rigurosidad de las pruebas presentadas y sobre todo aceptadas para entablar un juicio.
Nueva ley
Gaviola mencionó la reciente modificación por ley del régimen de las Riesgos de Trabajo, iniciativa impulsada por el oficialismo bajo el argumento, precisamente, de la alta litigiosidad observada en el fuero laboral y la heterogeneidad de criterios observados en las causas abiertas, entre otros aspectos como la actualización de los cuadros indemnizatorios. “Ahora –concedió Gaviola– hay un mayor peso sobre la Justicia” laboral en estos conflictos. Y en especial sobre los cuerpos de peritos, que son los que piden los exámenes y pruebas médicas que acrediten la viabilidad de las demandas, instrumentos sobre los que los jueces deben apoyarse para resolver.
Ahí, el funcionario indicó que hace falta un fortalecimiento institucional que unifique criterios, otorgue mayor profesionalidad y establezca presupuestos mínimos de certezas en las pruebas. Es que, dejó en claro, las altas tasas de litigiosidad reconocen como una de sus causas los procederes ilegales de ciertos profesionales. Insistió así con la abrupta reducción en Córdoba tras el trabajo de fortalecimiento de la Superintendencia y recordó que en esa provincia hay un juicio contra un grupo de abogados y médicos acusados de estafa procesal y asociación ilícita, a quienes se acusa de promover unas 140 demandas por enfermedades inexistentes contra la ART Provincia.
Gaviola explicó que la continuidad de este tipo de maniobras empuja al aumento de las alícuotas que cobran las ART, con lo que el costo de las altas “ganancias” de un pequeño número de profesionales, y las indemnizaciones de unos pocos trabajadores los termina pagando la sociedad toda.
