En 1953 la empresa Linera Bonaerense copó la pequeña localidad de Jáuregui, a una hora de la Capital Federal, para sembrar lino y una variedad de marihuana que tenían un bajo poder psicoactivo con las que hacían sogas y suelas de alpargatas. El lugar era conocido entre quienes viajaban de distintos puntos del país a probar el “fumo de Jáuregui” hasta que en tiempos de la última dictadura la Policía Federal allanó los campos y cargó contra el gerente de la empresa por distribuir drogas de venta ilegal. Fue la última vez que un cultivo de cannabis tuvo el visto bueno del Estado argentino. Pero no por mucho tiempo.
Mientras Jujuy avanza con el cultivo para fines medicinales en el norte, Santa Fe intenta que antes de diciembre –cuando cambien las autoridades políticas en todos los niveles del Estado– la Nación permita importar semillas y así plantar en alguno de los campos del Inta de la provincia.
El primer lugar señalado fue el Centro Operativo Experimental de Ángel Gallardo, un pueblo a pocos kilómetros de la capital santafesina. En caso de que Nación diga que no, ofrecerán otros lugares: uno en Oliveros o el de Estancia Las Gamas en el departamento Vera. En todos el Inta –un actor clave en la habilitación– tiene convenios con el Ministerio de Producción.
En diálogo con El Ciudadano, la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Érica Hynes adelantó que después de tener la aprobación del Instituto Nacional de Semillas (Inase) traerán las semillas y plantarán menos de una hectárea para que el laboratorio estatal santafesino LIF pueda hacer el aceite de cannabis que reciben pacientes de epilepsia refractaria en el sistema de salud público y quienes tienen la obra social Iapos. En tres meses podrán montar el cultivo que, como en Chile y Uruguay, será custodiado por la Policía.
Desde la provincia aseguraron que el LIF ya está listo para producir el aceite con un plus: costará un tercio del valor actual. Hoy el único ingreso del preparado es en dólares y cada vez más lejos del peso argentino. En el LIF el medicamento es un derecho a garantizar, no una mercancía.
En paralelo, el cannabis hecho en Santa Fe será usado para estudios clínicos donde investigadores lo pondrán a prueba para luchar contra otras enfermedades y padecimientos hoy no incluidos en la ley nacional, pero sí delineados en la provincial. Y son hoy lo que reclaman las familias que buscan en la Justicia distintos amparos para poder cultivar sin ser perseguidas por la Policía.
Antes que nada
La intención, siempre según dijeron desde la provincia, es dejar allanado el camino burocrático para el gobierno de Omar Perotti ponga en marcha la producción de un aceite con estándares como los de cualquier otro medicamento, donde el Estado puede saber cómo se distribuye y para qué es administrado. “Ante la desesperación muchas familias recurren a aceites en el mercado que, como demostró la UNR, no tienen lo que dicen tener”, explicó Hynes.
La ministra agregó: “A nivel nacional no hubo desinteligencia entre ministerios sino una falta de decisión política. El Congreso aprobó una ley y parece que no podemos hacer nada y ponemos a las familias en una situación de extremo riesgo y fragilidad cuando no debería ser así. Hay una ley. En Santa Fe hay una decisión política”.
Y más allá
“No queremos hacer negocios o proveer a compañías farmacéuticas. El cannabis debe ser una solución para un problema de salud y que a la vez genere un conocimiento nuevo”, aclaró Hynes. Una vez salvada la provisión del sistema público la idea es abrir la puerta a nuevas investigaciones y aplicaciones. Por un lado, para la práctica clínica y tratar otras patologías no incluidas hoy por ley. Por el otro, ver cómo mejorar la extracción de las propiedades médicas de las plantas o reconocer más fácilmente el perfil genético de cada una de las variedades.
Desde hace más de dos años la UNR mantiene un servicio de testeo de aceites para usuarios y usuarias que quieren saber qué tienen los preparados que usan. Algunos son caseros, otros son donados y algunos comprados en el mercado negro. Este año el sistema de detección fue incorporado como política estable de la UNR y sumó un mecanismo para mantener el anonimato total.
También, y distinto de años anteriores, le cargaron un costo a la prueba. Según dijo la ministra Hynes, la provincia puede hacer un convenio para subsidiar los dos mil pesos por examen que cuesta hoy a las familias que lo necesitan. Eso siempre y cuando esté dentro del programa de investigación médica que creará el acuerdo entre el Inta, Conicet y la provincia.
El problema del acceso
Distintos usuarios y usuarias sostienen que encuentran beneficios en aceites de otras cepas de la planta. Familias y organizaciones llevan adelante luchas en la Justicia federal para poder cultivar y hacer aceite sin temer la persecución policial.
Consultada por la posibilidad de traer otras semillas por fuera de la usada para tratar epilepsia refractaria, Hynes dijo: “La ley sólo habilita ese tratamiento. No significa que en las demás líneas de investigación no se pueda avanzar con otras semillas. También hay mucha discusión sobre las proporciones y falta evidencia. Lo ideal es tener la discusión produciendo conocimiento. La clave es tener más estudios clínicos con distintas proporciones”.
Hágalo usted mismo
Sobre si el Estado puede habilitar el autocultivo para usuarios y usuarias medicinales, como pidió a través de un proyecto de ley la diputada provincial Alicia Gutiérrez, Hynes dijo: “El autocultivo tiene ventajas y desventajas. Si el LIF distribuye un aceite controlado, que sabe qué tiene, que atiende las necesidades del paciente y es trazable, es la mejor opción”.
La ministra, que en diciembre podrá definir sobre el proyecto de Gutiérrez desde su banca en diputados, agregó: “El autocultivo depende de la persona y su conocimiento sobre cómo extraerlo y usarlo. Ahí hay más posibilidades de que se produzcan errores. Lo mejor es que el Estado pueda proveerlo, supervisar, ver las historias clínicas de las personas que lo usan”.
La vencida
La idea de cultivar en Santa Fe fue la segunda propuesta del gobierno provincial desde la sanción de la ley que admite el uso medicinal en Argentina. La primera fue poder traer unos 50 kilos de flores desde Uruguay para producir el aceite en el LIF. Después llegó la idea de plantar. Y la tercera, tal como publicó El Ciudadano, fue la de importar el aceite a granel y fraccionarlo.
“Que no tengamos la botellita de aceite de cannabis del LIF se debió a idas y venidas en el gobierno nacional. Había distintas concepciones del tema. Algunos lo veían como lo que es: un tema de salud pública. Otros obstaculizaron los avances. Había una mesa en el ex Ministerio de Ciencia nacional y se frenó cuando Gendarmería se sumó”, cerró Hynes.
