Por Mariángeles Guerrero / Especial para El Ciudadano
La ciudad de Santa Fe estableció por ordenanza la asistencia municipal a los comedores comunitarios. La norma, sancionada en las últimas semanas, asigna montos específicos, ordena crear un registro de comedores y merenderos y genera una mesa de diálogo entre el gobierno local y las organizaciones sociales que sostienen estos espacios en los barrios populares. La iniciativa fue presentada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y es un antecedente para otras localidades. En Rosario se está trabajando en una normativa similar. “La emergencia alimentaria es la emergencia número uno”, considera Carlos Abad, de Nuestramérica Santa Fe, organización integrante de la UTEP.
A partir de la normativa aprobada se institucionaliza de forma permanente el envío de fondos municipales para la provisión de alimentos sanos y variados y para la mejora de las condiciones edilicias, de infraestructura y de equipamiento de los comedores. Dicho fondo se financiará con lo aportado en concepto de Derecho de Registro e Inspección (DREI) por parte de las entidades financieras no bancarias que operan en la ciudad.
En Santa Fe ya se había aprobado, en 2018, la ordenanza 12.593, que declaraba la Emergencia Social y Alimentaria en la ciudad de Santa Fe por dos años. En 2020 fue prorrogada. Pero la compleja situación que ya atravesaban los comedores en ese entonces se acentuó de forma drástica ante la quita de subsidios por parte del gobierno nacional en diciembre.
“En los casos más extremos, algunos comedores y merenderos se vieron obligados a cerrar sus puertas, debido a la imposibilidad de acceder a los recursos necesarios para realizar su labor”, advirtieron al respecto las organizaciones sociales que los sostienen. El proceso de aprobación de la nueva ordenanza implicó reuniones con los diversos bloques y, finalmente, fue votada por unanimidad.
El siguiente paso es que el Ejecutivo avance en su implementación, convocando a las organizaciones a la mesa de diálogo. Según la ordenanza, la misma debe estar compuesta por tres representantes del Ejecutivo municipal, cuatro del Concejo, dos de la UTEP y dos de organizaciones sociales propuestas por la Municipalidad. Este espacio deberá reunirse mensualmente y confeccionar informes de su actividad.
La norma crea además el Registro de Comedores y Merenderos Comunitarios de la Ciudad de Santa Fe, que estará a cargo del Ejecutivo Municipal. El objetivo es tener datos actualizados y certeros sobre la cantidad de comedores que existen en la ciudad y las condiciones en que trabajan. El último dato disponible fue generado por las propias organizaciones y data de la época de la pandemia: en 2020, contabilizaron entre 180 y 190 comedores comunitarios.
Asimismo, propone la elaboración de un plan alimentario integral, que tenga como objeto el aporte de nutrientes necesarios para el desarrollo de las personas que asisten a dichos comedores y merenderos, con especial atención en los niños, niñas y adolescentes.
La experiencia en Santa Fe sirve como modelo para otras ciudades, como Rosario. En el Concejo local, una propuesta similar fue elaborada por el concejal Mariano Romero (Movimiento Evita) junto a otros bloques del peronismo, Ciudad Futura y el edil Leonardo Caruana, del Frente Amplio por la Soberanía. La misma comenzará a discutirse en comisiones en los próximos días.
Iniciativa popular
En Santa Fe, el proyecto de ordenanza había sido ingresado mediante la figura de Iniciativa Popular, que está contemplada en el reglamento interno del Concejo santafesino. El objetivo fue declarar la Emergencia Social y Alimentaria a nivel local y, en ese marco, crear políticas específicas para ampliar la asistencia municipal destinada a alimentar a los barrios empobrecidos.
La presentación fue realizada por las organizaciones sociales que forman parte de la UTEP (Nuestramérica, la Corriente Clasista Combativa, el Movimiento Evita, entre otras). A ellas se sumaron La Poderosa, La Casita de Luján, el Frente Barrial de la Central de los Trabajadores de Argentina (CTA de los Trabajadores) y organizaciones más pequeñas que también sostienen comedores y merenderos.
En un contexto de suba del precio de los alimentos (con aumentos superiores al 200%), los comedores funcionan gracias al trabajo no pago de quienes cocinan (en su mayoría, mujeres) y con serios problemas para abastecerse por la crisis económica y la quita de subsidios por parte del gobierno nacional.
“La decisión del actual gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, de recortar los aportes de asistencia social y las partidas de alimentos, ha perjudicado aún más a los sectores que históricamente son golpeados por las injusticias sociales: los barrios populares”, fundamentaron las organizaciones que presentaron el proyecto.
Tras la sanción, Abad agregó: “Fuimos por la presentación, el tratamiento y la aprobación de la ordenanza y ahora vamos por la implementación definitiva del programa. Hasta que no se materialice efectivamente en llevarle un poquito de alivio a los comedores comunitarios, a la gente que necesita un plato de comida en este momento de profunda crisis y de profundos ajustes sobre nuestro pueblo, no vamos a parar”.
El integrante de Nuestramérica expresa: “Llamamos a los gobiernos a trabajar en conjunto, de manera mancomunada, articulada y solidaria, y a que se abandonen definitivamente los discursos tribuneros de criminalización de las organizaciones sociales”.
En referencia a los decisores políticos, añade: “Ellos y gran parte de la sociedad saben que sin el andamiaje sociocomunitario que desarrollan cotidianamente las organizaciones sociales, no solo en materia alimentaria, sino también en materia educativa, de género, de salud, de integración sociourbana de los barrios populares y del desarrollo de trabajos cooperativos, esto sería una bomba de tiempo”. Por semana, Nuestramérica entrega 9.600 raciones, para un total de 3.200 vecinos, en 18 comedores distribuidos en diferentes barrios de la capital.
Abad considera que el objetivo de esa militancia cotidiana y sostenida es “llevar un poquito de alivio en un momento de ajuste criminal, en el peor gobierno de la historia democrática de la Argentina”.
¿Y la provincia?
La CCC cuenta, en la capital provincial, con 36 espacios de alimentación comunitaria. En total, entregan 9.200 raciones de copa de leche y 8.200 raciones de almuerzo semanales. A nivel provincial, la cifra asciende a 150. Sebastián Saldaña, integrante de esa organización, comenta: “Desde la segunda mitad del año pasado veíamos que los programas a nivel nacional, provincial y municipal no estaban acompañando la inflación. Y eso se agudizó a partir de la devaluación”.
El militante social valora que “los sectores políticos del Concejo, por unanimidad y entendiendo la gravedad de la situación, hayan visto que los comedores comunitarios y las organizaciones sociales somos parte de la solución de los problemas y no el problema en sí”.
Por lo crítico del contexto, si bien la ordenanza significa un avance, es necesario que la provincia aumente los montos que envía de forma mensual. Desde septiembre, el incremento de las partidas provinciales para los comedores fue del 50%, pero la inflación en alimentos en ese período acumuló más del 200%.
Saldaña afirma: “Esperemos que desde la provincia puedan leer este gran avance”. Esta semana se presentará un pedido de informes en la Legislatura para tener información certera acerca de cómo actuará el gobierno de Maximiliano Pullaro respecto a la crítica situación de hambre que se vive en los barrios de la provincia.
El militante social puntualiza: “En estos últimos meses la demanda es mayor, pero con lo que tenemos no llegamos a cubrirla. En el caso de nuestra organización, lo que cubría en noviembre —que era la posibilidad de hacer en algunos lugares hasta tres veces a la semana el comedor— se ha reducido a una vez por semana”. Y grafica: “Casi dos tercios de lo que se podía sostener, hoy no lo tenemos más”.
