Vitit Muntarbhorn es tailandés y experto internacional en Derechos Humanos. Fue designado recientemente por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas como experto independiente para la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. En su primera gira en el cargo, Muntarbhorn eligió la Argentina como destino y pasó por Rosario, donde tuvo encuentros con el gobernador Miguel Lifschitz, el subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual, Estaban Paulón, legisladores, funcionarios, e integrantes de organizaciones no gubernamentales. Tras su visita, el experto hizo un balance sobre cómo observó la situación de los derechos de diversidad sexual e identidad de género tanto en el país como en la provincia.
—¿Cuál es el rol de un experto independiente de Naciones Unidas en temas de diversidad sexual y por qué la creación de esta figura es relevante?
—Este rol que ocupo responde a un mandato establecido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra en temas de protección contra la violencia y la discriminación hacia la diversidad sexual y la identidad de género. El trabajo se aboca en enfrentar la discriminación y denunciar la violencia hacia la orientación sexual y la diversidad sexual de las personas y por supuesto, lamentablemente mucha de la violencia que tenemos en el mundo hoy es padecida por gays, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales y todo lo que engloba la diversidad sexual y la identidad de género. Ese es principalmente el trabajo y la meta que se ha establecido, y el compromiso es elaborar dos reportes anuales para Naciones Unidas y visitar países (Argentina es el primer país que visito tras asumir este rol), interiorizarme de la situación, acompañar a las víctimas y contribuir a evitar que se sigan repitiendo.
—¿Como evalúa sintéticamente la situación de los derechos LGBTI en el mundo?
—Yo trabajo como un experto independiente y analista, y recolecto y recibo información de todas partes para luego hacer un balance. Recibimos información de gobiernos, de ONGs, víctimas, alertas de Naciones Unidas, luego lo analizamos y elaboramos nuestras propias conclusiones. La situación es diferente en los distintos países, e incluso dentro de los mismos países hay realidades diferentes. Tenemos países con buena legislación y tratamiento, pero con problemas en algunas regiones donde no se reconocen derechos de identidad de género. Así que la situación es muy variada respecto de los derechos humanos y la discriminación que sufren las personas frente a la diversidad sexual.
—¿Por qué eligió la Argentina para su primera visita de país?
—Elegí Argentina por dos razones importantes. La primera, porque quería agradecer muy cálidamente a la región por apoyar mi comisión; y la segunda porque quería agradecer especialmente a la Argentina y aprender de este país, porque cuenta con legislaciones muy progresistas de reconocimiento de identidad de género y diversidad sexual, como el matrimonio igualitario, al tiempo que se introduce esa perspectiva en otros ámbitos como la educación, entre otras políticas. En contextos en los cuales las personas LGBTI han alcanzado la igualdad legal (por ejemplo matrimonio igualitario, identidad de género).
—¿Qué importancia asigna a la implementación de políticas afirmativas para la garantía de derechos, y a la creación de áreas específicas de gobierno en este tema?
—Hay tres aspectos. Argentina es un país líder a nivel mundial en políticas y leyes que garantizan derechos de diversidad sexual, como decía recién. El mayor desafío de Argentina como república federal es ahora que esos derechos y esas leyes progresistas y de vanguardia mundial se traduzcan en legislación del mismo calibre en el interior del país, en las provincias y en las localidades donde todavía se observa violencia institucional frente al colectivo LGBTI, lo que es contradictorio frente a las leyes con las que cuenta el país. En segundo lugar, en lo que respecta a acciones positivas, Argentina cuenta con interesantes ejemplos como la Defensoría LGBTI que depende de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires; en la que se abordan los casos de discriminación, se ayuda a la gente que sean reconocidos sus derechos de diversidad sexual. Y tercero, el establecimiento de áreas y cargos específicos para el abordaje de problemas de discriminación contra la diversidad sexual, en distintos estamentos, que permiten realizar más acciones focalizadas.
—¿Qué impresiones se llevó de su visita a Santa Fe?
