El año pasado 2.138 mujeres y personas gestantes accedieron a una interrupción legal del embarazo (ILE) en la salud pública de Santa Fe. Cinco años antes fueron apenas 76, cuando en 2013 comenzó a distribuirse de manera gratuita el misoprostol y la provincia adhirió al protocolo de ILE elaborado por el entonces Ministerio de Salud nacional. En los últimos años no sólo creció el acceso a la práctica. También bajaron los riesgos: en 2013 el 80 por ciento eran abortos complicados, mientras que en 2018 las complicaciones representaron el 10 por ciento.
Según explicó el director de Salud Sexual y reproductiva, Oraldo Llanos, el incremento de los abortos legales y la baja en los riesgos responde a varios factores.
Por un lado, desde el gobierno capacitaron a los equipos de salud y generaron un registro que creció en eficiencia a medida que los profesionales ganaban confianza y legitimidad. Por el otro, hubo un proceso de despenalización social del aborto y un conocimiento de la población santafesina de la posibilidad de acceder a una práctica segura y gratuita en la salud.
La cristalización de ese proceso se ve en los números: en 2017 fueron 1.294 las mujeres y personas gestantes que buscaron ayuda en las consejerías que funcionan en los centros de salud para acceder a una ILE. Un año después, cuando el Congreso Nacional debatió la Interrupción Voluntaria del Embarazo IVE, las consultas en las consejerías llegaron a 2.224. “Nos hicimos cargo de una demanda que existe”, explicó.
Más acceso, menos riesgos
La elaboración de estadísticas sobre la cantidad de abortos que se hacen en Argentina es una tarea difícil por la ilegalidad de la práctica. Durante el debate del 2018 en el Congreso, el entonces ministro de Salud, Ricardo Rubinstein, reveló que según los cálculos oficiales todos los años se hacen 354.627 abortos, que equivalen a 41 por hora.
En Santa Fe la elaboración de las estadísticas se consolidó con la garantía de los abortos legales en la salud pública. La aplicación de los protocolos de ILE permitió blanquear los abortos que antes se hacían en la clandestinidad.
Según explicó Oraldo Llanos, año a año mejoró la forma de registro porque aumentó el conocimiento por parte de la población de la posibilidad de acceder a un aborto legal. Además, creció la confianza y la legitimidad de los equipos de profesionales que se comprometieron no sólo con garantizar los abortos legales sino con llevar un registro que dé cuenta de la situación.
“Vemos un aumento de la cantidad de ILE que responde a que hay una demanda de la población de la que nos hicimos cargo. Hoy muchas de las mujeres que abortaban en la clandestinidad recurren al sistema de salud pública y no corren riesgos”, explicó Llanos.
De acuerdo con un informe elaborado por el Ministerio de Salud de Santa Fe que analiza el acceso a la ILE entre 2013 y 2018, la cantidad de consultas en las consejerías se multiplicaron 125 veces en los últimos cinco años.
Las consejerías funcionan en hospitales y centros de salud y consisten en un equipo interdisciplinario que da información y atención para el acceso al aborto legal. En 2013 fueron apenas 18 las consultas registradas, mientras que en 2018 llegaron a 2.224. En el primer cuatrimestre de 2019 se registraron otras 793.
Otro dato significativo es el de los abortos sin complicaciones. En 2013 fueron apenas 12, mientras que el año pasado se registraron 1.836 interrupciones sin ningún riesgo. En el primer cuatrimestre de este año llegaron a 640. La evolución muestra que los abortos sin complicaciones crecieron 112 veces en cinco años.
En el caso de los abortos complicados, en cinco años se multiplicaron 3 veces. En 2013 fueron 61 y en 2018 hubo 206. El dato relevante es que en 2013 los abortos con complicaciones representaban el 80 por ciento de las prácticas, mientras que actualmente son menos del 10 por ciento.
En relación a los métodos para abortar, el año pasado 1.247 mujeres y personas gestantes lo hicieron con pastillas de misoprostol, mientras que 194 fueron con aspiración manual endouterina (Ameu). Esta última técnica se aplica desde 2016.
