El Gobierno de Santa Fe decidió llevar a la Justicia una docena de casos en los que detectó las más graves irregularidades en torno a comedores y merenderos a los que asiste financieramente. Se trata de posibles delitos penales por direcciones inexistentes y usurpación de identidad en las tarjetas bancarias donde se deposita dinero para la compra de alimentos. La acción es consecuencia de una auditoría permanente sobre la ayuda y los beneficiarios iniciada al principio de la gestión provincial de Maximiliano Pullaro en sintonía con las acciones del Gobierno nacional, con la diferencia de que no fue el justificativo para cortar toda la asistencia. Sí se dio de baja la entrega a casi 120 instituciones u organizaciones, aunque en algunos casos la suspensión puede revertirse si cumplen con las rendiciones de cuentas.
Jorge Márquez, subsecretario de Seguridad Alimentaria de Santa Fe, puso en contexto la decisión y las políticas de la Casa Gris al respecto. “No había una cultura durante el Gobierno anterior de exigir la rendición del dinero“, trazó diferencias respecto de la gestión del peronista Omar Perotti. La referencia es a la asistencia provincial para garantizar alimentación mínima a los habitantes de los barrios populares. En lo que atañe a la nacional, la que debía cursar a territorio santafesino el Ministerio de Capital Humano se cortó. Apenas enviaron a las jurisdicciones las toneladas de leche en polvo descubiertas en galpones porteños y tucumanos que estaban cerca de su fecha de vencimiento. Ese escándalo no le movió el amperímetro a la cartera que conduce Sandra Pettovello, que mantiene la posición de no distribuir el resto de los alimentos pese a las reiteradas intimaciones judiciales. Ni siquiera expone un plan de reparto.
El argumento de la administración libertaria es que la ayuda no llegaba a quienes la necesitaban. Y así, apoyada en unas pocas irregularidades comprobadas, la cortó por completo en una coyuntura en la que 1,5 millón de chicos en e país se saltea alguna comida durante el día porque sus padres y madres no tienen para comprar alimentos, de acuerdo a un reciente estudio de Unicef Argentina.
Márquez aclaró que en Santa Fe no solo se continúa con la ayuda sino que se aumenta el presupuesto destinado a la misma ante el agravamiento de la situación económica y el retiro del Estado nacional. El funcionario de Pullaro explicó que al inicio de la actual administración santafesina se puso en marcha el operativo OTI (Ordenar, Transparentar, Institucionalizar) para precisar el estado de los comedores comunitarios en toda la provincia. “No teníamos información de lo que pasaba en el territorio”, reprochó sobre lo que heredaron del Gobierno de Perotti en el área .
El subsecretario negó que sea un argumento para también retirarse como Estado. Por el contrario, dijo, el objetivo es fortalecer las instituciones. Y en ese sentido, puso como ejemplo un acuerdo con Assal –Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria– para dar cursos sobre manipulación de alimentos a los operadores de los comedores y otras iniciativas similares.
Pero en el marco de las auditorías permanentes, enfatizó el subsecretario, se encontraron con varias instituciones que “no ofrecían garantías de que los alimentos llegaran a quienes los necesitaban”. Y señaló que si bien son una docena los casos llevados a la Justicia, la Provincia ya dio de baja 118 comedores por diferentes irregularidades. De ellos, 72 son de Rosario. No obstante, aclaró que esas cifras son “dinámicas”: en varios casos, es por falta de rendición del dinero que entrega el Ejecutivo santafesino, y el cierre puede revertirse si cumplen con ese paso de manera correcta.
Cuando se detectan irregularidades o falta de rendición sobre el destino de la asistencia, se suspende la ayuda. Y en los casos considerados graves, se va a la judicialización para que se investiguen posibles delitos penales. Márquez refirió sobre estos últimos que se encontraron direcciones que en realidad correspondían a una plaza o un descampado fuera del ejido urbano. Los hechos más preocupantes, siguió, fueron los de usurpación de identidad. Es en referencia a la tarjeta del Banco de Santa Fe donde el Gobierno provincial deposita el dinero para comprar los alimentos destinados a los comedores. Dio un ejemplo: el testimonio del titular de un plástico que, al requerírsele explicaciones, respondió que desconocía su existencia y que no pertenecía a ninguna organización social.
Más presupuesto
Sobre el compromiso de la gestión para paliar el deterioro alimenticio de los sectores vulnerables en medio de la agudización de la crisis económica, Márquez refirió que los tres programas alimentarios que financia la Provincia –Tarjeta Institucional, Tarjeta Única de Ciudadanía y Programa Social Nutricional– tenían un presupuesto mensual asignado en el inicio del mandato de Pullaro de 1.050 millones de pesos. Para el mes que viene, adelantó, esa erogación ascenderá a 2.800 millones de pesos. Esto es, dijo, por el considerable aumento en la demanda de asistencia y el retiro de del Estado nacional. “La provincia no recibe nada”, del Gobierno de Javier Milei, sintetizó el complejo escenario.
Un caso emblemático, en San Lorenzo
Uno de los hechos presentados en la Justicia es el de Protegiendo Sueños, una ONG de la ciudad de San Lorenzo a la que se vincula con el actual concejal Esteban Aricó.
“Comenzamos con todas las auditorias el 6 de enero y el 9 de febrero fuimos a esa institución. Hablamos con la gente de allí y nos dan seis comedores, que ellos no tienen nada que ver con la mercadería y les daban directamente a esos seis comedores”, señaló Márquez respecto a una supuesta tercerización o intermediación de la ayuda que no figuraba en la documentación de los programas. Los testimonios de los supuestos receptores finales cerraron el círculo de la sospecha. “Fuimos a esos seis comedores y las personas a cargo desconocieron la asistencia de la ONG, no recibían ayuda. A Protegiendo Sueños les suspendimos todos los subsidios y les dijimos a sus autoridades que lo íbamos a judicializar”, añadió el funcionario.
En febrero de este año, señaló el subsecretario, Protegiendo Sueños cobró “más de 3 millones de pesos” por el programa Tarjeta Institucional y 325 mil pesos por el Prosonu (programa destinado a atender las necesidades básicas de niños de 2 a 14 años).
“El caso es único en relación a los otros denunciados. Por medios periodísticos nos enteramos de la relación con un concejal, que no figura en la Comisión Directiva de esa institución. Nosotros auditamos y vimos que el manejo de los fondos no era claro”, destacó Márquez. El cálculo es que a lo largo de un año y medio durante la gestión Perotti, desde enero de 2022, la ONG recibió 50 millones de pesos.
La presentación contra Protegiendo Sueños ante fiscal Regional de la 1ª Circunscripción, Jorge Nessier, lleva la firma de la ministra de Desarrollo de Santa Fe, María Victoria Tejeda. Fue acompañada del expediente 01502- 0009180-4 “en el marco del proceso de relevamiento y control de la tarjeta institucional alimentaria” en el que se describen “irregularidades vinculadas a la asistencia alimentaria brindada por el ex Ministerio de Desarrollo Social”.
Como presidenta de Protegiendo Sueños se desempeñaba Stella Maris Bravo. En la comisión directiva figuran dos ex candidatas a concejal por el espacio de Aricó: María Cristina Ramírez en el cargo de secretaria y Agustina Campano como tesorera.
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