El Tribunal Oral de Santa Fe, que juzga al ex comisario Roberto José Martínez Dorr por secuestro y torturas contra un ex militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), anunciará la sentencia hoy a las 9 de la mañana.
El imputado, para quien la querella pidió una pena de 20 años en cárcel común, podrá decir sus últimas palabras y luego se conocerá el veredicto sobre los dos cargos en su contra: “Privación ilegal de la libertad agravada” y “tormentos agravados” en perjuicio de Froilán Aguirre, hoy de 53 años. Se cerrará así el quinto juicio realizado en la ciudad de Santa Fe por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura.
Martínez Dorr, apodado “Morrongo”, ex comisario de la Policía provincial, fue juzgado por secuestro y tortura contra Aguirre, un joven de 17 años que militaba en la UES y que en septiembre de 1976 fue detenido junto a un compañero que después apareció muerto. El ex policía tiene ahora 63 años y está detenido desde principios de 2008: los primeros 29 meses en el pabellón para represores en la cárcel de Las Flores y, desde mediados de 2010, bajo el régimen de prisión domiciliaria por razones de salud.
La querella –representada por el abogado Horacio Coutaz, secretario de Derechos Humanos de la provincia– pidió 20 años de cárcel común para Martínez Dorr, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas por considerarlo “autor de los delitos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravado por tratarse de un perseguido político” contra Aguirre. “Asimismo, solicitamos se revoque el beneficio de prisión domiciliaria y se disponga el traslado al penal que corresponda”, pidió Coutaz.
El caso
El caso por el que se juzga a Martínez Dorr ocurrió durante el primer año de la dictadura. Froilán Aguirre fue emboscado por un grupo de tareas el 8 de septiembre de 1976 en el hospital Iturraspe, cuando aguardaba reunirse con un compañero que luego fue asesinado. Entonces Martínez Dorr era oficial auxiliar del Comando Radioeléctrico del departamento La Capital. En democracia siguió su carrera en la fuerza y logró ascender al rango de comisario, hasta su retiro en la década del 90.
Una treintena de testigos fueron citados por la Justicia Federal durante el proceso. La víctima declaró que, tras su secuestro, fue llevado a un centro clandestino de detención conocido como “La casita” de Rincón. Luego, Aguirre estuvo casi un mes en la Comisaría Primera donde permaneció detenido durante 29 días y donde pudo reconocer a “Morrongo” como uno de los miembros de la patota que lo secuestró y luego lo torturó.
El tribunal que tiene a su cargo el juicio está presidido por María Ivón Vella junto a los vocales José María Escobar Cello y Roberto López Arango, de la ciudad de Paraná. El fiscal general es Martín Suárez Faisal, quien estuvo a cargo del Ministerio de la Acusación en todos los juicios de lesa humanidad que se realizaron en Santa Fe. La defensa fue ejercida por el abogado oficial Germán Artola.
Pedido de desafiliación
Mientras avanzaba el juicio contra Martínez Dorr, desde distintos sectores del kirchnerismo pidieron su expulsión del Partido Justicialista luego de confirmar que aparece como afiliado. El diputado provincial Leandro Busatto –con el apoyo del vicepresidente del partido Jorge Fernández, del Movimiento Evita y de las agrupaciones Paco Urondo, Mesas de Trabajo y Jóvenes para la Victoria, entre otras– anunció la determinación –en la que coincidieron los referentes locales de la Corriente Nacional de la Militancia– de solicitar al Tribunal de Disciplina y al Consejo Provincial del PJ la expulsión de Martínez Dorr.
El año pasado, el PJ provincial inició un proceso de depuración de su padrón de afiliados con el fin de apartar de sus filas a quienes estén imputados o procesados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. En 2011, el Tribunal de Disciplina del partido desafilió a dos represores condenados en causas por derechos humanos: los ex policías Eduardo Ramos y Mario Facino, sentenciados en el marco de la Causa Brusa por secuestros y torturas. La expulsión fue refrendada por el último Congreso Provincial del PJ.
“Argumentos de índole política, jurídica y ética llevan a exigir la inmediata expulsión del represor Martínez Dorr”, explicó el diputado Busatto e indicó que el ex policía también está vinculado a otros operativos llevados adelante por la patota de la cual formaba parte, como el que finalizó con la muerte de Miguel Ángel Fonseca y Luis Alberto Vuistaz, o las torturas a las que fuera sometido el ex vicegobernador Eduardo Cuello.
“Es una situación sorpresiva encontrar que estos nefastos personajes, que no tienen absolutamente nada que ver con el sistema democrático y que han sido responsables del mayor genocidio de la historia argentina, forman parte de la vida interna de los partidos políticos, verdaderos instrumentos de la democracia al servicio del pueblo”, añadió el legislador kirchnerista.
“Esto debe generar un proceso de profunda autocrítica y favorecer una instancia de revisión sobre los padrones de todos los partidos políticos, a fin de producir una depuración de aquellas personas que con sus actos han puesto de manifiesto su nula intención de vivir en democracia”. Para el diputado del Frente para la Victoria, el pedido de desafiliación es “una pequeña reparación histórica que pretende avanzar en la reconciliación de nuestro partido con la sociedad argentina, con la memoria viva de aquellos que ya no están y con los muchos compatriotas que aún persiguen justicia”.
El documento de la Corriente Nacional de la Militancia de Santa Fe, dirigido a las autoridades del PJ, sostiene que el partido “es una institución profundamente democrática y participativa con un fuerte contenido republicano” y agrega que la expulsión de Martínez Dorr es “una situación ética inclaudicable”.
“Esto nos obliga a realizar una pormenorizada autocrítica por haber albergado a este siniestro personaje en el seno de nuestro partido”, concluye el pedido, que lleva las firmas de Jorge Fernández, Leandro Busatto, Martín Gainza –jefe de la Regional Litoral de la Ansés–, Humberto Galarza –jefe UDAI Santa Fe–, Gerardo Crespi –secretario general departamental del Partido Justicialista–, del Movimiento Evita y de las agrupaciones Néstor Kirchner, Paco Urondo, Mesas de Trabajo, Arturo Jauretche, Compromiso Peronista, Fogoneros y Jóvenes para la Victoria.
