El gobierno de Santa Fe envió hoy a la Legislatura provincial un proyecto de ley para la creación de Santa Fe Gas y Energías Renovables, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria que contemple la prestación del servicio público de transporte y distribución de gas por ductos y redes.
El proyecto del Ejecutivo insiste con la idea luego de que en 2013 un texto similar perdió estado parlamentario, aunque en esta ocasión tiene en cuenta los cambios generados a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, y la nueva ley General de Sociedades, entre otras normativas.
Voceros oficiales dijeron que entre los objetivos de la empresa figuran la producción, el transporte, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de hidrocarburos sólidos, líquidos y/o gaseosos y sus derivados directos e indirectos.
También hará la prestación del servicio público de transporte, distribución y subdistribución de gas por ductos y redes en sus diversas formas, así como la de gas licuado de petróleo (GLP) por redes, fraccionado, a granel y/o envasado.
En uno de los artículos se incluye también el transporte, distribución y comercialización de energías renovables y todas las obras y tareas necesarias para tal fin, anexas y relacionadas a esas clases de emprendimientos, en el país y en el exterior.
El proyecto señala, respecto del gas natural, que se debe «tender a proteger adecuadamente los derechos de los consumidores, promover la competitividad de los mercados de oferta y demanda, y alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo».
También propone «propender a una mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de los servicios e instalaciones de transporte y distribución de gas natural».
«La provincia de Santa Fe quiere tomar, decididamente, un rol activo y transformador del escenario descripto, tornándose imprescindible su intervención en defensa de los intereses y las necesidades sociales y productivas de muy importantes regiones y sus comunidades», añade la iniciativa.
Acerca del capital social de la firma, el 55 por ciento serán acciones clase “A», cuya titularidad será del Estado Provincial; un 15 por ciento acciones clase “B”, que serán ofrecidas a todas las municipalidades y comunas; otro 15 por ciento de acciones clase «C», para cooperativas, y el restante 15 por ciento de acciones clase «D», que serán ofrecidas a entidades privadas.
El artículo 9 del proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para suscribir e integrar el capital social que le corresponda al Estado Provincial.
La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por seis Directores Titulares, correspondiendo tres al Estado provincial, uno a las cooperativas, uno a los accionistas privados y uno a los Municipios y Comunas.