Con más respaldo
Llanos analizó que el debate del año pasado aunó y dio legitimidad al trabajo de los equipos de salud que trabajan por garantizar derechos.
“Creció el conocimiento de la gente de cuál era la aplicación en Santa Fe. La idea es que nadie tenga que pasar por un aborto y por eso compramos anticonceptivos cuando Nación no envía y damos educación sexual integral. Somos militantes de que las mujeres tengan una salud sexual y reproductiva acorde a su proyecto de vida y con todos los cuidados necesarios”, explicó.
La legitimidad llegó también con la reacción de los sectores que se oponen a la legalidad de la práctica. “También hubo un rebote con algunas situaciones difíciles con de sectores en contra que intentaron entrar en a los hospitales o efectores de salud”, agregó Llanos.
También recordó el caso de las falsas socorristas que aparecieron a través de calcomanías en hospitales públicos con un mensaje confuso invitaba a llamar por teléfono para recibir acompañamiento ante un embarazado no deseado cuando en realidad eran grupos religiosos que buscaban convencer a mujeres de cambiar su decisión.
¿Cómo es en Santa Fe?
Durante el debate del año pasado en el Congreso Nacional la provincia de Santa Fe, y en particular la ciudad de Rosario, aparecieron como una experiencia modelo a la hora de pensar la aplicación del aborto legal en la salud pública. En Argentina el aborto está despenalizado por las causales de violación y riesgo de salud desde 1921. En 2012 el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia reafirmó esas causales y solicitó al Poder Ejecutivo la elaboración de un protocolo para garantizar el acceso a los abortos legales en la salud pública y privada. El Ministerio de Salud lo hizo, pero sólo 10 de 24 provincias de la Argentina lo cumplen.
Santa Fe es una de ellas. En los centros de salud y hospitales de la provincia las mujeres y personas gestantes tienen derecho a la ILE. Las causales de aborto no punible se aplican con un criterio de ampliación de derechos y se entiende a la salud como física, psíquica, emocional y social, tal como dice la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para abortar hay que acercarse al hospital o centro de salud donde profesionales dan la información y hay que firmar un consentimiento informado. No son necesarias ni una autorización judicial ni denuncia policial. Las técnicas usadas son las más seguras: el misoprostol que viene en pastillas y permite abortar de manera ambulatoria hasta la semana 12 de gestación y la Aspiración Manual Endouterina (Ameu), que tampoco necesita internación. Si bien el acceso es desigual y depende de que haya profesionales comprometidos con garantizar derechos en todo el territorio provincial, el conocimiento de las personas sobre el derecho a la práctica crece año a año.
En Rosario se dio una experiencia modelo. Desde 2012 ninguna mujer murió por aborto clandestino gracias a una política que combinó la aplicación de los protocolos de ILE con la provisión de misoprostol, considerado esencial por la OMS para abortos seguros y ambulatorios.
Producción Pública
En mayo de 2018 el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) anunció que había empezado a fabricar misoprostol para centros de salud y hospitales provinciales y que el primer lote estaría listo este año. Actualmente el Estado santafesino lo compra a laboratorios privados, al igual que el resto de las provincias que lo proveen.
La producción pública de misorpostol fue una de las demandas que apareció el año pasado durante el debate en el Congreso Nacional. La fabricación del LIF es la primera de un laboratorio estatal argentino y es para distribución gratuita en la salud pública, no para farmacias. Estará disponible en tres formatos: sublingual, vaginal y oral.
Actualmente el misoprostol es fabricado y distributivo por dos laboratorios privados. Beta hace el Oxaprost, que hasta fines del año pasado era el único producto disponible. Viene mezclado con diclofenac y está indicado para problemas gástricos. Al usarlo para abortar hay que separar la cápsula interna del analgésico. En septiembre de 2018 llegó el Misop, del laboratorio Domínguez. A Diferencia del Oxaprost es misoprostol puro y fue aprobado para uso ginecológico.
Por fuera de la salud pública, el misoprostol puede ser recetado por el médico o médica de cabecera y se vende en farmacias bajo receta archivada. El costo en julio de este año llegó a superar los 6 mil pesos. Las obras sociales deben cubrirlo en las causales de despenalización.