—Fue una visita muy productiva por varios motivos. Porque cuando llegamos conocimos al gobernador (Miguel Lifschitz), como así también a personas que vienen trabajando mucho para el reconocimiento de los derechos LGBTI. Fue muy interesante poder intercambiar opiniones y miradas sobre cómo contribuir al reconocimiento de la identidad de género y el respeto de la orientación sexual y combatir la violencia institucional, con el mejoramiento de leyes y el funcionamiento de los distintos estamentos. Por otra parte, me llevé muy buena impresión de cómo se abren las puertas a la aceptación de personas y activistas del colectivo LGBTI en las instituciones, en la educación, que permiten poner en agenda los temas de diversidad sexual y facilitan la implementación de las leyes. Y lo que me alegró mucho fue ver la cooperación e interacción entre Estado y ONGs en temas de diversidad sexual e identidad de género.
—¿Cómo valora la decisión del gobierno de Santa Fe de crear una Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual?
—Todo el trabajo que pueda realizarse para bajar a las provincias las muy buenas leyes que cuenta a nivel nacional el país es siempre bienvenido. En el caso de Santa Fe es una buena señal la creación de una secretaría específica, porque permite generar institucionalmente espacios desde el gobierno para garantizar la igualdad de derechos para el colectivo LGBTI. Eso es muy valioso. La implementación de Derechos Humanos va más allá de las leyes y las políticas, demanda recursos, cooperación institucional, educación y amplitud democrática entre los distintos organismos públicos, ONG, activistas, víctimas de este tipo de violencia, etcétera. Por eso es importante el sostenimiento de recursos con el objetivo de dar cumplimiento a esas leyes nacionales tan buenas que tiene el país para el respeto de la agenda de derechos que supone la diversidad sexual, el respeto del derecho a tener una identidad que reconozca su género a nivel local, la aceptación a nivel local de esta diversidad en términos de acceso a cobertura de salud, empleo, créditos, etcétera. Entonces el desafío a nivel provincial y local es comprometer bien los recursos económicos y humanos en pos de sostener en el tiempo, en cada uno de esos niveles, todas esas buenas legislaciones que ya tienen a nivel nacional.
—¿Qué opinión le merecen las políticas públicas de la provincia?
—Lo que me dejó muy bien impresionado fue la integración y el diálogo fluido entre el gobierno de Santa Fe y las organizaciones del colectivo LGBTI. Todavía persisten algunos problemas de violencia institucional y por eso estuvimos intercambiando opiniones sobre cómo cambiar controles desde el propio Estado para abolir definitivamente estas situaciones, implementando monitoreos públicos con mecanismos de participación ciudadana. Este sería el siguiente paso. Por otra parte, también queda el desafío de integrar las diferentes leyes nacionales que ya tiene el país, sostener los recursos y la inclusión de estos temas en la currícula educativa. Queremos padres, queremos alumnos, queremos docentes que tengan conocimiento en lo que se refiere a la identidad de género y la diversidad sexual, que facilitarán evitar situaciones de discriminación y violencia en el futuro.
—¿Qué impresión se llevó de su encuentro con las organizaciones provinciales?
—Ustedes pueden estar muy orgullosos del trabajo de las organizaciones sociales, las organizaciones no gubernamentales, del trabajo de los activistas en pos del reconocimiento de los derechos a la diversidad sexual y la identidad de género, y de la batalla democrática que vienen sosteniendo para seguir incluyendo más aún cuestiones LGBTI en la agenda, la integración de personas trans a los trabajo, la cobertura social y todas las cuestiones que tienen que ver con una verdadera inclusión. Esto requiere mucho más que una buena ley, está vinculado con una buena y apropiada implementación de esos mandatos en todos los sentidos posibles, asignación de recursos, su inclusión en la currícula educativa, etcétera, con el fin de superar las dificultades de integración para que se hagan realidad las buenas intenciones de la ley federal que tiene la Argentina.