El derrumbe, ayer, de un balcón en la pensión ubicada en San Luis 1038 reavivó el temor de las diez familias –unas cincuenta personas que viven ahí– de tener un grave accidente que pueda costar vidas humanas o heridos dadas las pésimas condiciones edilicias del lugar que en este momento se encuentra en total estado de abandono. Los habitantes de este viejo, centenario edificio ubicado en pleno microcentro de Rosario, frente a la plaza Montenegro, volvieron a reclamar al municipio alguna solución habitacional para poder irse de un lugar clausurado y con orden de desalojo y del cual quienes se instalaron allí se niegan a abandonar por no tener los medios económicos para marcharse a otro sitio.
Una de las inquilinas, Leonor, contó a El Ciudadano que la situación sigue siendo “extremadamente complicada” en el lugar. “El edificio no da más. Hoy (ayer) durante la mañana se derrumbó un balcón que está del lado de afuera. Por lo que sabemos vinieron unas personas a sacar unos carteles de unos negocios de al lado y al sacar una especie de viga que los sostenía esto hizo que terminara cediendo el balcón. Realmente tenemos mucho miedo: acá hay chicos y tememos que ocurra algo lamentable”, explicó.
El temor de los habitantes del lugar es que así como cedió el viejo balcón –y también lo vienen haciendo de manera sistemática “pedazos” de los techos desde hace varios meses– en algún momento ocurra un derrumbe de proporciones que termine ocasionando una tragedia. “Tenemos miedo de quedarnos adentro, que se caiga todo y de repente no poder salir. La última tormenta para colmo no ayudó en nada. El problema es que no tenemos respuestas desde la Municipalidad. Desde hace rato el bloque de Proyecto Sur nos viene ayudando pero necesitamos soluciones a nivel oficial”, remarcó la mujer.
Leonor recordó que gran parte de los inquilinos de la pensión viven desde hace tiempo en el lugar. “Algunos están desde hace más de doce años. Nosotros pagábamos alquileres que iban desde los 300 a los 800 pesos a un abogado que decía que era propietario del lugar. Un determinado día nos denunciaron por usurpadores ante la Justicia y nos enteramos que habían vendido el edificio y por eso nos querían echar. Este es un lugar repleto de irregularidades. Vendieron el lugar con nosotros adentro. Lo bueno es que tomó el caso una defensora pública que resultó excelente y aquí estamos, pidiendo un lugar para poder ir a vivir e irnos de aquí”, insistió.
“Sabíamos que esto iba a pasar porque habían vallado el lugar, ya habían sacado unas partes de la estructura pero el asunto es que ahora se está derrumbando toda la pensión, mampostería de adentro de las piezas. Nosotros nunca recibimos ninguna respuesta del municipio, el que nos estaba haciendo unas gestiones era el concejal de Proyecto Sur Alberto Cortés porque esto en cualquier momento se caía”, comentó.
Vivir en la pensión de San Luis 1038 no es la mejor de las opciones habitacionales, según relató Leonor, que actúa como vocera de los vecinos. “Cuando abrimos las canillas, por ejemplo, nos encontramos con que el agua sale negra y eso es algo que deben consumir los chicos. Tenemos que dejar que corra un rato para después hervirla. El balcón que se cayó hoy (ayer) es un ejemplo de cómo estamos viviendo, en condiciones inhumanas; es por eso que hemos realizado todas las gestiones necesarias para poder irnos, sin suerte”, afirmó.
Tal como se describió en una crónica de este diario realizada en septiembre del año pasado, se puede decir que el edificio sigue presentando un estado de abandono total, con humedad en las paredes, caños rotos, un sótano destruido, paredes y techos agrietados y demás ejemplos que dejan a la vista los riesgos latentes que esto significa.
Entre quienes viven allí, hay discapacitados, jubilados, pacientes oncológicos, chicos, cuyos padres son vendedores de la calle San Luis, paqueteros, mozos o empleadas domésticas; muchos con problemas respiratorios.
Por último, cabe recordar que en el lugar, en su época de esplendor, a principios del siglo pasado, en el edificio funcionaba un hotel. Mucho tiempo después, en noviembre de 2010 la Dirección General de Inspección de la Municipalidad decretó su clausura, pero la gente se quedó. En agosto del año pasado se enviaron cédulas informando la existencia de un juicio de desalojo.
