Ante la escalada de homicidios y hechos de violencia, el intendente de Santa Fe, el radical José Corral, dispuso ayer suspender la habilitación para comercializar armas de fuego y municiones, como medida excepcional, por los próximos tres meses. La medida contempla nuevos procedimientos para la habilitación de las armerías y se requerirá al Renar (Registro Nacional de Armas) información sobre ese tipo de operaciones en la ciudad. Al mismo tiempo, Corral volvió a mostrarse crítico de las políticas de seguridad de la provincia y de la Nación.
El intendente Corral resolvió suspender la venta de armas y balas por 90 días luego de la última ola de homicidios registrada en su ciudad: ocho casos entre el sábado y el martes. En el departamento La Capital, de acuerdo a la estadística policial, van 117 asesinatos en lo que va del año. La cifra es record histórico: 2007, el año más violento en la capital provincial, había cerrado con 116 homicidios.
La medida tiene carácter “excepcional” y fue tomada ad referéndum del Concejo Municipal. En lo operativo, implica un incremento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de los comercios de venta de armas y municiones, fundamentado en el aumento de hechos de violencia con heridos de bala y homicidios por armas de fuego durante este año.
Apenas conocida la decisión de Corral, los comerciantes del sector hicieron notar su disconformidad. “Es muy triste y lamentable esta medida de la Intendencia”, opinó Darío Hartman, gerente comercial de la armería El Pájaro Loco. “Nosotros hace 35 años que estamos en este rubro y cumplimos con todas las reglas que nos impone el Renar. Si nos prohíben vender armas por tres meses nos van a hacer un daño económico muy grande y no van a solucionar nada”.
La resolución firmada por el intendente santafesino estipula “suspender temporalmente las actividades de comercialización de armas y municiones dentro del ejido de la ciudad, por un plazo máximo de 90 días”. Además, establece que toda persona habilitada para la comercialización de armas y municiones debe “acreditar su inscripción en el Registro de Comerciantes de Armas que lleva el Renar y el cumplimiento de los requisitos que prevé la ley 20.249, su decreto reglamentario 395/75 y sus normas complementarias, como así también la normativa municipal correspondiente”.
Además, el municipio santafesino dispuso un requerimiento formal al Renar para que envíe información actualizada sobre los datos exigidos referidos a la comercialización de armas y municiones por parte de los usuarios domiciliados en la ciudad de Santa Fe.
El propósito es cruzar información y colaborar con la investigación que la Justicia y la Policía llevan adelante en cuanto al control de las armas de fuego.
La medida es producto de una decisión conversada en la reunión del Consejo de Seguridad que se realizó de urgencia el último lunes, donde se analizó la situación que atraviesa la ciudad y se planteó, entre otros temas, la importancia de restringir la venta de armas y municiones ante la evidencia de que más del 70 por ciento de los homicidios fueron consumados con armas de fuego.
En ese sentido, el intendente Corral también dispuso “exhortar a la provincia de Santa Fe y al Estado nacional a que, por medio de sus organismos con competencia en la materia, dicten los actos que fueren pertinentes para colaborar con la presente medida”.
Asimismo, se solicita al Ministerio Público de la Acusación un seguimiento especial de las causas con armas de fuego. Por último, la resolución firmada ayer por el intendente santafesino dispone invitar a los municipios del área metropolitana a tomar iniciativas similares.
Henn se reunirá con el fiscal general y jefe de los bloques
El fiscal general de la provincia, Julio de Olazábal, se reunirá hoy a las 9 con el vicegobernador Jorge Henn y los presidentes de todos los bloques del Senado provincial para trabajar sobre la problemática de la inseguridad y avanzar de manera inmediata en la sanción de dos leyes que el jefe de los fiscales considera necesarias para otorgar plena vigencia al nuevo sistema penal: la creación del Organismo de Investigaciones y del Sistema de Protección de Testigos.
Ambos proyectos tienen media sanción de la Cámara de Diputados pero aún no fueron abordados por el Senado. En ese sentido, el vicegobernador y titular de la Cámara alta sostuvo que su objetivo “es conseguir los consensos para sancionar en este período legislativo la creación del Organismo de Investigaciones (o Policía Judicial) y el Sistema de Protección de Testigos que se encuentran en debate en la cámara y que permitirían al Ministerio Público de la Acusación tener todas las herramientas jurídicas que se previeron al momento de la reforma penal en Santa Fe”.
Opositores reclaman un programa integral
Desde la oposición le recomendaron al intendente santafesino José Corral (UCR) que ponga en marcha un verdadero programa de seguridad. La concejala justicialista y ex diputada provincial Silvina Frana presentó un proyecto de ordenanza para que la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) del municipio sea facultada a patrullar los barrios junto a agentes de la Policía provincial.
“Sabemos que la GSI fue creada para custodiar los edificios municipales, pero hoy este objetivo nos parece un despropósito porque los que más sufren la inseguridad son los vecinos”, argumentó la concejala. Frana hizo notar que hasta el día de hoy no existe ninguna ordenanza en Santa Fe que respalde el accionar de la GSI y destacó: “Este es un proyecto que vengo estudiando desde antes de asumir y creo que estamos en un momento crítico donde más que discursos y reuniones se necesitan respuestas y propuestas concretas frente al crecimiento de los hechos delictivos en nuestra ciudad”.
La concejala explicó que desde su sector consideran que la capital provincial está ante una situación de inseguridad “gravísima” y por lo tanto “todas las fuerzas políticas debemos abordar juntos la problemática y aportar soluciones”. Y remarcó que “con la aprobación de esta ordenanza el municipio podría actuar en forma directa en la disuasión del delito”.
El proyecto de ordenanza no crea una Policía Municipal sino que le otorga nuevas atribuciones a la GSI o Guardia Municipal. “Con este programa la GSI tendrá una cara visible que supervise sus actos y podrá patrullar los distintos barrios junto a un agente de la Policía para prevenir los hechos delictivos”, dijo Frana. El municipio ya cuenta con financiamiento y herramientas para poner en funcionamiento el proyecto, remarcaron desde la oposición: “En diciembre pasado el Concejo aprobó un pedido de endeudamiento del Ejecutivo por siete millones de pesos”.
