Lanzados todos los precandidatos de la oposición a la presidencia, en el oficialismo parece profundizarse la noción de que no existen grandes amenazas para mantenerse por un nuevo período al frente del gobierno, lo que a su vez provoca algunos efectos no deseados para la Casa Rosada.
La ausencia de un candidato con impronta peronista que a nivel nacional le haga sombra a la propuesta del kirchnerismo –por el momento todos descuentan que con la candidatura de Cristina Kirchner– agranda en los hechos las posibilidades oficialistas.
Eduardo Duhalde, quien lanzó su postulación rodeado de dirigentes como Aldo Rico o Luis Barrionuevo, no parece competencia para el despliegue que tiene a nivel nacional la presidenta.
A su vez, Ricardo Alfonsín optó por aliarse con Francisco de Narváez para intentar sumar votos peronistas o, más que nada, votos en el Gran Buenos Aires, aunque no queda claro cuál será su capacidad final de polarizar una elección con el kirchnerismo.
La candidatura del socialista Hermes Binner parece preocupar más a Alfonsín que al Frente para la Victoria.
En tanto, más allá de cuáles sean los resultados de las elecciones provinciales adelantadas más complejas para el kirchnerismo –en esa lista están las de Córdoba, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires–, no hay analista de opinión que no hable del “voto cruzado”.
Los encuestadores detectan a no pocos votantes que pueden inclinarse por dirigentes con retórica opositora en sus distritos –Luis Juez, Antonio Bonfatti o incluso Mauricio Macri– pero que no descartan inclinarse por la presidenta Kirchner en octubre.
En ese contexto, basta mirar las disputas internas al interior del oficialismo para darse cuenta de que el ánimo general en ese sector político es por demás optimista sobre una posible reelección de Cristina.
Tanto las tensiones con sectores de la CGT, como la forma en que se dirimieron las candidaturas en la Ciudad de Buenos Aires, la investigación sobre el manejo de fondos por parte de Sergio Shocklender y el reciente escándalo en el Inadi, son hechos que pueden interpretarse como una exteriorización de disputas que cruzan al oficialismo “por debajo” de la presidenta.
No pocos sectores al interior del oficialismo parecen más enfrascados en protagonizar pequeñas o grandes batallas con quien tienen al lado para posicionarse mejor de cara a lo que viene, antes que abroquelarse para enfrentar una campaña electoral.
Sobre la poca “amenaza externa” para el oficialismo se suman más datos en los últimos días de fuentes que distan de ser kirchneristas.
El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que produce la Universidad Torcuato Di Tella, aumentó 7 por ciento en mayo con relación a abril.
Ese índice se ubica ahora sólo 0,81 punto por debajo del promedio que tuvo la administración de Cristina Fernández en sus tres años y medio de gestión.
El nivel de la confianza en el gobierno, según ese estudio, se ubica en niveles similares a los que tenía en 2007, cuando fue electa la presienta Kirchner.
En ese marco, el 57 por ciento de los consultados consideró que la administración de Cristina Kirchner está resolviendo los problemas del país o sabe cómo hacerlo, pero que necesita más tiempo.
La honestidad –un atributo que suele ser cuestionado por la oposición– se ubicó en segundo lugar, con lo que el 52 por ciento de quienes opinaron dijeron que dentro de los integrantes del gobierno casi ninguno o sólo unos pocos son corruptos.
Con ese panorama, le corresponderá a la presidenta Cristina Kirchner administrar las tensiones que, al interior del oficialismo y también hacia afuera, se registren durante la campaña electoral que, casi todos descuentan, protagonizará.