Por Diego Mauro
Mucho antes de que las campañas a favor la conformación de un Estado Laico y la separación de la Iglesia y el Estado (pañuelos negros y naranjas) ganaran centralidad, Santa Fe fue el escenario de uno de los más intensos y prolongados conflictos en términos de laicidad, que marcó como pocos la vida política de la provincia durante las década de 1920 y 1930.
Roces y enfrentamientos
A comienzos de los años veinte, el Partido Demócrata Progresista (PDP) y parte del radicalismo –las dos principales fuerzas políticas del momento– acordaron impulsar una reforma constitucional que, entre otras cosas, establecía la separación de la Iglesia y el Estado en la órbita provincial. El proyecto generó inmediatamente un hondo malestar en el Obispado de Santa Fe y en diferentes organizaciones católicas que confluyeron en una nueva entidad denominada Comités de Acción Católica. Tras meses de tensión y conflicto, en un clima de intensa movilización, el gobernador radical de entonces, Enrique Mosca, optó finalmente por vetar la controvertida constitución y dejar en vigencia el texto de 1900, que mantenía al catolicismo como religión oficial. Desde entonces, los demócratas progresistas se convirtieron en los principales defensores de la llamada Constitución del 21 y de la construcción de un Estado Laico en Santa Fe. Lisandro de la Torre cuestionó duramente a la Iglesia y la consideró incluso una amenaza para las libertades democráticas. En los años siguientes, el conflicto entre el PDP y la Iglesia se hizo moneda corriente y las organizaciones católicas –entre las que se contaban los mencionados Comités y una Unión Electoral dirigida por los párrocos– militaron a favor de los sectores del radicalismo que rechazaban la vetada Constitución y en contra de los demócratas progresistas.
Laicismo en los años treinta
Tras una prolongada cosecha de derrotas, que pusieron al PDP al borde de la extinción en 1928, el partido resurgió a finales de la década y logró imponerse en las elecciones provinciales de 1931 en un contexto de profunda crisis política y económica. Los demócratas hicieron un activa campaña en nombre de la Constitución de 1921 y aprovecharon la abstención del radicalismo –que había sido derrocado en 1930– para intentar acercarse a las bases electorales yrigoyenistas. Aun cuando el PDP había apoyado el golpe de estado como la mayoría de las fuerzas políticas del momento, muchos yrigoyenistas optaron por ellos antes que por sus adversarios de la llamada Concordancia (una coalición de radicales antipersonalistas y conservadores apoyado por el Obispado y la recientemente creada Acción Católica Argentina). Sin demoras, tras el triunfo, el PDP puso en vigencia la Constitución del 21 a través de una ley parlamentaria e inició durante 1932 una serie de reformas de hondo calado, entre las que se contaban las orientadas a laicizar el Estado. Una política en franca disonancia con lo que ocurría a nivel nacional, donde la Concordancia –que había derrotado la candidatura presidencial de Lisandro de la Torre– estrechaba vínculos con la Iglesia.
La construcción más difícil
Una vez en el gobierno y bajo el amparo del nuevo texto constitucional, los demócratas no titubearon y comenzaron a plasmar en leyes, decretos y normas el programa laicista que habían ido definiendo la década anterior: dejaron de financiar las celebraciones religiosas durante las conmemoraciones patrias –por ejemplo, el Tedeum del 25 de mayo– y enviaron un proyecto de ley para suprimir las exenciones impositivas de las instituciones y asociaciones religiosas. Impulsaron también –apoyados por los socialistas en la legislatura– una investigación parlamentaria sobre las escuelas católicas de artes y oficios y sobre la actuación de las órdenes religiosas femeninas en los hospitales. La medida más audaz, no obstante, fue la aprobación de una nueva ley de educación que reemplazó a la de 1886, estableciendo por primera vez la neutralidad religiosa. Entre 1934 y 1935, en claro contraste con el escenario nacional, Santa Fe se rigió por una ley que no incluyó a la religión católica entre los contenidos mínimos que debían enseñarse en el aula. El Boletín de Educación fomentó la difusión de nuevas corrientes pedagógicas, cuestionadas por la Iglesia, y se impugnaron también los postulados del nacionalismo católico en la liturgia escolar. En términos simbólicos el contraste entre la provincia y la nación no podía ser más acentuado: mientras el presidente Agustín Justo en el marco del Congreso Eucarístico Internacional de Buenos Aires consagraba el país al Sagrado Corazón, en Santa Fe, las autoridades provinciales se negaban a participar de las celebraciones religiosas, entre ellas el Congreso Eucarístico Diocesano de Rosario en 1933. El conflicto fue escalando y desde la curia santafesina y la Acción Católica se lanzó una cruzada en contra del gobierno. Como había ocurrido en 1921, también se apeló a la devoción de la Virgen de Guadalupe, cuya peregrinación era uno de los eventos más convocantes y populares de la provincia, y los católicos ocuparon las calles una y otra vez. En este contexto de creciente rivalidad y conflicto, sirvió de poco que los principales referentes del PDP insistieran, más allá de algunos exabruptos, que no estaban atacando a la Iglesia –de la que muchos se sentían parte en tanto católicos– o combatiendo las creencias religiosas sino intentando establecer un Estado laico que hiciera justicia a la pluralidad de creencias.
La intervención de 1935
En paralelo, mientras los católicos ocupaban las calles, se multiplicaron las impugnaciones a la legalidad de la nueva Constitución de la mano de un conjunto de importantes juristas, muchos de ellos cercanos a la curia santafesina y activos participantes de las organizaciones católicas. Si bien los argumentos admitían diferentes posturas, el objetivo principal era facilitar una intervención nacional que pusiera fin al gobierno de los demócratas progresistas, permitiendo a la Concordancia recuperar una provincia clave de cara a las elecciones nacionales de 1937. Finalmente, a finales de 1935, el Senado Nacional aprobó la intervención y puso punto final al gobierno del PDP. Las nuevas autoridades restituyeron inmediatamente la Constitución de 1900 y la ley de educación de 1886. La enseñanza religiosa volvió a las escuelas públicas y los intelectuales católicos volvieron a gravitar con fuerza en las páginas del Boletín de Educación. Se lanzó un nuevo plan de estudios para la enseñanza religiosa en la provincia y se reclutaron docentes provenientes de la Acción Católica. Entretanto, se comenzó a organizar el fraude electoral que en 1937 llevaría al candidato concordancista Manuel María de Iriondo al poder. Apoyado firmemente por el Obispado y el activismo católico, durante su gestión los vínculos del Estado provincial con la Iglesia se estrecharon. La enseñanza religiosa se generalizó como nunca antes, los intelectuales católicos cercanos al Obispado ocuparon lugares estelares en el Consejo de Educación y las editoriales católicas lograron que sus manuales de texto fueran oficializados a nivel provincial. Al igual que tras la intervención, de poco sirvieron las frecuentes quejas de las iglesias evangélicas que exigían separar los actos patrióticos de los religiosos así como el retiro de los libros escolares de orientación católica. En los años siguientes, los proyectos laicistas perdieron fuerza, en sintonía con el declive de la democracia progresista y el fraude electoral, y salieron de la agenda política. Al menos hasta que, en un contexto diferente, el peronismo volviera a impulsarlos poco antes del golpe de Estado de 1955, en el marco del fuerte conflicto que por entonces mantenía con sectores de la Iglesia católica.
(Ishir-Conicte/UNR)
