Transparencia en la gestión, seguridad en el manejo de datos públicos, fomento a la industria tecnológica local y reducción de costos para el Estado: ésas son las ventajas que enumeraron los autores de la ley por la cual se comenzará a aplicar software libre en la administración pública santafesina. Con el antecedente que se viene implementando desde hace casi una década y media en la Municipalidad de Rosario, los diputados Gerardo Rico (Frente para la Victoria) y Pablo Javkin (ARI-Coalición Cívica) impulsaron el proyecto que en la noche del jueves, en la última sesión legislativa, se convirtió en ley.
En forma gradual, la administración central, la Legislatura, las empresas mixtas con participación estatal y los entes públicos autárquicos deberán reconvertir sus sistemas informáticos para incorporar sistema operativo y aplicaciones “libres”, esto es, que respetan los cuatro principios básicos (ver aparte) que, a nivel global, definen y defienden un sinúmero de grandes fundaciones y personas individuales, como el Grupo de Usuarios de Software Libre del Litoral y el local Lugro, el Grupo de Usuarios de Software Libre de Rosario.
En ese marco, la ley sancionada el jueves establece la implementación de políticas de incorporación y desarrollo de software libre en todos los estamentos la administración pública provincial, tal como se hace en la Municipalidad de Rosario, que inició la migración de sus servidores desde 1996 y de las terminales –computadoras de escritorio– en 2004, en el marco del Proyecto Munix, un emprendimiento de largo aliento, que además tiene un gran impacto presupuestario: en no pocos casos, además de libres, los sistemas y aplicaciones que responden a los principios de la Free Software Foundation –cuya figura simbólica en lugar del conocido pingüino es un tipo de antílope llamado ñu– no cuestan un peso.
“La iniciativa colaborará en la transparencia de la gestión, la seguridad en el manejo de los datos públicos y el fomento de la industria tecnológica local”, aseguró Javkin. “Utilizar software libre implica adquirir la licencia de los programas de uso administrativo para luego poder reproducirlos y modificarlos en tanto sea necesario para los usuarios y hacerlos compatibles con otros programas de uso común”, agregó el legislador arista.
Por su lado, Rico destacó que “los privados usan software libre para que no les pirateen los programas y para que no pueda ingresar cualquiera. Y también, fundamentalmente, porque no tiene costo”.
Los diputados autores de la iniciativa coincidieron en señalar que la aplicación de programas informáticos libres “significará para la provincia salir de la dependencia tecnológica con los proveedores privados, cuyos programas no se pueden modificar en función de las necesidades variables de la administración, a lo que se suma el costo económico que supone la renovación de las licencias”.
Rico y Javkin subrayaron que, al hacerse cargo la misma provincia de la adaptación de los programas informáticos, se eliminará el riesgo que implica que la información pública pase por manos de terceros y será más seguro su tratamiento. “Otro beneficio es que las licencias libres le otorgan al gobierno provincial el derecho a contratar profesionales locales para generar, modificar y adaptar sus sistemas, con lo que se fomentará la industria tecnológica provincial, la economía y el empleo en nuestra región”, añadió el legislador del ARI.
Su par del Frente para la Victoria explicó que, en virtud de lo complejo que resultará el pasaje de un sistema a otro, se hará en forma gradual y no en un solo año como inicialmente se había previsto. La primera institución en comenzar a utilizar sistemas informáticos basados en el software libre será la Legislatura. Luego los entes autárquicos, después las empresas mixtas y, por último, la administración central.
