Por Periódicas (www.periodicas.com.ar)
El viernes se realizó la audiencia imputativa a los policías que fueron detenidos el día anterior. Se trata de seis agentes del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé que fueron liberados después de ser imputados por los delitos de vejación, allanamiento ilegal y falsedad ideológica, pero seguirán el proceso en libertad.
Ante esta resolución, activistas de la comunidad LGTBIQ lamentaron la decisión: “Muy triste el resultado de la audiencia, repudiamos el actuar de la fiscal de ni siquiera solicitar la prisión preventiva de los seis policías imputados. Esto forma parte de una política criminal que nos ningunea como colectivo LGTBIQ, en la que hay mas interés en perseguir delitos contra la propiedad que aquellos que atentan contra la vida de lesbianas, gays, bi, trans, etc. La condición de firmar cada 30 días en el MPA y la fianza de 30 mil pesos nos parece poquísimo al lado de las vejaciones que sufrieron Alexis, Nahuel y la hermana de uno de ellos. La fiscal entiende que no existe riesgo de entorpecimiento probatorio, pero minutos antes los chicos contaron que recibieron todo tipo de amenazas“, denunció Diego Gionblanco, integrante de la Marcha del Orgullo.
En esta misma línea apuntó: “No es un hecho aislado de inseguridad: se trata claramente de un caso de violencia institucional en el que participaron seis miembros de las fuerzas de seguridad. Y a su vez es un crimen de odio, un acto de homofobia, porque los golpes y abusos aumentaron cuando se percataron de que son gays”.
Asimismo, la Marcha del Orgullo lanzó un comunicado en las últimas horas de este viernes en el que se ratifica que los denunciantes recibieron amenazas de muerte y manifestaron preocupación: “En la audiencia donde seis policías del comando radioeléctrico (Marcelo Julián Romero, Ramón Enrique Gómez, Flavio Jesús Espinosa, Santiago Manuel Schultz, Rodrigo Salva y Víctor Alfonso Ruiz) de Santo Tomé fueron imputados como autores de los siguientes delitos: privación ilegal de la libertad agravada, vejaciones agravadas, allanamiento ilegal y falsedad ideológica hacia Alexis, Nahuel y la hermana de uno de ellos nos llevamos la amarga noticia de que por un acuerdo de los fiscales María Laura Urquiza y Ezequiel Hernández con los abogados defensores (Torres del Sel) de los seis policías, el juez Busaniche impuso medidas alternativas a la prisión preventiva: la prohibición de portar armas de fuego, de acercarse a 500 metros de las víctimas, de salir del país y una fianza de 30 mil pesos”.
Al mismo tiempo agregaron que “a pesar de que las víctimas manifestaron al juez tener múltiples amenazas de muerte e incendio de vivienda, hacia ellos y sus familiares, la fiscalía y el juez no consideraron que esto tenga la gravedad suficiente para pedir la prisión preventiva“.
Y expresaron: “La fiscal declaró que los imputados a sabiendas, “consignaron declaraciones falsas en el acta de procedimiento en la que debían plasmar lo ocurrido”, y sin embargo los dejó en libertad. Exigimos una respuesta del Ministerio de Seguridad de la provincia, así como también el efectivo acompañamiento a Nahuel, Alexis y sus familiares. Todes sabemos que la violencia institucional existe. En un país que deja cientos de personas muertas por gatillo fácil y números récord de crímenes de odio y femicidios con armas reglamentarias, la justicia patriarcal y heteronormada formada desde el odio a les pobres, les trabajadores, jubilades deja en libertad a seis policías que con todo el aparato de la fuerza policial pueden seguir hostigando y poniendo en riesgo la vida de nuestros compañeros directa o indirectamente”.
El comunicado continúa con la exigencia urgente de un “urgente un cambio en la formación de la fuerza policial y del aparato judicial. Consideramos que con esta medida de la no prisión preventiva no se hace más que revictimizar a las víctimas de lo sucedido, que tienen miedo de salir de su casa. Porque también vemos que a 43 años del golpe militar seguimos premiando y legitimando a quienes abusan de su poder torturando, discriminando y violando todo tipo de derecho humano, dos personas que padecieron vejaciones de todo tipo contra todo un aparato judicial que sigue amparando a las fuerzas de seguridad, ese fue el saldo que nos dejó la audiencia a la que hoy asistimos. La tortura es delito y no debe permitirse Nunca Más. Este colectivo no se conforma con tan poco cuando lo que está en juego son nuestras vidas y nuestra libertad de ser. Nuestras vidas y nuestra integridad no valen 30 mil pesos“, continuaron.
Por último, desde la Marcha del Orgullo destacaron: “Aunque la justicia heteropatriarcal se nos ría en la cara. Repudiamos lo ocurrido, seguiremos luchando y acompañando a las víctimas hasta lograr justicia, porque entendemos que en esta sociedad que educa para la vergüenza y la ausencia del Estado en las causas de violencia institucional, en el colectivo LGBTIQ nos aprendemos a cuidar y buscar justicia entre todes: porque estamos hartes de su violencia y a donde vayan los iremos a buscar. Cárcel a los responsables, no más odio. El odio mata. El Estado es responsable”.
