La Legislatura de Santa Fe debatirá un proyecto de ley para regular la objeción de conciencia. La iniciativa fue presentada por la diputada provincial por Igualdad y Participación Silvia Augsburger y busca que las y los profesionales de la salud que no estén dispuestos a cumplir con las leyes por convicciones morales o religiosas estén registrados. Desde 2014 la provincia tiene un listado online con 777 anotados, el 10 por ciento del plantel del sistema público. La propuesta de la diputada es convertir en ley ese registro y que la objeción no sea un recurso para que se obstaculice el acceso derechos como el aborto no punible, la anticoncepción o las operaciones cambio de sexo. También propone que en las áreas de los hospitales donde deben hacerse este tipo de prácticas no haya jefes objetores, como hoy pasa en los hospitales Iturraspe y José María Cullen de la ciudad de Santa Fe; en ambos casos las áreas completas de ginecología y obstetricia son objetoras. “En la Argentina las únicas leyes ante las que se antepone la objeción de conciencia son las que garantizan derechos sexuales y reproductivos. Regular es separar a los que realmente se sienten violentados en su moral al hacer una práctica de aquellos que la usan como una estrategia de obstrucción de derechos. Dar estatuto de ley sirve para que los derechos no dependan del gobierno de turno”, explicó la legisladora a El Ciudadano.
En la Argentina la objeción de conciencia no está regulada por ley. San Luis es la única provincia que tiene una legislación, con acento en el derecho médico. Buenos Aires, Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la regulan de distintas maneras pero no con estatuto de ley. El proyecto de Augsburger hace el foco en garantizarla de una manera que no afecte los derechos de las personas que llegan al sistema de salud a pedir una práctica vinculada con la salud sexual y reproductiva. Toma el pronunciamiento de la Corte Suprema en el caso FAL (2012), donde se reconoce el derecho a la objeción individual, pero aclara que su ejercicio no puede convertirse en un obstáculo.
El proyecto plantea crear el Registro Provincial de Objetores de Conciencia, válido para la salud pública y privada. Toma la experiencia que desde 2014 implementa el Ministerio de Salud de Santa Fe y le da un marco legal. En el listado actual un tercio de los profesionales se anotó para no hacer la Interrupción Legal de Embarazo (ILE), que la Argentina permite desde 1921 bajo las causales de violación y riesgo de salud de la mujer. En el registro provincial también figuran desde ligadura de trompas, vasectomía, colocación de DIU o dar distintos tipos de anticonceptivos, hasta las prácticas de reafirmación del género, como cambio de sexo o tratamientos hormonales.
El texto del proyecto dice que la objeción deberá ser informada a través de una declaración jurada cuando el profesional entre a trabajar en el sistema de salud y que no podrá objetarse en el momento de hacer la práctica. Aclara que el profesional deberá informar de manera adecuada al paciente y hará la derivación correspondiente para que no haya demoras. La objeción no tendrá validez cuando esté en juego la vida de la persona. Uno de los artículos dice que no podrá haber jefes objetores en áreas de salud vinculadas con la garantía de derechos sexuales y reproductivos.
El texto fue presentado por Augsburger con su compañero de bancada Rubén Giustiniani y el apoyo de los legisladores del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade y Mercedes Meier, con quienes conforman el interbloque Igualdad. No es la primera vez que la Legislatura intenta regular la objeción de conciencia. La diputada provincial Alicia Gutiérrez presentó iniciativas similares tres veces. Una de ellas tuvo media sanción pero quedó bloqueada en el Senado. Para Augsburger los seis meses de debate en el Congreso Nacional de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) subieron el piso de la discusión sobre el aborto en la Argentina y crearon un escenario favorable para la aprobación de la propuesta. “La sociedad creció en información y se habló del tema en todos lados. Hay que seguir avanzando en derechos y no retroceder. Además, es importante que tras el rechazo no se genere un clima en el que los médicos dispuestos a garantizar derechos sean acosados por quienes no los garantizaron ni los van a garantizar nunca. Al proyecto lo trabajamos con personas que trabajan en los hospitales donde hay dificultades y que están pidiendo resguardo”, explicó la diputada.
Santa Fe, capital de la objeción
La ILE en la provincia de Santa Fe es garantizada a través de un protocolo elaborado por el Ministerio de Salud nacional. Sólo diez provincias lo aplican. El modelo de salud santafesino sigue la experiencia exitosa de Rosario, que desde 2012 logró mortalidad cero de mujeres por abortos clandestinos. La clave estuvo en profesionales de la salud capacitados en acompañar decisiones y en la provisión de misoprostol, la droga que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para hacer un aborto seguro y ambulatorio hasta la semana 12. Las causales de no punibilidad fueron pensadas con un criterio amplio, tal como dice la OMS, que entiende la salud como física, psíquica, emocional y social.
La aplicación del protocolo es desigual según la localidad de la provincia. La ciudad de Santa Fe es un ejemplo claro. En los dos hospitales más importantes, Iturraspe y José María Cullen, todos los profesionales de las áreas de ginecología y obstetricia son objetores.
La semana pasada la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito denunció que en uno de los efectores le negaron la práctica a una mujer que había sido derivada desde un centro de salud de Santo Tomé. En declaraciones a un diario de la capital provincial el jefe del área de ginecología del hospital Cullen, Fernando Ponzo, dijo que a través de un consejo de médicos consideraron que la causa social no era suficiente y reconoció que este año rechazaron 9 de 19 solicitudes. “Este tipo de consejos no existen para otras prácticas médicas más invasivas y riesgosas. Se arman cuando están en juego los derechos sexuales y reproductivos. En este caso estamos ante una práctica obstaculizadora, más cuando se trata de personas de bajos recursos que llegan a sistema de salud en busca de una respuesta”, opinó Augsburger.
Uno de los casos más conocidos a nivel nacional fue el de Ana María Acevedo, quien en 2007 murió a los 19 años porque en el hospital Iturraspe le negaron un aborto no punible y no la trataron por un cáncer de mandíbula para salvar al feto. Sólo le dieron ibuprofeno para el dolor y ninguno de los dos sobrevivió.
¿Qué decía la ley de IVE?
La objeción de conciencia fue uno de los temas polémicos durante el debate en el Congreso. En el texto que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados fue incluida de manera individual. Decía que corría para la salud pública y privada, debía informarse por escrito y que cada centro de salud tenía que registrarla e informarla al Estado. El proyecto aclaraba que en ninguna circunstancia podía ser institucional. Sobre este punto hubo polémica en la previa del rechazo en el Senado, ya que sanatorios y clínicas privadas solicitaron objetar como instituciones. “La conciencia es un atributo de las personas, no de las instituciones. Si una institución se define como objetora no sólo va contra del derecho a acceder a una práctica sino contra los profesionales que quieren garantizarla y trabajan ahí”, explicó durante el debate a <El Ciudadano< Leonardo Caruana, secretario de Salud de Rosario.
